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Un centenar de personas han padecido maltrato policial en Andalucía

Ramiro Navarro

[if gte mso 9]> eldiario.es/andalucía se muestran por localización las informaciones sobre malos tratos durante actuaciones policiales, en cárceles o comisarías que han podido documentar estas organizaciones. Es posible consultar, por provincias, la información de cada suceso y el lugar en el que se produjeron.

En algunos de los casos, la información va acompañada de vídeos concretos sobre las actuaciones policiales o noticias relacionadas. Valentín Aguilar, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, asegura que “sin duda serán muchísimos más y seguro que algunos de los que se recogen no son como se describen, pues lo que hacemos es coger la información, tratarla y trabajar con ella”.

Ver Mapa sobre torturas y malos tratos en Andalucía en un mapa más grande

En Andalucía la CPDT está integrada por el Grupo 17 de marzo-Sociedad Andaluza de Juristas, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) y la Federación Andaluza ENLACE. Según sus datos y testimonios, es la tercera comunidad autónoma detrás de Madrid y Cataluña en casos denunciados de malos tratos y torturas. En 2012, se produjeron 42 situaciones de malos tratos, que han afectado a 97 ciudadanos. Por situaciones denunciadas, destacan las provincias de Sevilla con 11, Málaga con 10, Granada con 8 y Cádiz con 6. Por colectivo denunciante, las personas presas con 24, en movilizaciones sociales 10 y migrantes con 8. Por cuerpo afectado, Policía Nacional con 18, Funcionarios de Prisiones con 16 y Policía Local con 7. Aguilar ha querido dejar claro que “lo que ha caracterizado siempre al Defensor del Pueblo Español y al Estado es la negación de la tortura”.

Históricamente, pese a que el número de casos se mantiene similar años tras año, la cifra de denunciantes ha mermado en los últimos 10 años, como muestra la gráfica.

Servicios sanitarios y fallecimientos en Centros Penitenciarios

Servicios sanitarios y fallecimientos en Centros PenitenciariosLa representante de la Federación Andaluza de Drogodependencias (Enlace), Luisa Márquez, ha puesto de manifiesto “los problemas y deficiencias” existentes en la asistencia sanitaria dentro de las prisiones.“Pese a estar privadas de libertad, las personas presas tienen los mismos derechos a la asistencia sanitaria que el resto”, señala. En este sentido, cita concretamente “problemas de acceso a tratamientos, como en el caso de la hepatitis C” y denuncia que “se pierden citas por falta de transporte a la hora de recibir asistencia en un hospital”. Además, subraya las carencias en personal sanitario, fruto del impacto de la presión presupuestaria en este ámbito, y lamenta que “haya muertes en prisión que se podrían evitar perfectamente”.

El “oscurantismo” y la ‘sala de la piedra’

El “oscurantismo” y la ‘sala de la piedra’ Estas organizaciones han celebrado que se haya retirado de la prisión de Córdoba la llamada ‘Sala de la piedra’, en la que se internaba en régimen de aislamiento a muchos presos. Recientemente el Comité del Consejode Europa para la Prevención de la Tortura (CPT) constató en un informe que los presos eran sometidos a aislamientos “excesivos” y también a inmovilizaciones “inaceptables” en la cárcel de Córdoba, donde los reclusos eran atados con esposas a dicho bloque de cemento. También en dicho texto, elaborado a raíz de varias visitas, aludía a malos tratos y vejaciones en el centropenitenciario Puerto III, del Puerto de Santa María, Cádiz.

Las posibilidades para que los propios reclusos puedan denunciar las lesiones son muy limitadas debido al “oscurantismo” y a la “falta de médicos” por lo que “la versión de los funcionarios siempre es la que prevalece”, señala la portavoz de Enlace, Luisa Márquez. En su opinión, el control de los malos tratos “no se está haciendo como debiera, lo cual da una sensación de impunidad a los infractores. Una impunidad que se ve refrendada en los indultos a policías o funcionarios de prisiones. Un ejemplo de esto es que durante los años 2000-2001 recibimos denuncias sobre un funcionario de prisiones de la cárcel de Sevilla, por abusos sexuales a diferentes presos. A pesar de la acusación particular ejercida por nuestras asociaciones, no se tomaron medidas cautelares y a finales de 2012 este funcionario, que siguió ejerciendo y fue trasladado a Almería, fue finalmente condenado por un juzgado almeriense”.

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