La firma de Interior permite la reanudación efectiva de la asistencia jurídica a presos
Tres años despúes, la reanudación efectiva del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOAJP) en Andalucía es casi un hecho. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, haya firmado ya el convenio suscrito el pasado 13 de febrero por el consejero de Justicia de la Junta, Emilio de Lllera, y el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José Pascual Pozo, según informán fuentes ministeriales.
La firma de la administración competente en materia penitenciaria cierra el círculo y la prestación del servicio será inminente. Preguntados por los plazos, fuentes de la Junta de Andalucía indican...
La población reclusa en Andalucía recibirá de nuevo asistencia específica sobre cuestiones propias del ordenamiento jurídico penitenciario, permisos, traslados de centros, reclamaciones administrativas, procesos judiciales o asesoramiento sobre los requisitos de acceso a la justicia gratuita. La orientación jurídica será realizada por abogados especialistas en materia penitenciaria y en dependencias de las prisiones en horas y días fijados por la dirección de cada centro, según explica la Junta.
El convenio tiene una vigencia de tres años prorrogables, financiado al completo por la Consejería de Justicia e Interior, con una dotación inicial de 140.000 euros anuales que será abonada en periodos trimestrales al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, previa justificación de los servicios efectuados. Durante la rueda de prensa de hace unas semanas, el consejero fue preguntado por si la rebaja de anteriores partidas (396.000, según APDHA) podría redundar en una peor calidad en su prestación, el consejero negó la mayor y dijo que su configuración es “distinta”, indicando que ya no será necesaria la figura del coordinador provincial del servicio, “que cobraba un dineral”, y que la Consejería ha buscado en ese sentido “la austeridad”.
Desde APDHA, que este mismo miércoles planteaban en un debate la cuestión a varios representantes de varios partidos políticos antes de conocerse la firma del convenio, temen que el servicio, a la espera de conocer su inminente desarrollo, pueda quedar en “un mero dispensario de consejos o recomendaciones” y consideran que se reducirá tanto el número de letrados como el importe de las asistencias. “Antes asistía de media un abogado diario en la mayoría de las provincias, ahora se reducirán a la mitad, lo que determinará a buen seguro que el tiempo de que dispondrán los abogados para cada uno de los presos será insignificante. Si antes se atendían en muchas prisiones a siete presos en dos horas, ahora probablemente serán diez. La calidad se reducirá necesariamente”, señalaban.
El camino para reaudar el servicio no ha sido fácil. Hace un año se anunciaba en un encuentro entre abogados y Junta. Hubo dos proposiciones no de ley aprobadas en este sentido en el Parlamento de Andaucía, allá por 2013. La primera de IU, sin oposición del grupo parlamentario del PSOE, y con acuerdo del Grupo Popular, y una segunda por unanimidad, reclamándose al consejero la reinstauración de los SOAJP. Mientras, APDHA tiene abierta desde hace dos años una campaña reclamando el servicio. Y así un largo etcétera de conjeturas sobre el borrador del convenio y anuncios. El último, este pasado septiembre, justo antes de una nueva comisión parlamentaria para abordar el asunto.
En aquella comisión, el Parlamento manifestó que continuaba siendo necesaria la participación del Ministerio, como pretendía el consejero y como finalmente ha conseguido, que argumentaba que la Intervención de la Junta le iba a poner reparos si no había un convenio que sustentase el servicio y no iban a permitir a la Consejería pagarle a los abogados, como dijo en una entrevista a este periódico. Era la tercera vez que el Parlamento se pronunciaba para que volviera el servicio. El Defensor del Pueblo, tanto a nivel regional como estatal, había defendido su reanudación de la manera que fuese posible. Entre 2001 y 2008, la asistencia letrada se llevó a cabo sin la participación del Gobierno central, una cuestión en la que incide APDHA y que ha provocado tres años de suspensión al exigirse la firma miniusterial. Nadie dudaba de la eficacia del servicio (no hay más que leer las comisiones parlamentarias sobre la materia) pero el acuerdo ha estado dando vueltas sin concretarse durante casi tres años.
