El Ministerio del Interior desoyó la solicitud de la ONU para trasladar a un posible menor en Archidona
El Ministerio del Interior desoyó durante al menos 18 días la petición del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que el 21 de diciembre “solicitó” al Gobierno la paralización de las deportaciones de tres jóvenes argelinos recluidos en Archidona sobre los que existían dudas sobre su mayoría de edad. Dos de ellos fueron expulsados y al tercero se le mantuvo en la cárcel-CIE de Archidona, a pesar de que la ONU requirió al Gobierno para que lo transfiriera a un centro de menores en tanto se aclaraba su edad. Interior no hizo caso, y este lunes un juzgado de Lorca (Murcia) ordenó su traslado a un centro de protección de menores de Murcia. Este mismo miércoles la cárcel-CIE de Archidona quedó vacía.
En el auto de 8 de enero, el juzgado de instrucción 5 de Lorca dispone el cese de la “autorización de internamiento” decretada en su día porque hay “dudas sobre tal situación de minoría de edad”, y solicita su traslado a un centro de menores hasta que se determine si es mayor o menor en el procedimiento iniciado ante el Comité de los Derechos del Niño o se sepa “con carácter definitivo” cuántos años tiene. El auto está fechado el 8 de enero, dos días antes de que el centro de Archidona quedara vacío, tras la deportación de decenas de migrantes o su traslado a otros centros de Algeciras, Tarifa, Madrid y Barcelona.
El Comité de los Derechos del Niño pidió la paralización de las deportaciones de los jóvenes sobre los que existían dudas sobre su edad, a pesar de que el juez de Archidona había rechazado suspender la expulsión, concediendo más valor a las pruebas oseométricas (que establecen que son mayores de edad) que a la copia de las actas de nacimiento, que acreditan la minoría de edad salvo falsificación. Para el juez de Archidona (que es también juez de control de la cárcel-CIE), esos documentos reflejan un nacimiento, pero no la identidad de los chicos que los aportaron. “Tendrían que haber ordenado pruebas complementarias, que es lo que luego dijo también el Defensor del Pueblo y lo que establece el propio Tribunal Supremo y el protocolo de MENAS cuando hay dudas”, explica Arantxa Triguero, presidenta de Málaga Acoge.
Ante la inacción del juez y la Fiscalía de menores, los abogados que representan a los menores solicitaron la intervención del comité, y este pidió que no se expulsara a los muchachos y que se les trasladara a un centro de menores. La solicitud de la ONU se formulaba como medida preventiva a la espera de determinar de forma fiable la edad, y no es jurídicamente vinculante para España.
Sin embargo, cuando el comité intervino el Gobierno ya había expulsado a dos de ellos. El tercero, que podía haber sido trasladado a un centro de menores tal y como solicitaba el dictamen del comité, ha permanecido en la cárcel-CIE de Archidona durante dos semanas más. El 4 de enero Málaga Acoge solicitó la intervención del juzgado de Lorca, que dictó su resolución este lunes.
Arantxa Triguero denuncia que el menor ha permanecido hasta esta semana privado de libertad y con mayores de edad en la prisión, a pesar del dictamen del comité y de que el interés superior del menor, que debe guiar toda actuación pública, parece indicar que en caso de duda se opte por poner fin a su internamiento.
