¿Qué dijo el exinterventor de la Junta en la comisión de investigación de los ERE?

Desde este jueves, la jueza Mercedes Alaya empezará a recibir la visita de muchos comparecientes en la Comisión de investigación parlamentaria, ahora imputados, que tendrán que dar explicaciones sobre su presunta participación o responsabilidad en el fraude en las ayudas sociolaborales a la prejubilación y las ayudas a empresas en crisis. El interventor general de la Junta entre 2001 y 2010, Manuel Gómez Martínez, será el primero en declarar. Ya lo hizo también bajo juramento en la comisión parlamentaria que debía determinar las responsabilidades políticas en el caso de los ERE. Fue la primera comisión de investigación en 17 años en la Cámara andaluza, celebrada el pasado verano y cuyo dictamen final rechazaron los diputados en noviembre del pasado año. Previsiblemente, lo que dijo entonces será muy similar a lo que declarará ante Alaya. Pero ¿qué fue lo que dijo?

Alaya arranca así una nueva fase de la instrucción. Según decía expresamente en el reciente auto en el que imputaba a una veintena de cargos y excargos de la Junta, “ha llegado el momento de dar un paso cualitativo” en la investigación y de determinar la participación de personas que habrían permitido el “dispendio continuado de fondos públicos” por el “uso indebido de las transferencias de financiación”. Es la investigación, digamos, de la vertiente interna, o administrativa, de las ayudas. ¿Cómo se gestaron? ¿Se alertó suficientemente de las deficiencias del procedimiento? ¿Estaban fiscalizadas previamente las ayudas? ¿Quién tenía el deber de corregir el sistema?

El primero en acudir a los juzgados para aclarar los controles sobre la gestión del programa 3.1.L. será el hombre encargado de supervisar las cuentas de la Administración regional, precisamente desde el año en que se formalizó el convenio entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), en 2001, hasta 2010. A su comparecencia ante Alaya se había opuesto la Junta hasta que no se resolviera su recurso ante la Audiencia. Pero la jueza ha seguido adelante con su declaración. El imputado, por otra parte, ha solicitado a la Administración autonómica que le preste asistencia jurídica, si bien la Junta, a unas horas de su comparecencia judicial, desconoce si se ha decidido algo al respecto, según ha dicho este martes el portavoz, Miguel Ángel Vázquez.

“Nunca, repito, nunca, se dedujo la existen­cia de posibles supuestos de fraude”

Ante la comisión parlamentaria que investigó responsabilidades en la gestión de las ayudas, Manuel Gómez Martínez insistió en que se advirtieron deficiencias en el procedimiento administrativo pero que no se dedujeron supuestos de fraude en los fondos públicos. “De las actua­ciones de control desarrolladas por la Intervención en las materias que son objeto de investigación, nunca, repito, nunca, se dedujo la existen­cia de posibles supuestos de fraude o menoscabo de fondos públicos”, dijo tajantemente.

En relación a las “deficiencias administrativas” advertidas en el uso de la partida presupuestaria de la que se nutrieron las ayudas sociolaborales investigadas, sobre las que se pronunció el Interventor, señaló que “nosotros lo advertimos, y quien tenía que tomar las decisiones no las tomó”. “Lo que resulta, no sé si llamar irónico, es que quien no tomó esas decisiones ahora se queje de que no fue advertido, cuando es evidente que fue advertido”, concluyó el interventor.

Fueron las principales líneas argumentales de defensa en la comisión del pasado verano: que cumplió con sus cometidos de advertir de las irregularidades administrativas y que quien tuvo que tomar decisiones no las tomó, así como que el marco financiero era legal porque lo sustentaba el Parlamento a través de la aprobación de las leyes de presupuesto y que la Intervención no dedujo de su actuación menoscabo de fondos públicos ni fraude.

La extensa intervención de Gómez Martínez hace exactamente 11 meses ahondó en el proceso de vigilancia administrativa en el ámbito financiero y en la participación de los órganos internos de la Administración. Su futuro inmediato, ahora en manos de la jueza Mercedes Alaya, supondrá un antes y un después en la instrucción del caso de los ERE. Detrás de él vendrán una veintena de responsables de la Administración, en según qué puesto, con algún “indiciario conocimiento”, como dice la instructora, de la existencia de las ayudas y su gestión administrativa. La posibilidad de que su declaración abra la posibilidad a la imputación de otras personas, incluso aforadas, también está en el ambiente.

“La ley no atribuye a la Intervención una obligación general de velar por el buen orden financiero del sector público, como algunos pudieran creer” pero “deberá actuar, en todo caso, en los supuestos de fraude o menoscabo a los fondos públicos, detectados, lógicamente, en el ejercicio de sus competencias”, indicó en su comparecencia del 28 de agosto de 2012 Gómez Martínez, quien trabajó con cuatro titulares de la Consejería de Hacienda (Magdalena Álvarez, José Salgueiro, José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo). El ahora presidente andaluz incidió ante los medios semanas después en este punto, advirtiendo de que el interventor general nunca advirtió de “fraude ni de mala utilización de recursos públicos”. Estos días ha dicho Griñán, según informó Efe, que está “totalmente de acuerdo” con lo que el exinterventor dijo “bajo juramento” en el Parlamento.

“Ningún sistema de control, por perfecto que sea, podrá prevenir o evitar abso­lutamente los abusos”

En cualquier caso, según Gómez Martínez, “se produjeron actos de fiscalización previa de gastos y obligaciones, actos de intervención formal de los pagos, informes de control financiero de cuentas anuales, auditorías de legalidad, auditorías de gestión de programas, etc”, explicó Gómez, quién incluso señaló que “la Intervención de la Junta de Andalucía ha ejercido sus funciones de un modo que me atrevo a calificar como más que óptimo”.

“Que podamos acreditar que hemos cum­plido con nuestras obligaciones legales de control, lamentablemente, resulta un magro consuelo a estas alturas. Es evidente que ningún sistema de control, por perfecto que sea, podrá prevenir o evitar abso­lutamente los abusos y el fraude. Por ello, resulta pertinente que nos preguntemos si, en este caso, el dispositivo de control ha dado los resultados que de él, razonablemente, se deben esperar”, explicaba el interventor de la Junta durante diez años.

Ante alguna de las preguntas de los miembros de la comisión, el interventor informó de que “nosotros les dimos a nuestros informes el cauce reglado”, en una actuación que “estuvo por encima de las exigencias legales que teníamos”. “Era un caso muy claro” de “deficiencias administrativas muy serias”, “pero su responsable era el que tenía que abordar su solución”.

La auditoria de legalidad de 2003 y los destinatarios

Gómez Martínez se detuvo en este sentido en las verifica­ciones llevadas a cabo en la Consejería de Empleo tras la auditoría de legalidad del ejercicio 2003, que calificó como inadecuado el empleo de las transferencias de financiación del programa 3.1.L para financiar la concesión de subvenciones efectuada. El hecho, según explicó, es que se generaron obligaciones de pagos con terceros derivados de compromisos contraídos por la Dirección General de Trabajo, superando el límite de los créditos aprobados. Iindicaba específicamente que, aun con un “instrumento legal” porque “tenía rango de ley” como la transferencia de financiación, la Dirección General de Trabajo “había gestionado la concesión de subvenciones excepcionales prescindiendo, de forma total y absoluta, del procedimiento administrativo establecido”.

La Intervención General, según expuso Gómez, “lejos de rehuir o evitar la importancia de las evidencias advertidas en el examen de los convenios, las plasmó por escrito en un informe especial” que se anexó al informe de auditoría y se remitió completo a la Consejería de Empleo, además de a la entidad auditada (IFA/IDEA). El envío se realizó “por un elemental principio de lealtad institucional” y “consciente de la importancia de los hallazgos realizados”, a pesar de que la agencia dependía ya de Innovación. “Era la solución ideada por el Interventor para resolver la laguna normativa del supuesto planteado”, con un contenido “bastante claro y contundente”.

La Consejería de Empleo formuló alegaciones a diversos extremos del informe, pero no formuló alegación alguna a las deficiencias advertidas en la gestión de los expedientes de los convenios, según recordó el interventor, quien entendía que dicha Consejería aceptaba las conclusiones no impugnadas del informe y se aprestaría a solventarlas. La Intervención General desestimó cir­cunstanciadamente todas las alegaciones, elevando el informe a definitivo en 2005. “La Intervención General puso de manifiesto las deficiencias advertidas al órgano que las había causado y que debía corregirlas”, explicó Gómez Martínez.

“Ante la evidencia de las deficiencias advertidas, se podría argüir que la Intervención podría haber hecho otra cosa distinta, no se me ocurre qué, pero lo que nadie podrá decir es que el camino seguido no fue adecuado, o que fuera equivocado”, añadiendo que “en ningún caso es admisible considerar, como a veces puede oírse, que los destinatarios de las auditorías no deban sentirse concernidos ni obligados a solven­tar las deficiencias que las mismas reflejen mientras la Intervención General no detecte un supuesto de fraude o no emita tal o cual informe”.

La figura de Griñán

A las irregularidades administrativas detectadas en la gestión de ayudas sociolaborales se les dio traslado, en un informe relativo al ejercicio 2004, al entonces titular de la Consejería de Economía y Hacienda, y hoy presidente de la Junta, José Antonio Griñán, a través de su entonces viceconsejera, Carmen Martínez Aguayo. El interventor reconoció este extremo a preguntas de los miembros de la comisión pero, según aclaró, “la entidad es la principal receptora y es a la que la ley le atribuye una función”, en referencia a IFA-IDEA y, como se ha dicho, a la Consejería de Empleo.

“Al consejero de Hacienda no le atribuye ninguna función” ya que “la norma prevé que se le remitan los informes, porque es un órgano de la Consejería el que los emite, pero no para que tome medidas concretas en relación con ellos”, explicó el interventor en sede parlamentaria. Añadió Gómez que, en relación al informe, había un asunto que podía tener relación con competencias de la Consejería: la insuficiencia presupuestaria que se había detectado.

En este sentido dijo que “la Intervención no es el guardián del buen orden financiero de la Administración; no tiene unas competencias como podría tener, a lo mejor, la Policía para el orden público en la calle”. A juicio de Gómez Martínez, la transferencia de la financiación, el alcance del control de la Intervención, es “verificar” que “va destinada a la empresa a la que está previsto en el presupuesto y por el importe correspondiente”. “Como conceptualmente las transferencias de finan­ciación no son finalistas, nosotros no tenemos que hacer ningún juicio de si las transferencias se han empleado en su destino o no. Nosotros hicimos lo que pudimos, y si no hicimos más es porque no había herramientas legales”, aseveró.

El modelo de financiación

Gómez Martínez hizo durante su exposición una descripción del sistema de control interno en la Junta (que comprende la función interventora y el control financiero) y, pormenorizadamente, del modelo de financiación y organización administrativa que ha servido de base a la gestión de las subvenciones y ayudas. Apuntó que la Adminis­tración general está sujeta a la función interventora y las entidades instrumentales a control financiero, sin que ni las consejerías ni las entidades instrumentales ni la Intervención puedan alte­rar el modelo legal de control aplicable en cada caso.

Añadió que el control financiero, al que se encuentran sujetas la mayoría de las entidades instrumentales (empresas públicas, fun­daciones, etc.) a través de técnicas de auditoría, tiene carácter posterior y no vinculante. “La Intervención no posee ningún instrumento, ni jurídico, ni material, que otorgue fuerza vinculante efectiva a sus determinaciones de control financiero, como sí ocurre en la función interventora”. En este caso, señaló que si una porción del gasto público se financia con transferencias de financiación, las actuaciones en que se concrete la ejecución de esa porción de gasto público no están sometidas a fiscalización previa de la Intervención.

La gestión administra­tiva de las ayudas se desarrollaba en la Consejería de Empleo, mientras que la función atribuida a IFA-IDEA consistía en actuar exclusivamente como mero mandatario de pago de aquella. Gómez apuntó que el Presu­puesto contiene cada año una partida clasificada como transferencia de financiación a favor de IFA-IDEA dirigida a la concesión de ayudas a las empresas para preju­bilaciones, expedientes de regulación de empleo y proyectos de viabilidad. “El elemento fundamental del modelo, que ha sido la transferencia de financiación a favor de IFA-IDEA, ha gozado de rango de ley”, especificó el interventor.

“Si el marco general de organización y financiación está reiteradamente consagrado en los Presupuestos de la Junta de Andalucía (...) no es posible concebir que se califique de ilegal un marco organizativo y financiero que ha sido aprobado reiteradamente por este Parlamento”.

El “prolongado silencio” de la Cámara de Cuentas

Gómez ahondó en esta idea, ampliando la responsabilidad a la Cámara de Cuentas, el último eslabón del proceso presupuestario. Su “prolongado silencio” acerca de esta partida presupuestaria “no puede interpretarse sino como un elemento más del consenso general del que estoy ha­blando”, resultándole no verosímil que se le haya pasado desapercibida una partida que ha llegado a representar, en algunos ejercicios, más del 90% del programa 3.1.L. “Ningún comentario, ninguna recomen­dación, ninguna sugerencia”, indicó el interventor, “tendentes a corregir las líneas esenciales de este modelo” a pesar de que “habría sido la instancia más indicada” para ello.

El interventor fue bastante rotundo en sus comentarios: “Lo que nos dice el Presupuesto es que las ayudas las gestiona la Dirección de Trabajo y Seguridad Social, las paga el IFA-IDEA por orden de aquella, y se financian con transferencias de finan­ciación del Presupuesto de la Consejería de Empleo en favor de IFA-IDEA. Esto es lo que tiene respaldo, soporte o apoyo —como ustedes quieran llamarlo— en el Presupuesto de la Junta de Andalucía. Si bien lo piensan, se trata del esquema institucional habitual”.

“El Presupuesto establece el mecanismo de financiación de las ayudas y el responsable de gestionarlas, pero lo que no dice el Presupuesto es cómo se gestionan las ayudas, es decir, cuál es su régimen jurídico”, explicó Gómez, quien detalló que “la gestión de los expedientes de subvención llevada a cabo por la Dirección General de Trabajo no se encontraba sujeta a la fiscalización previa de la Intervención”, por lo que la función interventora verificaría que efectivamente existía el instrumento, su importe y su destinatario. “El Interventor no puede actuar donde y cuando quiere, sino en el ámbito y mediante los procedimientos previstos en la ley”, indicó.

La carta

El día 23 de noviembre de 2012, una vez conocido el dictamen de la comisión parlamentaria, Gómez Martínez envió una carta al presidente de la Cámara, Manuel Gracia, en la que decía que la citada comisión de investigación había unido su nombre al “caso de corrupción más importante de la historia de España” y había obtenido “un resultado fraudulento, que se une al inmenso fraude de los eres” tras haber “ocultado deliberadamente los datos, testimonios e informes relevantes”. Gómez Martínez insistió en esta misiva en que el informe de actuación “en el caso del fraude de los eres, es de aplicación imposible, resulta impracticable, porque carece de causa legal, de destinatario y de ente u órgano obligado a actuar”.

Asimismo, señalaba que “el dictamen de la comisión de investigación alcanza las más altas cotas de extravagancia al enjuiciar a la Consejería de Hacienda”, añadiendo que los titulares de la Consejería y Viceconcesejería “recibieron las auditorías en las que la Intervención ponía en su conocimiento las graves irregularidades descubiertas en la Consejería de Empleo y nada hicieron para combatirlas; antes al contrario, cebaron sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los eres”.

“En paradójica contradicción con el dictamen, la comisión de investigación sabe que la Intervención advirtió hasta 15 veces de las irregularidades (que no fraude) que se estaban produciendo (...) y ninguno de los destinatarios de las auditorías hizo nada durante casi 10 años para corregirlas (...) Este descuido, probablemente punible, es la verdad de este asunto, señor presidente, y lo demás son monsergas o excusas de mal pagador”, señalaba en la misiva.

Gómez Martínez criticaba de forma contundente a los políticos (“de ínfima categoría”, “cobardes y sin honor”, “corruptos de la peor especie”, les llamaba) y sus “divinas palabras” (como titulaba la carta). “Ni me callé ni me aguanté entonces ni lo hago ahora ni, por supuesto, lo haré después”, decía. Este jueves ante la jueza de los ERE tiene una nueva ocasión el que fuera interventor general de la Junta durante una década.