La Junta de Andalucía aprueba el proyecto de Ley del Cambio Climático para regular también las emisiones difusas
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de Ley del Cambio Climático, que elevará al máximo rango jurídico los planes que la Junta de Andalucía desarrolla contra los efectos de este fenómeno y que llega tres años después de la aprobación del anteproyecto.
De este modo, con bastante retraso será recibido el proyecto de ley por el Parlamento de Andalucía, dado que en su día el consejero de Medioambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, anunció que estaría para el primer trimestre de 2016.
Este martes ha explicado que la ley supondrá una nueva regulación de la contaminación por gases de efecto invernadero y se dirigirá a las denominadas “emisiones difusas”, que se encuentran en situación de vacío legal al no estar sujetas al Régimen Europeo del Comercio de Derechos de Emisión.
Para ellas, que suponen un 55% de la contaminación vinculada al cambio climático en la comunidad autónoma, se fija el objetivo mínimo de reducir un 18% en 2030 el nivel registrado en 2005 de 4,28 toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO2) por habitante y año.
De este modo, establece cuotas de emisiones por periodos de seis años para los distintos sectores que generan este tipo de contaminación, fundamentalmente el del transporte, el agrario y el de la construcción, así como la gestión de residuos, los gases fluorados y aquellas actividades industriales que quedan fuera de la regulación. Estas cuotas, denominadas “presupuestos de carbono”, serán revisables por el Consejo de Gobierno en función de los compromisos que puedan adquirirse a nivel internacional.
Para facilitar el cumplimiento de los fines planteados, el texto incluye nuevos instrumentos obligatorios y voluntarios. Entre los obligatorios, de aplicación a las administraciones y a las empresas, se encuentra el Sistema Andaluz de Emisiones Registradas (SAER), un instrumento que incluirá en la lucha contra el cambio climático las actividades de elevado consumo de energía, creando nuevas obligaciones de transparencia y reducción de la contaminación. El SAER se aplicará una vez esté elaborado el reglamento de desarrollo de la ley, dentro de dos años desde su entrada en vigor. Con carácter obligatorio, los establecimientos deberán disminuir sus emisiones según un plan basado en los valores de referencia.
En los voluntarios, recoge la habilitación del Registro de la Huella de Carbono de Productos y Servicios, una herramienta para medir y comunicar las emisiones. Cabe destacar que en Europa los consumidores tienen como tercer criterio de compra el medioambiental, por detrás de la calidad del producto y del precio. En este sentido, la medida favorecerá la responsabilidad medioambiental de las empresas y su penetración en los mercados. La inscripción en este registro se podrá incluir como parámetro de valoración de las ofertas en la contratación pública.
Por su parte, los municipios con más de 50.000 habitantes de población deberán elaborar programas de cambio climático en el marco de sus competencias e incorporarlos a su planificación.
