La Junta de Andalucía vuelve a nombrar a María José Asensio directora general de Minas
El Consejo de Gobierno ha decidido este martes nombrar a María José Asensio como directora general de Minas, cargo que ocupaba hasta que fue destituida el pasado mes de agosto por su imputación en el caso Aznalcóllar, donde el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla investigaba la adjudicación de la reapertura de la mina situada en dicho municipio. La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ya anunció que confiaba en su honorabilidad y que la rescataría cuando todo se aclarara, lo que ha considerado que se ha producido con el auto del pasado 6 de noviembre en el que la jueza Patricia Fernández archiva la causa de manera provisional, toda vez que cabe recurso en la Audiencia de Sevilla, igual que se puede recurrir a la vía administrativa.
“Este nombramiento hace justicia con la directora general (...). Teníamos plena confianza en su gestión y además ha demostrado con creces su valía y capacidad, lo que reconoce el propio sector de la minería”, ha defendido el portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, quien ha confirmado que los servicios jurídicos de la administración estudiarán “concienzudamente” todo lo que ha ocurrido con este caso, dejando abierta la posibilidad de emprender acciones legales porque “se ha puesto en muy mal lugar a los funcionarios” y también “se ha puesto en riesgo una inversión importantísima para el desarrollo de Andalucía”.
No ha dicho en contra de quién irían estas medidas legales, pero sí ha mandado un mensaje a la oposición, “especialmente al PP-A”, lo que da la idea de que va más orientado hacia los políticos que contra la jueza o la empresa Emerita Resources, que había resultado finalista en el concurso público y fue la que denunció la adjudicación en los tribunales. “El gabinete jurídico es el encargado de estudiar lo ocurrido y dictaminar si hay cuestiones susceptibles de ir por la vía judicial”, ha insistido. Sí ha lanzado un mensaje a la oposición, que también “debe pagar su responsabilidad política igual” que se le exige a un gobierno: “No se puede actuar de una manera tan irresponsable”.
De hecho, con motivo del nombramiento de María José Asensio, el Consejo de Gobierno ha valorado el archivo, “que confirma que el procedimiento se había ajustado a derecho y se había caracterizado por el rigor y la transparencia”. Ha dicho que “es una buena noticia para el empleo” y la “obligación” de la Junta de Andalucía ahora es poner en marcha la maquinaria para que el proyecto eche a rodar. “Es también una buena noticia para los funcionarios que se han visto envueltos de manera injusta en un litigio y han visto empañado su buen nombre”, ha continuado, para a continuación hacer un alegado en defensa de los trabajadores públicos.
Ha arremetido contra los que han antepuesto sus intereses partidistas, por lo que ha mostrado su “malestar” por el uso que se ha hecho de la investigación en los tribunales: “Ha habido gente muy interesada en tirar por tierra el nombre de Andalucía”. Entiende que “es el momento de exigir reparaciones y rectificaciones públicas” porque “¿quién paga el daño causado a los responsables políticos que se han visto acosados por difamaciones injustas?” o “¿quién recuperar los seis meses en los que se podía haber estado trabajando por Andalucía?” con la reapertura de esta mina, anunciada para la primavera de 2015.
Sin embargo, fue la Junta de Andalucía la que optó por paralizar la adjudicación, ya que la jueza descartó esta medida que pedía la denunciante. El portavoz ha dicho que “con un auto de esa contundencia era lo razonable”, descartando cualquier responsabilidad del Gobierno de Andalucía en ello. Se refería al auto de la jueza del pasado mes de julio donde imputaba a siete personas, entre ellas a María José Asensio, y hablaba de presuntos delitos de “prevaricación” y “cohecho” y “tráfico de influencias” en un proceso “plagado de irregularidades”. Lo mismo que ha defendido cuando se le ha preguntado por la decisión de destituir a María José Asensio, a la que tampoco estaba obligada: “La política tiene estas cosas, que no son agradables”. En esta línea, ha insistido en el compromiso que el Gobierno de Andalucía tiene a la hora de hacer frente a imputaciones, por lo que ha rechazado que se hayan arrepentido de la medida.
Finalmente, Miguel Ángel Vázquez ha insistido en que “Andalucía no se podía permitir el lujo de tener paralizados unos recursos como la mina de Aznalcóllar”. Ha recordado que son más de 300 millones de euros de inversión para revitalizar la comarca. En su opinión, esto confirma que “hay seguridad jurídica”. Es más, ha dicho que “no hay administración en España que ofrezca tanta seguridad jurídica como la Junta de Andalucía”.
