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La Junta recurrirá ante el Tribunal Constitucional la nueva Ley de Costas

Considera que es inconstitucional e invade competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo, además de otras injerencias.

Es el séptimo recurso que presentará contra el Gobierno de la Nación en lo que va de legislatura y sumarán 22 litigios entre las dos administraciones.

La Junta de Andalucía recurrirá ante el Constitucional la Ley de Costas

"La nueva norma pretende primar intereses particulares", ha dicho el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez.

Un nuevo recurso se sumará a la tensión judicial que mantienen el Gobierno de la Nación y Andalucía. Si la pasada semana Madrid presentaba un recurso contra el decreto de la función social de la vivienda aprobado en Andalucía, el Consejo de Gobierno ha autorizado este martes la interposición de otro, también ante el Tribunal Constitucional (TC), contra la nueva Ley de Costas. Considera que esta norma tiene visos de inconstitucionalidad, supone un ataque frontal a la protección del dominio público marítimo terrestre e invade competencias de la comunidad autónoma. Se convertirá así en el séptimo recurso presentado por Andalucía esta legislatura, tras sendos elevados contra los recortes en sanidad y educación, otros dos contras las nuevas tasas judiciales, un quinto por las políticas en energías renovables y un sexto contra el cambio en los horarios comerciales. Y en total serán ya 22 los litigios abiertos entre las dos administraciones.

Este nuevo recurso, en el que ya está autorizado a trabajar el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, se centrará en una decena de preceptos que, según las primeras valoraciones, introducen ambigüedad e inseguridad jurídica en la protección del litoral. "La nueva norma pretende primar intereses particulares, favorecer la privatización del  litoral, reducir el papel garantista de las administraciones y promover desarrollos urbanísticos insostenibles", ha resumido el portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, una vez tomada la decisión.

Ha recalcado así que el texto retrotrae la protección de las costas a antes de 1988, y entre otras cosas deja abierta la puerta a la privatización de las dunas; de terrenos inundados artificialmente con destino a cultivos marinos o salinas, incluso en el caso de que sean naturalmente inundables; y también a la "creación de playas privadas".

Se da la circunstancia de que el exministro Abel Matutes es uno de los máximos beneficiarios de los cambios que la Ley de Costas supondrá para Andalucía. Su familia es propietaria de una de las mayores empresas piscícolas de la comunidad autónoma, con unas 3.000 hectáreas en la Bahía de Cádiz. "Nos da igual quién se vaya a beneficiar, lo que nos preocupa es la protección del litoral como bien público y no al servicio de unos intereses privados", ha subrayado el portavoz.

Pero además de en estos riegos para el uso público de la costa y para el medioambiente, el recurso se centrará en la invasión de las competencias de la autonomía, en cuestiones como la ordenación del territorio y el urbanismo, al abrir vías para que el Gobierno de la Nación pueda decidir en esta materia. Injerencias similares se derivan, según ha explicado el portavoz, "de los artículos que introducen la posibilidad de que el Gobierno de la Nación establezca condiciones para la autorización de instalaciones publicitarias; que pueda reglamentar de forma global la ocupación y uso de las playas; y que se permita un nuevo impuesto estatal -sobre e autonómico- para la construcción de puertos deportivos y pesqueros, lo que daría lugar a una doble imposición fiscal".  

Recusación del presidente

Sobre el hecho de que el mismo Gabinete Jurídico iba a estudiar la posibilidad de recusar al presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos, por estimar que su militancia en el PP puede menoscabar su objetividad en estos recursos de Andalucía, el portavoz ha dicho que es un asunto todavía no cerrado. No estaba en el orden del día, aunque en el Consejo de Gobierno "ha abordado de manera tangencial el asunto". Lo que se ha decidido es que cada una de las consejerías que tengan algo que decir por afectarles los recursos que están en marcha, deberá elaborar su propio informe.  

Que el vicepresidente Diego Valderas haya urgido esta recusación dándola por sentada, mientras que ahora parece que la decisión no está todavía cerrada, no supone, según ha recalcado Miguel Ángel Vázquez, ninguna discrepancia entre el PSOE e IU, sino que se está trabajando todavía en ello y "con una única voz".

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