La Junta de Andalucía se compromete a emitir en tres meses sus informes para los PGOU
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes un nuevo decreto para regular las competencias de la Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo, en el que fija un plazo máximo de tres meses para que las distintas consejerías emitan los informes que deben incluirse en los PGOU (plan general de ordenación urbana) que elaboran los consistorios. Se pretende con ello agilizar la tramitación de los planeamientos para que estén aprobados definitivamente en año y medio y no en los cuatro años de media que se tarda actualmente, mediante una decisión que incluye varias modificaciones sobre el Decreto 525/2008 que regula dichas competencias.
De este modo, lo más destacado es que se crean las comisiones provinciales de coordinación urbanística, que “integrarán y armonizarán los informes que debe emitir la Junta de Andalucía” en los planeamientos, en palabras de la consejera de Medioambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano. En este sentido, serán el único cauce para la recepción de los citados informes y su posterior entrega a las administraciones locales. Estarán presididas por cada delegado provincial e integradas por representantes de las distintas consejerías implicadas, pero también se va a invitar a otras administraciones a que participen, en concreto el Gobierno de la Nación y las diputaciones, así como a “expertos”.
¿Qué supone esto? Básicamente, que los alcaldes, en lugar de tener que llamar a la puerta de cada consejería para pedir los informes que deben incorporar a sus PGOU una vez aprobados inicialmente (tales como el medioambientales, el de incidencia territorial, el de aguas, etcétera), sólo tendrán que dirigirse a estos nuevos órganos. Éstos, una vez revisada la documentación que se les entregue en primer lugar, contestarán en un máximo de 10 días si es necesario subsanar algo, un plazo que hasta ahora no estaba regulado. Desde ese momento, las mismas comisiones se encargarán de tramitar la petición de los distintos informes, que entregarán a los consistorios en un máximo de tres meses. Igualmente, la ratificación de los informes por parte de la Junta de Andalucía tras la aprobación provisional -la que sigue a la inicial- será de otro mes.
Otro cambio en el decreto es que se faculta a la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía -y a sus delegaciones en cada provincia- para que aporten sus sugerencias y observaciones en la fase previa de la tramitación del planeamiento, y no al final, como hasta ahora. Estos órganos colegiados, que cuentan con la participación de las administraciones locales, cambian sus denominaciones por las de Consejo Andaluz de Ordenación del Territorio y Urbanismo y comisiones territoriales de ordenación del territorio y urbanismo, respectivamente. Pasan a asumir las funciones técnicas de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística, que se suprime, y se reducen de 30 a 14 sus integrantes.
“Entendemos que detrás de las modificaciones de los planeamientos puede haber proyectos empresariales e inversiones cuya puesta en marcha no puede demorarse. Lo más complicado que era recabar los informes, por lo que la Junta de Andalucía se compromete a que estén en un máximo de tres meses”, ha destacado la consejera, quien ha dicho que con esto se consigue “una mayor seguridad jurídica”.
Por otro lado, se ha aprobado, “con el mismo objetivo de agilizar y facilitar la ejecución de los planeamientos”, una modificación en el reglamento de vías pecuarias, que hasta la fecha sólo se clasificaban como suelo no urbanizable de especial protección, pero ahora también se podrán integrar en la red de espacios libres del municipio, “garantizándose siempre la titularidad pública y su condición de vía pecuaria”. Igualmente, el perímetro de protección en torno a los cementerios, que incluía una segunda franja de 200 metros vetada para su urbanización, se podrá reducir exclusivamente a la primera, de 50 metros, “de manera justificada”.
En cuanto a posibles modificaciones en Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), la consejera se ha limitado a señalar que se está trabajando en su desarrollo reglamentario. “Hasta ahora sólo se ha desarrollado el reglamento de disciplina urbanística, por lo que estamos con el de planeamiento, para clarificar conceptos y evitar malas interpretaciones”, ha subrayado. Y en cuanto al otro instrumento clave para el ubanismo, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), ha rechazado que se vayan a reducir los estrictos límites de crecimiento a los que obliga a los consistorios a la hora de elaborar sus PGOU, con un tope del 30% en la urbanización y un 40% de aumento de la población. “No hay ninguna necesidad de modificar los crecimientos que prevé el POTA. Sí queremos ver cómo se integran planeamientos que se aprobaron antes del POTA”, ha aseverado.
