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La Junta tendría que pagar, por ley, la defensa de los cargos imputados si estos lo solicitan

Está contemplado así en el reglamento de su gabinete jurídico y, hasta el momento, sólo se ha beneficiado de ello Daniel Rivera hasta su cese como director general de Trabajo.

Para ello es necesario primero un informe favorable, y tampoco se ha tomado una decisión política sobre qué hacer en caso de que sean declarados culpables.

Los citados del último auto de la jueza Mercedes Alaya no han recibido su imputación todavía, pero hay media docena que se podrían acoger a este tipo de protección.

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La Junta de Andalucía tendría que pagar la defensa de los cargos y funcionarios imputados en el caso ERE si estos lo solictian. Si bien no podrá a su disposición sus servicios jurídicos, que también está contemplado en la ley, porque está personada como acusación particular y sería una "contradicción". Lo ha explicado así el portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, quien ha recalcado que así está previsto en el Reglamento Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, en vigor desde el 26 de diciembre de 2000. Para ello, no obstante, es primero necesario que el afectado lo solicite y que se emita un informe favorable de los servicios jurídicos. En caso de que finalmente sea declarado culpable, además, no se corre a cargo con dicho coste.

No ha concretado si ha establecido un tope en el pago de las minutas, y el reglamento sólo dice de manera general que "podrá contratar los servicios profesionales que se encarguen de la defensa". Sí ha recalcado que este pago es solo los cargos que continúen siéndolo, así como para los funcionarios. Hasta el momento solo se ha tenido que pagar la defensa de Daniel Rivera, que era director general de Trabajo cuando fue imputado, pero se dejó de hacerlo cuando cesó en el cargo. "No es una cosa que se decida arbitrariamente, sino que está por ley, y existe a nivel estatal otro marco similar para protección jurídica de los funcionarios", ha subrayado, al tiempo que ha matizado que tampoco se ha adoptado todavía una decisión política de cómo proceder -por ejemplo exigiendo la devolución del dinero- en caso de que sean declarados culpables.

En cualquier caso, las últimas imputaciones de la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, obligarán a pagar la defensa de al menos las siguientes personas: el viceconsejero de Presidencia e Igualdad, Antonio Lozano ; el director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, Antonio Valverde; el consejero delegado de la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía, Jesús Rodríguez Román; y el interventor delegado en la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Juan Luque Alfonso.

De todas maneras, ha puntualizado que estos todavía no tienen conocimiento de sus autos de imputación, por lo que no se ha procedido a facilitar a ninguno esta posibilidad de abonarles el coste de los abogados que contraten. "Es el mundo al revés y se han enterado por la prensa, en lugar de habérseles hecho llegar la información a los afectados", ha criticado.

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