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La Junta inicia el proceso de revisión de reintegro en 18 de 21 subvenciones a UGT-A desde 2008

Maldonado informa este jueves en el Parlamento sobre la marcha de la revisión de subvenciones a UGT-A y a la Faffe

Olga Granado

La Junta de Andalucía estima que hay errores de justificación en la mayoría de las subvenciones concedidas a UGT-A entre 2008 y 2011 y que dependen de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a juzgar por el hecho de que ha iniciado expediente de revisión de reintegro para 17 de los 21 expedientes que han sometido hasta la fecha a una investigación interna. En total se está revisando un montante de 25,4 millones de euros en fondos públicos para el sindicato esos años. De ese total de expedientes, dos acaban de incorporarse a esta tarea de depuración porque hasta ahora eran 19. Junto a los 17 con inicio de petición de reintegro, hay uno en fase de validación de la justificación y dos con una resolución “firme” reclamándole a la organización que devuelva el dinero. En total, 1,8 millones de euros por sendas subvenciones de 2009 y 2010 que ascendían a un total de 10,2 (el 40% de lo estudiado). Es decir, se le reclama al sindicato que devuelva el 17,5% de lo concedido.

De este modo, después de más de seis meses de trabajo, la Junta de Andalucía sólo ha conseguido cerrar dos expedientes dentro de la investigación interna para esclarecer si el sindicato UGT-A ha justificado correctamente el destino de los fondos públicos recibidos, iniciada a raíz de la investigación en los juzgados de presuntas irregularidades en subvenciones recibidas por el sindicato y que llevaron incluso a la dimisión de su secretario general en Andalucía. Se trata de las dos subvenciones del programa Orienta para las que se había iniciado el pasado mes de diciembre un procedimiento de petición de reintegro y que ya “están resueltos”, como ha explicado el consejero del ramo, José Sánchez Maldonado.

Más allá de que hay dos expedientes concluidos y dos nuevos, el consejero no ha ofrecido otras novedades en su comparecencia en la comisión de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo del Parlamento de Andalucía con respecto a lo que relató el pasado mes de febrero. En este sentido, pese a que ha confirmado que en la mayoría de los expedientes “se ha iniciado el procedimiento de petición de reintegro”, no dicho a cuánto asciende la cantidad total de los 21, más allá de los dos que ya tienen una resolución firme y de otros dos que están periodo de alegaciones y que rondan esa cantidad. En todo caso, conviene destacar que esta conclusión es importante porque los dos expedientes resueltos suponen el 40,2% del total de las cuantías revisadas. Los otros 19 expedientes suman un total de 15,2 millones de euros en ayudas otorgadas

“Con total garantía”

El consejero ha recordado que hay un periodo de 12 meses “para que se actúe con total garantía” en este proceso, por lo que ha insistido en que no procede dar cifras del posible fraude, sobre todo porque como se ha visto en los dos expedientes concluidos, no se reclama el total de la subvención, sino una parte. Igualmente, ha insistido en la voluntad de “transparencia” de su departamento mediante este ejercicio de depuración. En concreto, según ha detallado el consejero, existen tres áreas de investigación interna: las correspondientes a expedientes de las direcciones generales de Relaciones laborales, con nueve que ya se estaban revisando; Salud y Seguridad Laboral, con otros seis correspondientes a subvenciones para campaña de sensibilización en la materia; y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), con cuatro que ya había y a los que se han sumado los dos nuevos.

Desde IU, Rosalía Martín ha expuesto que no hay que “vanagloriarse” de este ejercicio de exploración en los expedientes porque no fue la Junta de Andalucía la que dio el primer paso, sino los tribunales. Le ha criticado también que no diera más cifras. En su opinión, la cuantía de “casi cuatro millones de euros” –entre los dos concluidos y los dos en periodo de alegaciones- “es muy importante”. Se ha preguntado también “por qué han fallado los mecanismos de control” en la consejería. “La tardanza en temas tan escabrosos como estos llevan a la desafección de la ciudadanía”, en palabras de la diputada de IU. En esta línea, ha reiterado que le hubiera gustado un acto de responsabilidad política “que hubiese sido la consejería la que fuera a los juzgados y no al revés”. No ha dudado de la voluntad del consejero por aclarar las cosas pero ha recalcado que el área de empleo “está hecha un desastre” y “la cuestión de fondo sigue sin resolver”.

Desde el PP-A, Rafael Carmona ha clamado que “hay corrupción en todos sitios”, y le ha exigido a José Sánchez Maldonado que si hay ya conclusiones que las “diga” y que explique “qué tipo de irregularidades son” las que se han detectado. Cuatro son las preguntas que ha lanzado para el consejero: a cuánto asciende el “posible fraude”, o sea, el total de los expedientes que es están revisando; si la consejería va a verificar más, “o éstos son todos”; cuáles son los que se han reclamado desde el juzgado; y por qué UGT-A ha renunciado a una ayuda de 2012, en referencia a que este último expediente, como ya dijo la consejería, no ha procedido incorporarlo a la investigación interna. No ha obtenido ninguna respuesta concreta que le haya satisfecho.

Cabe recordar que este proceso es independiente de la revisión iniciada por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte el pasado mes de septiembre y de expedientes desde el año 2007, dado que este departamento se hizo con las competencias de formación -hasta entonces en manos de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo- y ha asumido las tareas de control. Son, en este sentido, subvenciones no destinadas a la formación las que dependen de la investigación interna que corresponde a José Sánchez Maldonado.

Desde UGT-A han apuntado que todavía no tienen ninguna petición en firme de reintegro y que, llegado el caso, se pasaría la resolución a sus servicios juridicos para que la valoraran. Por tanto, el sindicado no ha querido hacer más valoraciones en relación a la comparecencia del consejero.

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