La economía social pide a la Junta introducir cláusulas sociales en la contratación pública

Las empresas de economía social, a través de la Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía (Cepes-A) ha pedido a la Junta estar presente en la Concertación Social de Andalucía, y ha demandado la introducción de cláusulas sociales en la contratación pública, de forma que haya incentivos en dicha contratación para permitir que puedan trabajar estas empresas de economía social.

Todos los sectores de la economía social de Andalucía y los principales dirigentes de Cepes-A se han reunido este lunes con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y donde, según explicado posteriormente el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, se han recogido las preocupaciones que han planteado los diversos sectores de la economía social andaluza.

Sánchez Maldonado ha reconocido que la economía social le ha expuesto que les gustaría ser partícipe del proceso de diálogo abierto con las fuerzas económicas y empresariales de la Comunidad, ante lo que la Junta ha “tomado nota” de las cuestiones planteadas y les ha emplazado a próximas reuniones “para recoger sus inquietudes y aportaciones en la elaboración de la nueva Agenda del Empleo y las nueva Estrategia de Competitividad de Andalucía”.

El consejero reconoce que la Junta y Cepes-A “no ha quedado en ningún compromiso en firme, pero la Junta sí ha tomado nota, pues nos preocupan los costes de producción, la existencia de presiones en el sector agrario”.

Sanchez Maldonado ha recordado que la Junta está desarrollando una ley que facilite el proceso de integración de cooperativas, con vistas a ganar tamaño. En ese punto, la Junta está ultimando el reglamento de la Ley de Cooperativas, que espera tener listo en próximas semanas.

“El sector está muy interesado y la administración hará un esfuerzo por que esta ley esté en un tiempo razonable”, ha agregado el consejero, quien indica que el sector ha citado entre sus preocupaciones los problemas de comercialización, especialmente de la industria agroalimentaria.

Por su parte, el presidente de Cepes-A, José María Algora, ha valorado esta “extensa reunión” con todos los colectivos, donde la economía social “ha puesto en valor nuestra forma jurídica empresarial desde el punto de vista del compromiso con el desarrollo económico, con lo local y con la cohesión social”.

Algora ha reiterado la petición de Cepes-A de participar en la Concertación Social, toda vez que “hemos contribuido al desarrollo de un nuevo modelo productivo en Andalucía y a la generación de empleo estable y de calidad”. En ese punto, Algora ha explicado que la economía social ha quedado emplazada a “seguir trabajando y estudiando nuestra aportación, pues nos tiene que comunicar la administración andaluza cuál será el proceso de ese diálogo social y nos hemos mostrado dispuestos a participar en todos los foros donde nos llamen”.

El presidente de Cepes-A ha indicado que también se ha hablado de las llamadas cláusulas sociales, algo ya apuntado por la presidenta de la Junta en su discurso de investidura y de lo que, según explica, “ya hay un borrador inicial sobre cómo llevar a cabo las cláusulas sociales y la contratación pública para las empresas de economía social, que son empresas muy competitivas, que colaboran con el entorno local y con colectivos de exclusión social”.

Algora considera que las cláusulas sociales “son un buen instrumento para generar actividad y empleo en estos colectivos” y ha explicado que el establecimiento de cláusulas sociales supondría “conseguir que haya incentivos en la contratación pública para que podamos trabajar las empresas de economía social, y que esos incentivos vayan determinados por el empleo que se genera y los colectivos de exclusión social que contratemos”.

El presidente de Cepes-A ha recordado que la economía social supone entre el 17 y 18 por ciento del PIB y en el último semestre ha creado más de 16.000 empleos a través de cooperativas y sociedades laborales. En ese sentido, ha pedido a la Junta un Observatorio en el sector, para poder también incorporar el empleo que generan los autónomos y el emprendimiento colectivo e individual que representan aquellas empresas que no son formalmente economía social pero sí tienen los mismos valores.