La Junta “despejará las dudas” del juzgado aunque paraliza “por prudencia” la reapertura de Aznalcóllar
Dos altos cargos de la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía (la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asencio, y el secretario general de Innovación, Vicente Fernández) han dado la cara tras el contundente auto judicial que criticaba falta de rigor (“del más mínimo”) en la adjudicación del concurso internacional para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. La primera reacción de la Administración durante la mañana fue un rápido comunicado defendiendo “la legalidad” del proceso, si bien poco después la presidenta en funciones, Susana Díaz, anunciaba la paralización del proceso.
Efectivamente, la Administración ha tomado la decisión de paralizar cautelarmente los efectos de la adjudicación del concurso. Y lo hace “por prudencia”, no porque no esté segura de que el procedimiento se haya ejecutado de manera limpia y correcta. En eso han insistido los responsables públicos, que han repetido varias claves durante su comparecencia urgente: que el concurso minero para reabrir Aznalcóllar “no tiene parangón” en el ámbito administrativo porque es un proceso “singular e innovativo”; que, por ello, “es lógico” que se planteen cuestiones técnicas porque es “complejo de entender” (cada una de las “incógnitas” que plantea el auto “serán despejadas”); y que el proceso ha sido y quiere seguir siendo “el más transparente, ágil y seguro”, porque así se lo especificaba el mandato parlamentario de julio de 2013. “Luz y taquígrafos”, han dicho tirando de tópico de transparencia, alabando el esfuerzo y trabajo de la Mesa del concurso y de la comisión técnica.
Pero una cuestión han insinuado hasta en cuatro ocasiones, recordando a algunas observaciones hechas a otro jueza sevillana y a las similitudes entre los atestados polciales y las decisiones judiciales. Principalmente, la directora aludida en el auto ha comentado que le costaba “distinguir” en el auto lo que son aseveraciones de la Udef de reflexiones de “la juzgadora” o de la empresa denunciante. Pese a esos “malentendidos” del auto, la Junta aportará “el mayor de información posible”, detallando, a su juicio, que se ha tratado de un primer paso en la investigación y que “todo se aclarará” porque hay “una extraordinaria complejidad técnica” en lo que dice el auto.
La Junta tiene aportado al juzgado el expediente completo del proceso de adjudicación. Ahí es donde ofrecerán las explicaciones, si bien en la rueda de prensa de este miércoles han aclarado algunas cuestiones técnicas planteadas en el auto y donde han puesto en valor el trabajo específico de los técnicos en ese sentido. Los altos cargos han informado de que la empresa adjudicataria (la agrupación de empresas México-Minorbis) acababa de aceptar esta misma semana iniciar la tramitación.
Según los responsables, la Junta sacrificó algo de tiempo en momentos puntuales de este proceso para asegura un “máximo de transparencia” (hasta se retransmitió por streaming la apertura de sobres), entendiendo que, si ahora el juzgado es el que quiere asegurar que todo el proceso se ha ejecutado de manera correcta, pues lo asumen. “No es agradable perder tiempo, sobre todo por la expectación en el entorno y la inversión millonaria que supone”, ha dicho Fernández. “El Gobierno recurrió al TC por una cuestión de competencias, pero no tardamos más de una semana en explicárselo y que lo comprendieran”, ha venido a explicar.
Ni se conminó a empresas a que se presentaran ni hubo trato de favor, han asegurado los responsables políticos, insistiendo en el “pleno respeto” a la decisión judicial. “Lo que queremos es explicarlo; cualquier duda que exista, quedará despejada”. “Todos los puntos tendrán la correspondiente explicación”, insisten.
