Ya son tres las viviendas expropiadas por la Junta con el decreto antidesahucio

Con los procesos abiertos en Motrol y en Charches-Valle del Zalabí ya son tres los inmuebles expropiados con el conocido como “decreto antidesahucios” de la Junta de Andalucía. Se trata del segundo expediente de este tipo que inicia la Junta en Andalucía desde la puesta en funcionamiento del decreto, después de que a finales del mes de mayo el trámite comenzara con otra familia residente en una vivienda en Huelva capital. En este caso, las afectadas por el lanzamiento judicial, que a partir de ahora queda paralizado, son las familias de dos mujeres, Ana P.C. y Margarita Y.C.C.

La vivienda de Motril se encuentra situada en la calle Azorín, y la de Charches, en la calle Atocha, siendo las dos propiedad de la misma entidad financiera, la Caja Rural de Granada, según consta en el anuncio del BOJA, consultado por Europa Press.

Las familias presentaron ante la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio sendas solicitudes de inicio del proceso de expropiación forzosa después de que la entidad bancaria adjudicataria de la vivienda en la que residen solicitara por la vía judicial el desahucio. Ahora, sus peticiones han sido aceptadas y se les ha dado trámite, comenzando ahora un proceso que podría prolongarse durante unos meses.

Según ha explicado el responsable de esta Delegación en Granada, Manuel Morales, las afectadas, que tienen “amplias familias”, cumplían los requisitos que exige el decreto para propiciar la expropiación temporal de uso de la vivienda durante un periodo de tres años, como que sólo cuentan con ese inmueble como residencia habitual, o que se encuentran en una situación económica que ha sufrido un “deterioro” a consecuencia de la crisis, y que por ello no pueden hacer frente al pago de su hipoteca.

La entidad propietaria de las dos viviendas dispone ahora de un plazo de 15 días para presentar las alegaciones que considere oportunas, y el proceso para que la expropiación sea efectiva podría prolongarse durante unos tres o cuatro meses, a partir de los cuales, las familias tendrán que pagar a la financiera un alquiler social, que corresponde al dos por ciento del justiprecio anual. En el caso de que las afectadas no pudieran afrontar este pago, sería la administración la encargada de abonarlo.

Morales se ha mostrado “satisfecho” por que la Delegación haya evitado así el “drama” de dos familias y ha augurado más casos de este tipo en las próximas semanas. Asimismo, ha considerado que “cualquier granadino defensor de la justicia social y de los derechos humanos” también debería estar contento por estas noticias, que son consecuencia de la política de una Consejería “que defiende la vivienda como un derecho humano” y que ha logrado, mediante este decreto también, facilitar la posición negociadora de las víctimas de desahucio frente a los bancos.

Además, el delegado ha dicho que las soluciones ofrecidas a estas dos familias son el resultado del “excelente” trabajo que viene realizando la Oficina provincial en defensa de la vivienda, que ha atendido ya a un total de 325 casos diferentes, 40 de ellos con desahucios “absolutamente imparables” y con familias en fase de protección.