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El Ayuntamiento de Jaén entregará en el juzgado el dinero de la dependencia hasta que haya sentencia

Dos usuarios del servicio de atención a la dependencia junto a su cuidadora, en Jaén.

Concha Araújo

El pasado viernes, jornada en que terminaba el plazo, los letrados de la Junta de Andalucía formalizaron la denuncia contra el Ayuntamiento de Jaén por el abandono en la prestación de la atención a la dependencia. Fuentes de la Junta de Andalucía han confirmado la presentación de la demanda ante el juzgado de lo contencioso-administrativo, aunque no han querido valorar los términos en los que se ha materializado ni las repercusiones que pueda tener en cuanto, los plazos y los procedimientos que determine.

Con esta demanda cobra forma el recurso ante el juzgado de lo contencioso administrativo que el Gobierno andaluz presentó el pasado mes de enero. Se abre, además, un nuevo capítulo en la confrontación que las administraciones local y autonómica mantienen desde que, en octubre pasado, la primera denunciara el convenio que regula el servicio y reclamara un nuevo acuerdo.

“Si pago, se me cae toda la fuerza de la denuncia”

El Ayuntamiento sí ha entrado en valoraciones. Sus servicios jurídicos preparan ya la contestación a la demanda y esperan presentarla antes del 2 de mayo, fecha en la que termina el plazo. Mientras tanto, el dinero de la dependencia que llegue de la Junta irá a la misma cuenta del juzgado donde ya se consignó una primera partida el mes pasado. El alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya (PP), ha insistido en que si paga directamente a la empresa “se me cae toda la fuerza de la denuncia”. Se refiere a la denuncia del convenio que realizó en octubre pasado y que ha desencadenado una confrontación entre administraciones.

Desde su punto de vista, el hecho de que la junta reclamara medidas cautelares y después formalizara una denuncia contra el Ayuntamiento “ha judicializado” el proceso y atribuye a la administración autónoma toda la responsabilidad sobre los impagos a la empresa y, por ende, a las trabajadoras. También la concejal de Servicios Sociales, Reyes Chamorro, ha señalado que se siguen tramitando peticiones de altas y planes de intervención personales, pero que en 2013, elgobierno andaluz sólo aceptó 2 altas frente a 70 bajas y 1 alta por 15 bajas en lo que llevamos de 2014.

Mientras el proceso legal sigue su curso, las trabajadoras del servicio ha protagonizado la segunda, y última, de las movilizaciones convocadas para exigir el cobro de sus salarios. Una concentración ante el Ayuntamiento que el equipo de Gobierno podría haber evitado de haber apoyado la moción que el viernes pasado defendió la presidenta del comité de empresa, María del Carmen García.

El escrito solicitaba que el dinero llegue directamente a la empresa, en lugar de consignarse en el tribunal que instruye la causa contra el Ayuntamiento, y que éste cumpla las medidas cautelares que el juzgado dictó tras presentarse el recurso de la administración autónoma. La moción obtuvo sólo el respaldo de PSOE e Izquierda Unida, así que la segunda movilización se ha mantenido. Ahora, “esperaremos a que el juez se pronuncie”, ha explicado García, con relación a la consignación de fondos. “Después reuniremos a la asamblea y se hará lo que decidan las trabajadoras”.

El abanico de movilizaciones incluye desde nuevas concentraciones hasta una huelga indefinida pasando por paros parciales, ya que no hay visos de que Multiservicios Jabalcuz pueda normalizar los pagos de forma inminente. Las trabajadoras no han cobrado la nómina de febrero ni la de marzo. El dinero que la Junta ha pagado al Ayuntamiento está en el juzgado: 215.858 euros es la suma que ha llegado al tribunal con cargo a los servicios prestados desde el pasado 3 de diciembre. El juez pidió al Ayuntamiento que explicara por qué consignaba los fondos en su cuenta. Una vez presentadas las aclaraciones municipales, el juez deberá decidir que hace con ello. Esa es la respuesta que aguardan las trabajadoras antes de decidir nuevas acciones.

El conflicto por la dependencia en Jaén arrancó a comienzos de octubre de 2013, después de que, durante meses, el alcalde amenazara con denunciar el convenio si la Junta no pagaba el dinero pendiente. Dicho y hecho. Denunció el convenio y desde el 3 de diciembre dejó la gestión. Un mes y medio más tarde, la Junta presentó un recurso contencioso administrativo, reclamando medidas cautelares. Ahora, ese recurso se ha traducido en denuncia. El 2 de mayo, cuando acabe el plazo para que el Consistorio conteste la demanda, será el juez el que tome la palabra.

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