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El secretario de Estado de Seguridad llama al consejero de Presidencia para confirmar que no hubo filtraciones

Andalucía espera que el Constitucional "restablezca la igualdad que destierra la Lomce"

Olga Granado

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha mantenido la tarde de este miércoles una conversación telefónica con el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, en la que le ha asegurado que el Ministerio del Interior no ha filtrado ninguna información sobre la investigación de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) relativa a un supuesto fraude en los cursos de formación para el empleo de la Junta de Andalucía. Esta llamada se producía después de que fuentes del Ministerio del Interior negaran “categóricamente” la filtración que habían apuntado desde la Junta de Andalucía sobre esta investigación.

En este sentido, visiblemente enfadado y serio, el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, exigía poco después de las 13.00 horas una “rectificación inmediata” al Ministerio del Interior por unas informaciones en las que, a su juicio, se persigue presentar una “causa general contra Andalucía”. Ha calificado esta información de “intolerable” y mencionado que haya sido precisamente “en estos días”, insinuando una relación con las actuaciones del juez Pablo Ruz contra el PP.

Se pronunciaba de esta manera en relación con la investigación de la Policía Nacional sobre supuestas irregularidades detectadas en cursos de formación que habrían percibido de forma irregular dinero de la Junta de Andalucía. De momento, en las investigaciones que se están desarrollando en Málaga no aparecen ni sindicatos ni empresas públicas. “Es una vergüenza. El ministro [por Jorge Fernández Díaz] no se ha puesto al teléfono esta mañana”, manifestaba el consejero, quien había intentado ponerse en contacto con el titular del Interior a primera hora para precisamente mostrarle su indignación por una información que considera una “filtración” desde su departamento.

Luciano Alonso, de quien dependen en la actualidad estas subvenciones, ha confirmado que el pasado 14 de enero la Seguridad Social les pidió información de 17 expedientes, todos correspondientes a la provincia de Málaga y dentro de una convocatoria de 2010 por un importe total de 5,9 millones de euros. Y el 14 de febrero se entregaron dichos expedientes, correspondientes a 1,5 millones de euros. “Es el único requerimiento oficial recibido hasta ahora”, ha aseverado.

De esos 17 expedientes, en un caso ya se había iniciado la petición de reintegro “parcial” de la cantidad recibida por no haberse justificado debidamente la inversión, si bien no ha precisado la cantidad. Sí ha dicho que afectan a 11 sociedades limitadas, dos sociedades civiles, dos empresarios y dos asociaciones de empresarios.

En la misma línea, ha informado de que hace siete meses -cuando tomó posesión en el cargo- se inició un “plan de choque” para revisar los expedientes de formación para el empleo “uno a uno desde 2007”. En ese periodo, se han abierto ya 480 requerimientos de información y ya hay 56 expedientes de petición de reintegro de las cantidades recibidas por no estar bien justificada la inversión. La información detallada sobre los mismos la ofrecerá en el Parlamento de Andalucía, “cuando se comunique a los interesados”. Tampoco ha especificado a cuánto asciende la cantidad cuya devolución se pide en esos 56 expedientes. “No hay ningún caso en que la irregularidad haya podido prescribir”, ha puntualizado, si bien no ha ofrecido la cifra de todos los expedientes que se están revisando.

En cuanto al procedimiento, el consejero asegura que se trata de el mecanismo habitual. “El mecanismo es siempre el mismo”, insiste. Se entrega el 75% en concepto de adelanto y cuando se revisa la justificación, se da el otro 25%. En caso de que haya incumplimiento, no sólo no se da ese 25% sino que se reclama el resto. Sí ha confirmado la cifra de 2.000 millones de euros como el presupuesto total invertido en cursos de formación para el empleo desde 2007, a razón de unos 300 millones por año, escepto en 2011 que se consignaron en torno a 500 millones de euros.

En este contexto, Luciano Alonso ha continuado arremetiendo contra el Ministerio del Interior, de donde considera que ha salido esta información para montar “un escándalo” donde “no existe”. Es más, respecto al hecho de que la Comisión Europea haya anunciado que pedirá explicaciones al Gobierno de Andalucía porque parte de los fondos vienen de la UE, ha dicho “que las explicaciones se las pida ”al Ministerio del Interior“.

Por su parte, fuentes de este ministerio han confirmado a la agencia Europa Press que la UDEF viene trabajando “desde hace unos meses” con “absoluta discreción y la máxima reserva” en una investigación abierta “a raíz de datos detectados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social”, en la línea de lo manifestado por teléfono al consejero de Presidencia por el secretario de Estado de Seguridad poco más tarde.

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