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La Junta encarga un informe jurídico sobre su competencia para pedir la titularidad de la Mezquita

La Junta de Andalucía ha encargado un informe a sus servicios jurídicos con el fin de ver si es competente para reclamar la gestión pública de la Mezquita-Catedral.

"Si le compete a la Junta de Andalucía, hará todo lo que tenga que hacer", ha anunciado la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba.

Es la primera administración que da un paso tras el debate abierto por la Plataforma Mezquita-Catedral que pide la titularidad pública para el monumento declarado Patrimonio de la Humanidad y que ya han reunido más de 80.000 firmas de apoyo.

La Mezquita-Catedral fue inmatriculada por la Iglesia en 2006 apropiándose del monumento y borrando de su nomenclatura desde entonces su carácter islámico.

Un total de 12.000 firmas piden a la Unesco que evite que el Obispado "se apropie de la Mezquita-Catedral"

Después de dos semanas con el debate público abierto sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba, la Junta de Andalucía ha sido la primera administración en dar un paso al frente al respecto. Este viernes, ha anunciado que ha encargado un informe jurídico para conocer si es competente para reclamar la titularidad pública del monumento.

La delegada de la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Isabel Ambrosio, ha explicado que esta administración "lo que ha hecho ha sido encargar un informe jurídico para ver si es competente", con el fin de solicitar la gestión o la titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba.

De hecho, la Junta de Andalucía, junto a la UNESCO, es a quien se dirige el manifiesto de la plataforma ciudadana que reclama la gestión pública del monumento. Y a ella se le solicita que intervenga con el fin de "evitar que el Obispado de Córdoba se apropie de la Mezquita-Catedral de Córdoba". 

Ambrosio, que ha admitido que "a título personal" ya ha firmado el manifiesto de apoyo a la plataforma para que el monumento "sea de todos", ha explicado que, con el informe jurídico encargado, la Junta ya se ha hecho eco de esta demanda ciudadana que en poco más de dos semanas ha reunido más de 80.000 firmas a través de change.org.

En ese mismo sentido, Ambrosio ha asegurado que si el informe jurídico señala que "le compete a la Junta de Andalucía" la posibilidad de reclamar la titularidad pública del monumento, el Gobierno andaluz "hará todo lo que tenga que hacer", aunque no ha entrado en más detalles al respecto.

La apropiación del monumento le costó 30 euros a la Iglesia

Cabe recordar que fue en 2006 cuando el Obispado de Córdoba inscribió la Mezquita-Catedral a su nombre en el Registro de la Propiedad. Apropiarse así en apariencia de este monumento considerado Patrimonio Mundial le costó solo 30 euros gracias a dos artículos de la Ley Hipotecaria franquista que daba categoría de administración pública a la Iglesia católica y que posibilitó que, con la sola firma del obispo, fuera suficiente para registrar a nombre de la Iglesia un bien público no registrado hasta la fecha.

Pero ahora, la Plataforma Mezquita-Catedral se ha levantado desde la iniciativa ciudadana contra esta apropiación del monumento. Las firmas recogidas como apoyo social, la adhesión a sus objetivos de personalidades de relevancia en el mundo de la cultura y el pensamiento a nivel estatal, así como una hoja de ruta prevista a nivel administrativo y político, se suman a la vía jurídica en la que se basan para señalar que la inmatriculación de la Mezquita-Catedral por parte de la Iglesia es inconstitucional por ampararse en dos artículos de la Ley Hipotecaria franquista que van contra los principios de igualdad y aconfesionalidad del Estado.

"Hace 30 años que la Mezquita-Catedral de Córdoba fue declarada Patrimonio Mundial por la Unesco, no solo por su extraordinaria riqueza y complejidad sino especialmente por tratarse de un paradigma universal de concordia entre culturas", explican en el texto firmado ya por miles de ciudadanos. Y argumentan: "Ante los continuados intentos de apropiación jurídica, económica y simbólica por el Obispado de Córdoba, incumpliendo gravemente los principios que inspiraron dicho reconocimiento, desde la ciudadanía pedimos la intervención de las administraciones públicas y de la Unesco con el fin de preservar del peligro que corre su declaración como Patrimonio Mundial”.

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