La Junta de Andalucía reconoce que “las condiciones de vida de los CIE son incluso peores que las que hay en la cárcel”
El director general de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía, Luis Vargas, ha reconocido que “las condiciones de vida de los CIE son incluso peores que las que hay en la cárcel” pero que la competencia es estatal y la administración pública andaluza poco puedo hacer respecto a los planes del Gobierno del PP y del ministro Juan Ignacio Zoido de no solo no cambiar el modelo sino de ampliarlo con la proyección de tres nuevos centros de internamiento para extranjeros, dos de ellos precisamente en Andalucía (Algeciras y Málaga).
La postura de la Junta, expuesta a preguntas de este periódico en un acto público en la Fundación Tres Culturas junto a la federación Andalucía Acoge, difiere bastante precisamente de la expuesta por el propio Zoido a comienzos de año, cuando dijo en el Congreso que los CIE “no tienen carácter penitenciario” y se acerca más a la pronunciada un par de veces ya por una jueza, al menos en lo referente a Algeciras y Tarifa, que hablaba de unas características son más propias de un “régimen carcelario” y con 31 medidas a cumplir por el Ejecutivo central.
En cualquier caso, el representante autonómico en materia de inmigración señala que “no es un modelo que yo diga que tenga que desparecer, porque a lo mejor hay casos de personas con condena firme que deban ser expulsadas, pero lo que no puede ser es privar de libertad a personas sometidas exclusivamente a un expediente administrativo sobre una eventual irregularidad. Si de lo que se trata es de tener localizada a la persona a efectos del procedimiento, pudiera estar en pisos de acogida o bajo la tutela de alguna ONG y no impedir su libertad de movimiento”, ha comentado Vargas.
Al director general le constan, según aseguró, “algunas proposiciones no de ley en el Congreso de los Diputados” pero que más allá de eso y de “declaraciones institucionales”, la Junta no puede hacer nada al ser una cuestión legislativa de carácter estatal. “Lo sorprendente es que Juan Ignacio Zoido prometa primero que va a hacer una reforma del reglamento para que ese tipo de situaciones no se produzcan y sin embargo luego lo refuerza. Parece que hay dinero para centros carcelarios pero no para otras fórmulas que sean más respetuosas con el derecho”, ha añadido.
En todo caso, el director ha derivado la cuestión a “la presión que hagan las ONG, con todas las limitaciones que tienen”, para alcanzar un hipotético cambio en el modelo de gestión de los CIE, “una zona oscura en la que el cumplimiento del derecho queda en un segundo plano”, reconoció también Luis Vargas. “Hay un completo consenso en ese plano por parte de casi la totalidad de las fuerzas políticas, incluido una parte del PP, pero eso está encima de la mesa de la Comisión de Interior”, concluyó.
