La Junta de Andalucía solicita el reintegro de 71,9 millones por fondos de formación

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha elevado este miércoles a 71,9 millones de euros la cantidad que la Junta de Andalucía reclama en este momento a las empresas que han justificado de forma incorrecta o no han justificado ayudas a los cursos de formación profesional para el empleo, y corresponden a 1.013 expedientes. Como el ex consejero Luciano Alonso hasta febrero, Sánchez Maldonado ha comparecido a petición propia y ha anunciado que informará de manera regular acerca de la evolución en la justificación de estos expedientes en todas las comisiones ordinarias de la Comisión de Empleo ante las denuncias y las ivnestigaciones por supuestas irregularidades.

Durante su comparecencia ante el Pleno del Parlamento para informar sobre el proceso de revisión de expedientes, Sánchez Maldonado ha querido plantear una foto fija de esta cuestión. Estas son las cifras ofrecidas:

8.505 son los expedientes de subvenciones otorgadas entre 2007 y 2012 que están revisando por parte del personal de la Consejería de Empleo y que corresponden a 1.613 millones de euros. El 87% de los mismos (7.427 expedientes) han sido revisados ya. Los otros 1.077 aún están dentro del plazo de justificación de las subvenciones recibidas (que corresponde a 222 millones de euros).

De estos 7.427, son 5.300 los expedientes verificados (728 millones) y aún quedan 2.127 en trámite de verificación, es decir, todavía se están revisando.

De los 5.300, se ha determinado el reintegro en firme en 1013, y es aquí donde está el importe de 71,9 millones de euros. Otros 190 expedientes, por valor de 167,5 millones, se encuentran aún en proceso de reintegro, esto es, que puede exigirse finalmente la devolución o no. Y 4.097 expedientes (485 millones) han sido justificados correctamente.

“El Gobierno andaluz es el primer interesado en que se esclarezca el destino de estas ayudas”, ha manifestado el consejero del ramo, y ha solicitado “colaboración y ayuda” al resto de grupos parlamentarios, y ha pedido que no se ponga “en tela de juicio la inmensa labor” que se ha hecho desde la Consejería y “evitar una causa general”. Maldonado ha aprovechado para valorar la “extraordinaria labor de transparencia de Luciano Alonso” y el “apoyo de IU a la hora de establecer las medidas de salvaguarda que se pusieron en marcha en el anterior gobierno”.

José Antonio Castro (IU) también ha valorado el papel de la federación de izquierdas durante su etapa de Gobierno junto al PSOE en este asunto y ha pedido al consejero que siga la estela de Alonso y comparezca “mes a mes” y “expediente a expediente”. Ha mostrado satisfacción porque entiende que “se mantiene la hoja de ruta que se puso en marcha con la novena legislatura”. Sin embargo, ha pedido “reflexión” al nuevo titular de Empleo. “No acusamos de corrupción pero sí de desmadre. ”Nadie vigilaba. Nuestra impresión es que en este guirgai había gente que se ha aprovechado de esto“, ha afirmado. ”El recurso casi permanente al silencio administrativo dio pie a prácticas muy dudosas“ y el consejero y el Gobierno ”deberían darnos un porqué“.

Por su parte, Juan Marín, líder de Ciudadanos, ha dicho que las ayudas a la formación han supuesto “uno de los mayores escándalos” porque ha “engordado las cuentas corrientes de unos pocos con el dinero de los desempleados”. “La mayoría de estos dineros públicos se otorgaron sin ningún tipo de control”. No obstante, también ha valorado como una buena noticia “que con la mayor parte de los expedientes se estén llegando a término”.

La portavoz de Podemos, María del Carmen Lizárraga, ha denunciado la “incapacidad” del Gobierno andaluz para generar nuevas fórmulas de formación que no estén “bajo sospecha” y ha lamentado que en la comunidad con más desempleo de Europa se haya actuado a lo “Hood Robin” en vez de a lo “Robin Hood”, es decir “sacarle el dinero a los pobres para dárselo a los ricos”.

Teresa Ruiz Sillero, portavoz de Empleo del PP, ha preguntado al consejero si se van a asumir “responsabilidades políticas” por las “ilegalidades que han puesto de manifiesto los interventores provinciales”, y ha recriminado a la Junta que tenga paralizados los programas de la formación para el empleo. Ha acusado al Gobierno andaluz de “censura” por, asegura, no permitir la intervención de determinados interventores en la Comisión de Empleo y ha interpelado a IU por ser “cómplice” de lo sucedido.

Como remate, Maldonado ha anunciado que antes de que finalice el año el Gobierno andaluz podría sacar alguna convocatoria de la formación profesional para el empleo, paralizadas hace tres años con el comienzo de las investigaciones.