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La Junta resolvió cerca de 57.000 solicitudes del Ingreso Mínimo de Solidaridad en 2016
La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía resolvió durante el pasado año 2016 un total de 56.884 solicitudes del Ingreso Mínimo de Solidaridad de los andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad.
Según destaca en un comunicado la titular de este departamento, María José Sánchez Rubio, estos datos reflejan un “descenso muy significativo” en el número de solicitudes desde 2015 “debido a la mejora de los indicadores económicos en Andalucía, entre ellos el descenso del paro”.
Junto a ello, Sánchez Rubio también resalta la garantía de presupuesto por parte de la Junta de Andalucía para atender esta demanda con 90 millones de euros para 2017, lo que supone “casi triplicar” los 37 millones presupuestados hace 10 años.
La consejera señala que los datos reflejan “el compromiso de la Junta de Andalucía con las personas más vulnerables”, aquellas que recurren al salario social porque no encuentran otra salida, si bien recuerda que “la ciudadanía quiere generación de empleo, por lo que la estrategia pasa por combinar este tipo de ayudas con el fomento del empleo y la formación para mejorar la empleabilidad”.
El Decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula la creación del Programa de Solidaridad, regula un programa que no está sujeto a convocatoria cerrada, sino que en todo momento, de forma abierta y permanente cabe la posibilidad de presentación de solicitudes por aquellas personas y familias andaluzas que se encuentren en situación de falta de recursos económicos suficientes para el desarrollo de una vida digna.
Según la Junta, con esta medida se pretende ayudar a aquellas unidades familiares en las que los ingresos existentes, teniendo en cuenta todas las personas que la integran, no superen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Por último, Sánchez Rubio recuerda que la reciente Ley de Servicios Sociales de Andalucía establece como prestación garantizada estas prestaciones económicas orientadas a la erradicación de la marginación y la desigualdad. Junto a ello, la consejera adelanta que la Junta ha abierto a consulta pública previa la modificación del decreto que regula el programa de solidaridad, que se adecuará a las nuevas necesidades sociales tras casi 20 años de funcionamiento.
