En vigor los controles extra en los fondos públicos en Andalucía

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha manifestado este martes que la orden publicada sobre las transferencias de financiación tiene como fin “rendir cuentas” a los ciudadanos de que el dinero público está bien empleado, vista “la experiencia después de lo ocurrido en los últimos años”, en alusión al caso de las irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE).

En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, ha recalcado que esta orden, publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), supone reforzar los mecanismos y la capacidad que tienen la Intervención General de la Junta de Andalucía para poder controlar mucho mejor el dinero público, una vez que se ha producido la transferencia de financiación o se ha ejecutado.

“Para que los ciudadanos nos entiendan, de lo que se trata es de aplicar aquellas medidas que, vista la experiencia después de lo ocurrido en los últimos años, tengamos la capacidad de reforzar los mecanismos de rendición de cuentas y de fiscalización de cualquier parcela de la administración”, ha expresado la consejera. Ha expuesto que se refuerzan los mecanismos “antes y después”, en lo que se llama fiscalización previa, en donde los interventores van a tener que chequear bien para qué se dirige el fondo y en qué términos, y una vez que se ha gastado, en todas las auditorías que se hacen, ver si realmente han cumplido con sus fines y objetivos.

Por su parte, el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, ha aplaudido la medida, si bien ha pedido que el fortalecimiento de estos mecanismos no sea sólo para las empresas públicas, “sino que vincule a todo el sector económico de la Junta de Andalucía y de la administración general”. Ha enfatizado que la orden es “indudablemente positiva”, mostrándose convencido de que medidas como ésta contribuyen a algo fundamental para IU en su participación en el Gobierno de Andalucía: el control, la fiscalización y la transparencia de los fondos públicos.

En esta materia cobra una especial relevancia la propuesta de abordar la reforma de la Ley de la Cámara de Cuentas, una institución que necesita un “blindaje” para aumentar el grado de fiscalización y la autonomía. En su opinión, “ahí es donde puede estar la clave sobre el control financiero de la Junta de Andalucía”.

Mientras, el presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno, ha dicho que “todo lo que suponga un mayor control en la fiscalización” le parece “positivo” pero que “lo que hace falta es dotar de transparencia máxima a toda la gestión de los fondos públicos y, especialmente, los relacionados con el empleo y la formación”.

“Lo que pido desde hace ya prácticamente semanas es que la presidenta, Susana Díaz, nos dé información al conjunto de los andaluces porque eso facilita serenidad y facilita tranquilidad y certidumbre, que es lo que muchos sectores necesitan y que ahora están agobiados... También las pymes que han recibido esos fondos públicos y otro tipo de organizaciones como patronales o sindicales”, ha argumentado.