La Ley de Participación se atasca en los borradores
La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, se comprometió en su discurso de investidura a que el anteproyecto de la Ley de Transparencia estaría a finales de 2013, pero su elaboración lleva meses atascada en las negociaciones entre los dos socios de Gobierno, que han dado vueltas a sucesivos borradores sin que todavía tenga fecha para entrar en el consejillo (reunión preparatoria del Consejo de Gobierno). Y precisamente se cumple ahora un año desde que el vicepresidente Diego Valderas, responsable de la Consejería de Adminstración Local y Relaciones Institucionales encargada del texto, iba a presentar el borrador en el marco del IX Congreso del Voluntariado celebrado en Sevilla y donde finalmente, pese a estar en la agenda del evento, no se hizo y sólo se esbozó una declaración de intenciones.
“Se le está dando muchas vueltas y hay algunos puntos de fricción”, reconocen fuentes de la negociación, que vinculan este retraso -que impide a la presidenta sumar la ley a su lista de “dicho y hecho” de los compromisos anunciados en su investidura- al interés por “hacer la mejor ley posible”. Cabe recordar que junto a la Ley de Transparencia -en tramitación parlamentaria donde ha recibido un centenar de enmiendas- y a la Ley de Participación Institucional -será la siguiente que comience a tomar forma y regulará el papel de las organizaciones en función de su representatividad- integra un paquete de medidas orientadas a propiciar otra forma de hacer política en la que el ciudadano tenga protagonismo de verdad, o al menos se le reconozcan los derechos para poder hacerlo.
En la propia web habilitada para la tramitación de la Ley de Participación queda en evidencia el incumplimiento de los plazos porque recoge literalmente que en noviembre-diciembre de 2013 estaría en el Consejo de Gobierno el anteproyecto. Los principales inconvenientes se están encontrando a la hora de darle forma a la participación en la elaboración de los presupuestos autonómicos. Las mismas fuentes reconocen que no se pueden poner en marcha unos “presupuestos participativos al uso”, como los que se dan en contadas administraciones locales del país, pero sí se quieren vehicular mecanismos para que la ciudadanía pueda estar encima del texto más importante que se aprueba cada año, para poder luego exigir también su cumplimiento.
Las consultas populares, un escollo en el contexto del referéndum catalán
Otro escollo se encuentra a la hora de redefinir la figura de las consultas populares. En el contexto actual del referéndum planteado en Cataluña, desde el PSOE-A están poniendo trabas para que quede “muy claro” de qué se está hablando en Andalucía “para no crear otro cisma”, según apuntan desde esta formación. El portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, ya ha dicho que no se trataría de regular la convocatoria de referéndum, sino de consultas populares “no vinculantes jurídicamente”; pero ha recalcado que para la federación es “irrenunciable” que se incluyan en el texto. Lo cierto es que la figura está recogida en la Ley 20/2001 de Regulación de las Consultas Populares en Andalucía, pero salvo en el caso del camino iniciado el pasado año en Galaroza (Huelva) para votar la privatización del servicio del agua, la ILP (iniciativa legislativa popular) ha brillado por su ausencia en la comunidad autónoma.
Porque la potenciación de las consultas populares para asuntos de relevancia, el control permanente de los presupuestos autonómicos por parte de la ciudadanía y la democracia digital son los pilares sobre los que sentará la futura norma en cuyo periodo de recepción de propuestas por parte los ciudadanos ha recibido más de 6.000 aportaciones, un proceso que también explica parte del retraso.
En este contexto, ya nadie da una fecha para el nuevo texto. Susana Díaz manifestaba en el último pleno del Parlamento de Andalucía que “próximamente se iniciará la tramitación del anteproyecto de la Ley de Participación”, mientras que José Antonio Castro dejaba caer que la norma “está casi en el horno”. Mientras, Diego Valderas inisiste en que con esta ley se pretende “abrir un espacio a la información, transparencia y conocimiento”, y eso “no es fácil” porque “hay que cambiar muchos planteamientos”. Por ejemplo, “cuándo se deben empezar a hacer los presupuestos autonómicos para que dé tiempo” a que la ciudadanía tenga la opción de estar encima. En relación a las consultas populares, subraya que se está trabajando para “instrumentalizar cuáles son de carácter general y cuáles no”, en referencia a la posibilidad de abrir mecanismos para pulsar la opinión de la ciudadanía en cuestiones globales de la comunidad autónoma.
