La Ley de la Función Social de la Vivienda entra en vigor sin fecha para negociarla con Madrid

La Ley de la Función Social de la Vivienda ha entrado en vigor este miércoles tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el martes. Lo ha hecho sin que el Gobierno de la Nación haya respondido a la petición de la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, de la convocatoria de la comisión bilateral que permita debatir sobre su contenido para evitar que sea recurrida como ya ocurrió con el conocido como decreto antidesahucios, suspendido desde el pasado mes de julio.

Lo primero que se ha hecho es reactivar los 18 expedientes de otras tantas familias cuyo desahucio se evitó gracias al decreto luego recurrido, y que ahora estarían amparadas por esta ley. En concreto, la Secretaría General de Vivienda ha instado a las ocho delegaciones territoriales a volver a remitir al (BOJA) todos los expedientes de expropiación abiertos durante el periodo en que estuvo vigente el decreto: entre el 12 de abril y el 9 de julio, cuando el Gobierno de España lo recurrió invocando el artículo 161.2 de la Constitución Española. Las delegaciones territoriales de Málaga (6 expedientes), Sevilla (4), Almería (3), Granada (2), Huelva (2) y Cádiz (1) remiten ahora al BOJA sus expedientes abiertos, lo que supone el reinicio del proceso de expropiación temporal del uso. En el caso de Málaga, la que más tiene, ya está formalizado el escrito para el BOJA, lo que abrirá 15 días de plazo para reclamaciones.

Estos 18 expedientes son de viviendas del BBVA (3), Banesto (3), Banco Santander (2), Banco Popular (2), Caja Rural de Granada (2), Banco de Sabadell (1), Caja Rural del Sur( 1), Deutsche Bank (1), A Y T Fondo Hipotecario Mixto (1), Citifin (1) y Gescat Viviendes (1), según información facilitada por la consejería. En paralelo, se estudiará medio millar de solicitudes pendientes, de otras tantas familias con riesgo de ser expulsadas de sus viviendas.

Mientras Madrid no recurra la ley en el Tribunal Constitucional argumentando por ejemplo invasión de competencias, para lo que tiene tres meses de plazo, la Junta de Andalucía tiene vía libre para aplicarla, y entre otras cosas, proceder a expropiaciones para evitar desahucios, como contempla la norma, tarea en la que ya está inmersa, según han confirmado desde la Consejería de Fomento y Vivienda. La consejera ha renocido que Madrid ha mostrado “voluntad de diálogo” y ella está dispuesta a reunirse en cualquier momento para que la norma sea tratada en el mismo marco que la ley que Cataluña aprobó en el mismo sentido, si bien todavía sigue a la espera. Todos los ojos están puestos en el Consejo de Ministros del viernes, por si el recurso se presentara esta semana, dado que el PP ya había dejado claro su rechazo a esta propuesta.

La ley, igual que hacía el decreto, prevé la inspección del parque de viviendas para detectar inmuebles vacíos y, eventualmente, sancionar a las personas jurídicas propietarias. Se contemplan sanciones de hasta 9.000 euros a personas jurídicas (bancos e inmobiliarias) que tengan viviendas vacías; incentivos para personas físicas para que pongan en alquiler las suyas; multas de hasta 120.000 euros para las entidades financieras que no den un uso social a viviendas protegidas; y expropiación temporal de tres años de las que hayan sido embargadas a personas en riesgo de exclusión social para evitar su desahucio. La ley es incluso más ambiciosa que el decreto, ya que amplía la protección para evitar el desahucio de avalistas, autónomos y los compradores sometidos a la figura de la hipoteca puente.

No obstante, la Junta de Andalucía ha confirmado que ninguna de ellas ha sido desahuciada, pese a que el decreto quedó sin efecto, dado que los propietarios han mostrado “sensibilidad”. Pero hay también más de medio millar de expedientes abiertos, con familias que han solicitado acogerse a esta protección para evitar ser expulsadas de sus viviendas, y que podrán continuar ahora su su curso.

Dicha ley, aprobada por el Parlamento de Andalucía con los votos a favor de PSOE e IU y en contra del PP, contempla también el cambio de denominación de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), que pasa a llamarse Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).