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El PSOE-A rehace la propuesta para los funcionarios con el fin de evitar otro rechazo de la oposición

El Consejo de Gobierno ha dado este martes luz verde a la toma en consideración de la proposición de ley para la función pública de los socialistas.

El portavoz subraya que es "idéntica" al texto que fue tumbado por el PP-A y Podemos el mes pasado, pero se ha eliminado un artículo en su totalidad.

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El Consejo de Gobierno ha mostrado su criterio favorable a la toma en consideración y a la tramitación de la proposición de ley presentada por el grupo del PSOE-A en el Parlamento de Andalucía para modificar la Ley 6/1985 de la función pública, y que fue registrada a comienzos de mes. La propuesta "va en la línea del decreto ley elaborada por la Consejería de Hacienda y Administración Pública que fue tumbado en el Parlamento de Andalucía", en palabras del portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, quien ha dicho que los dos textos son "idénticos" y "como dos gotas de agua". Sin embargo, hay variaciones con respecto a la proposición de ley que se va a debatir próximamente a propuesta del PSOE-A y el decreto ley que en su día presentó el Gobierno de Andalucía y que, no sólo contó con el voto en contra del PP-A y Podemos (C's e IU se abstuvieron), sino que también dividió a los principales sindicatos. Su derogación se produjo el pasado 23 de septiembre, tras una primera votación que finalizó con el mismo número de votos a favor y en contra de la convalidación, y una segunda en la que se contabilizaron 46 positivos (PSOE-A), 48 negativos (PP-A y Podemos) y 14 abstenciones (IU y C's).

Esta vez, la primera conclusión es que casi con toda probabilidad esta proposición de ley saldrá adelante sin problemas porque Podemos no va a votar en contra, y con su abstención, incluso aunque el PP-A se opusiera, sería suficiente. Considerando incluso que C's e IU mantengan la misma postura que en el pleno del mes pasado. Eso permitirá que se reconozca la antigüedad de su etapa como interinos de los funcionarios que se presenten a concursos de promoción interna, para también convocar las oposiciones, que la Junta de Andalucía precisamente había decidido dejar en el aire hasta resolver esta cuestión. Es, de hecho, una norma que esperan con incertidumbre más de 20.000 funcionarios. Es más, hace unas semanas el pleno instaba unánimemente a la Junta de Andalucía a convocar ya la oferta pública de empleo independientemente de esto.

Dicho esto, conviene precisar que pese a que desde el Gobierno de Andalucía se ha insistido en que se va a presentar lo mismo y que esta vez no tendrán la oposición de Podemos "porque ha rectificado y se ha dado cuenta de su tremendo error", lo cierto es que hay cambios. En concreto, la proposición de ley reduce notablemente el texto sometido a debate, porque de las más de 4.500 palabras que tenía el decreto ley, se queda en poco más de 1.500. También elimina una de sus disposiciones finales que pretendía establecer una retroactividad, pues contenía que era "de aplicación a los procedimientos de promoción interna convocados en cumplimiento del Decreto 90/2013" de la oferta de empleo público de dicho año, todavía en curso.

En todo caso, el principal cambio está en que la proposición de ley se ha quedado en un único artículo. Se ha suprimido todo el artículo 2 del decreto ley que preveía la modificación del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, del Decreto 2/2002. Esa modificación incluía por ejemplo que la valoración del trabajo desarrollado se llevaría a cabo teniendo en cuenta la experiencia adquirida en el desempeño del puesto desde el que se participara en el concurso, "que se puntuará igual con independencia de su forma de provisión", y establecía un baremo con hasta nueve criterios. Igualmente, fijaba que en el caso de que el nivel de los puestos desempeñados se hubiese modificado, "la valoración del trabajo desarrollado se llevaría a cabo en función del nivel que en cada momento tuviesen asignados los mismos". Entre otros criterios, recogía que "para la valoración del trabajo desarrollado el número total máximo de años a computar será de cinco" y que se contarían "a la fecha de la finalización del plazo establecido para la presentación de solicitudes".

Precisamente, en esto estaba el meollo de las críticas de la oposición, que rechazaban que la experiencia quedara reducida "sólo a los últimos cinco años como máximo". Entre otras cosas, según subrayó la diputada de Podemos Begoña Gutiérrez, porque se podían establecer discriminaciones entre los funcionarios. "La experiencia vale lo mismo tanto si el puesto desde el que se concursa es definitivo porque se lo ha ganado el funcionario en buena lid, como aquellos otros que son adjudicados provisionalmente por la vía digital", exponía.

La lectura polémica de una sentencia

El portavoz ha defendido este martes la tesis del Gobierno de Andalucía de que esta modificación es necesaria para cumplir las directivas europeas. De hecho, el  PSOE-A se ha remitido durante todo el mes que lleva esta polémica a sentencias de tribunales superiores de nuestro país y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que obligaban a corregir contradicciones y modificar su norma, incidiendo una y otra vez en la "irresponsabilidad" del PP-A y Podemos por haber paralizado el decreto ley, cosa que éstos hicieron sosteniendo que querían evitar "un aluvión de recursos" que temían que llegara con el texto tal y como se ha había planteado.

Cabe recordar también que el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) acusó en un comunicado al Gobierno de Andalucía de "intentar confundir a los funcionarios con argumentos que no se sostienen", en relación a que "no hay sentencias contradictorias: ni el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ni el Tribunal Supremo (TS) han reconocido los servicios previos de los interinos en los concursos de méritos de los funcionarios". En cambio, sí hay sentencias que han creado jurisprudencia "que dicen que hay razones objetivas para el distinto trato". El SAF también aclaraba en dicho comunicado que el hecho de que el Gobierno de Andalucía se remita a sentencias del TJUE también contribuía a la confusión. "No existe sentencia del TJUE sobre los concursos de méritos (...). Hay una manipulación de una sentencia de una promoción interna, donde un funcionario que no poseía la titulación académica para acceder al grupo superior, la administración se lo convalidaba por años de experiencia, pero nunca en un concurso de méritos".

Por otra parte, el portavoz se ha referido a que Podemos ya presentó una proposición de ley en el mismo sentido de la del PSOE-A que ahora ha recibido el beneplácito del Consejo de Gobierno. De hecho, Podemos la registró incluso tres días antes que el PSOE-A la suya, pese a lo que los socialistas acusaron a los de Teresa Rodríguez de "plagio". Y efectivamente, las dos proposiciones de ley son iguales, pero no idénticas al decreto ley, como ha querido hacer ver el PSOE-A, porque se han introducido los citados cambios. De todas maneras, la de Podemos no prosperó y, de hecho, fue criticada durante por el PSOE-A porque pretendía que se aprobara por lectura única, lo que de nuevo ha reprochado este martes el portavoz a "los que abogan por el diálogo y la negociación".

En este contexto, este martes el presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno, ha anunciado que su grupo impulsará la aprobación de una Ley de la Función Pública de Andalucía, ya que destacó la importancia de que "se legisle desde el consenso y la participación y no a golpe de decreto ley y que se haga con el beneplácito de todas las fuerzas políticas y los sindicatos". Durante su intervención en la apertura del Congreso Regional de CSIF-A, se ha comprometido a presentar un nuevo proyecto, "una ley moderna", con "seguridad jurídica" y que cumpla las directivas europeas.

Por otra parte, tras este espaldarazo a la proposición de ley del PSOE-A, el Consejo de Gobierno ha rechazado la toma en consideración y la tramitación de una del PP-A para una rebaja fiscal en el tramo autonómico del IRPF, que, en entre otras cosas, "carece de memoria económica". Entiende el Gobierno de Andalucía que "pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos de déficit". Por ello, ha conminado a los populares a hacer esta propuesta en el marco de las enmiendas del presupuesto autonómico para 2016, pendiente de la aprobación por parte del Parlamento de Andalucía y ha recordado que las cuentas ya prevén una rebaja fiscal, que beneficiaría a las rentas más bajas.


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