La Hermandad de la Macarena aboga por “tratar poco a poco” el caso de la tumba de Gonzalo Queipo de Llano

José Antonio Fernández Cabrero, hermano mayor de la Hermandad de la Macarena desde el pasado mes de noviembre, ha abogado este miércoles por “ir tratando poco a poco” el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Sevilla que reclama que la basílica deje de acoger los restos mortales del general golpista Gonzalo Queipo de Llano.

En declaraciones a los medios de comunicación junto al propio alcalde, el socialista Juan Espadas, José Antonio Fernández Cabrero ha negado que haya cualquier “problema” en cofradía por el requerimiento del pleno para que el templo de la entidad no siga albergando la tumba del conocido general, al que se atribuyen los fusilamientos perpetrados en Sevilla tras el golpe de estado de julio de 1936.

En ese sentido, el hermano mayor ha apostado por “ir tratando poco a poco” el asunto, exponiendo que la tumba del militar “lleva unas décadas” en la basílica y aún no se sabe si dicha situación se prolongará durante “décadas o días”.

Juan Espadas, de su lado, ha pedido dejar que el nuevo hermano mayor trabaje en el asunto, manifestando que le consta que “así lo está haciendo”. De este modo, ha abogado por “dejar el asunto en el ámbito de la hermandad”, que en julio de 2017 manifestaba que había depositado el caso en sus servicios jurídicos.

Hace ya más de un año y medio, el pleno aprobaba una moción promovida por IU, condenando el golpe de estado militar del 18 de julio de 1936, repudiando al general y rechazando que sus restos sigan enterrados en la basílica, por constituir “una clara ofensa para los familiares de las víctimas del franquismo y para los demócratas”. La moción fue aprobada de forma unánime en todos sus puntos, salvo el relativo a sacar de la basílica los restos, un punto que contó con el voto contrario del PP y la abstención de C's.

Después de dicho acuerdo el gobierno local anunciaba su intención de enviar cartas al Arzobispado de Sevilla y a la Hermandad de la Macarena respecto al contenido de las leyes estatal y autonómica de memoria histórica, y las obligaciones que de ellas derivan para las entidades privadas. Juan Espadas, eso sí, matizaba después que los “contactos” institucionales con los mismos estaban destinados a la materialización del mencionado acuerdo plenario por la vía del diálogo y el consenso.