Maeztu analiza la inclusión de los presos en las nuevas terapias contra la hepatitis C tras alertar de “dificultades”

En el texto de la actuación, consultado por Europa Press, el Defensor señala que ha conocido diversos casos, tramitados en las correspondientes quejas, de personas reclusas enfermas de hepatitis C que expresaban sus “dificultades” para acceder a las atenciones médicas y prestaciones farmacológicas. Entre las quejas tramitadas, “se ha detectado una circunstancia común como es que estos pacientes no acceden al tratamiento más idóneo, acorde con su diagnóstico, en términos análogos al resto de la población”, añade.

Así, destaca que esta cuestión ha sido abordada más específicamente con motivo de la queja de oficio 14/1378 que se tramita en estos momentos a la espera de cumplimentar la información requerida a través del Defensor del Pueblo Estatal ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

No obstante, la Defensoría señala que ha tomado constancia de la continua aparición de nuevos fármacos y de técnicas terapéuticas sometidas a un permanente proceso de innovación y adaptación --como el caso del Sovaldi, que presenta unos resultados curativos muy superiores a los productos anteriores--, que generan las demanda por parte de afectados y familiares, quien han protagonizado una “notoria” movilización ciudadana a la hora de requerir del Sistema Nacional de Salud la incorporación de este producto entre la cartera de fármacos disponibles, bajo los imprescindibles criterios y controles médicos.

“ALTA PREVALENCIA” DE LA ENFERMEDAD EN LAS CÁRCELES

Esta demanda social, afirma, ha sido respondida por parte del Ministerio de Sanidad, entre otras medidas, con la creación de un grupo de estudio encargado de elaborar un plan específico de respuesta ante la enfermedad, señala la queja. Pues bien, al hilo de estos trabajos previstos, la Defensoría ve “imprescindible” dos cuestiones. De un lado, en el marco de la Conferencia Intersectorial en la que están presentadas las comunidad autónomas, hacer especial hincapié en la existencia de “una destacada prevalencia” de pacientes con hepatitis C internos en las cárceles andaluzas.

Y de otro, prosigue, en tanto en cuanto se avanza en estos trabajos, apunta que “no se puede olvidar la situación de auténtica angustia que pesa en muchos de estos pacientes presos y sus familias cuya patología exige una adecuada respuesta coincidente con las prestaciones del Sovaldi”.

“No podemos dejar de apuntar, a la hora de motivar esta actuación de oficio, el impacto que tiene para la evolución de esta delicada patología los retrasos en fijar el diagnóstico y, cuánto más, en el acceso al tratamiento adecuado. La evolución de esta dolencia, en particular la hepatitis C genotipo 1A ofrece pronósticos muy graves hacia la cirrosis o formas de carcinoma hepático si no es tratada en los plazos de respuesta médica aconsejados”, lamente el Defensor.

En este sentido, Maeztu asegura que recientemente, la Institución ha tenido conocimiento de “graves casos de extrema urgencia” de enfermos internos que “serían clínicamente idóneos para merecer este medicamento de Sovaldi, pero que no acceden al mismo”. Por ello, a su juicio, “es muy necesario” conocer el número de personas que se encuentran en este estadío y que esperan que se dispense este producto.

De este modo, el Defensor abre esta queja de oficio ante el departamento que dirige en funciones María José Sánchez Rubio para conocer régimen común de dispensación del Sovaldi en el sistema andaluz de salud, el número de pacientes internos en prisión susceptibles de obtener la prescripción del producto, así como el número de enfermos reclusos que lo hayan recibido.