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El abogado de Magdalena Álvarez renuncia a su defensa en el caso ERE “por razones de edad”

Europa Pres

El abogado de la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía Magdalena Álvarez ha renunciado a su defensa en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. En un escrito, Horacio Oliva argumenta “razones de edad” para su decisión, de manera que la defensa de la exconsejera la continuará ejerciendo el letrado Rafael Alcácer Guirao.

Hay que recordar que Magdalena Álvarez está siendo investigada dentro de la pieza separada relativa al procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso ERE, pieza que afecta a un total de 51ex altos cargos de la Junta de Andalucía. Entre ellos se encuentran todos los que fueron aforados en el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), como son los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Francisco Vallejo, Manuel Recio y Gaspar Zarrías. En el marco de esta pieza separada, la defensa de Magdalena Álvarez aportó un informe en el que un perito defiende que la exconsejera “actuó en todo momento con sujeción a la legalidad financiera y presupuestaria”.

El 21 de diciembre de 2015, Juan Ramallo Massanet, catedrático emérito de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Autónoma de Madrid y miembro emérito del Tribunal de Cuentas Europeo con sede en Luxemburgo, compareció ante la jueza María Núñez Bolaños y ratificó su informe sobre las competencias de Magdalena Álvarez en la elaboración presupuestaria. El perito ratificó este dictamen que versa sobre las competencias de Magdalena Álvarez en la elaboración, ejecución y control del presupuesto de la comunidad autónoma de Andalucía, “con especial referencia a su actuación” en la dotación de créditos del programa 31.l para ayudas sociolaborales y al control de la legalidad de los gastos generados con cargo a dichos créditos durante el periodo 2000-2004.

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