La jueza que investiga el brote de listeriosis imputa a una inspectora veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla

La jueza de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, que investiga el caso Magrudis tras el brote de listeriosis producido el pasado verano, ha citado como investigada a la inspectora veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla, responsable de unas inspecciones realizadas en noviembre de 2016 y en julio de 2017 en la empresa, y tendrá que declarar el próximo 14 de febrero.

El pasado 7 de noviembre, el equipo jurídico de Facua solicitó a la titular del juzgado que imputase por un posible delito de prevaricación a la responsable municipal de esas inspecciones a Magrudis. Se trata de una de las inspectoras veterinarias del Servicio de Consumo de la Dirección General de Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla.

Hace unas semanas la juez confirmó que el Consistorio podía ejercer la acusación particular y ahora, en una providencia, la magistrada ha acordado esta imputación, que fue solicitada el pasado 7 de noviembre por esta asociación de consumidores, que ejerce la acusación particular, así como que el Consistorio fuera considerado responsable civil subsidiario.

De esta manera, el Ayuntamiento tendría que asumir el pago de las indemnizaciones que se acordaran por encima del seguro de Magrudis, que sólo cubre 300.000 euros, y de las cantidades que abonasen o fuesen embargadas a las personas físicas y jurídicas que resulten condenadas al pago de responsabilidades civiles, ha informado Facua en un comunicado.

Desde esta entidad han subrayado que “la investigación policial ha puesto de manifiesto que se produjeron aún más irregularidades en las responsabilidades inspectoras del Ayuntamiento de Sevilla que las que ya había dado a conocer la propia asociación entre agosto y octubre de 2019”. De hecho, manifiestan que si el ente municipal “hubiera hecho correctamente su trabajo, Magrudis habría sido clausurada a finales de 2016”.

Cabe recordar que Facua ya denunció a finales de agosto “un cúmulo de dejaciones de responsabilidades por parte del Consistorio hispalense, dado que no detectó que Magrudis desarrollaba su actividad sin la debida licencia municipal y que llegó a reducir de forma indebida el nivel de riesgo de la empresa en una inspección realizada en julio de 2017, aumentando con ello los plazos de los controles”, decisión que fue adoptada por el informe elaborado por la veterinaria que ha sido imputada.

Además, pese a que la siguiente inspección tuvo que haberse realizado en año y medio después, en enero de 2019, no se produjo hasta agosto, como consecuencia de la alerta por listeria en sus productos, sostienen desde la asociación.

PIDIÓ DOCUMENTACIÓN SOBRE LAS INSPECCIONES

En una providencia del pasado noviembre, la jueza requirió al Consistorio documentación relativa a las inspecciones que realizó en la sede del entramado y que le aclarase qué actuaciones llevó a cabo --o si no emprendió ninguna-- al detectar diferentes anomalías y tras recibir la declaración responsable de la empresa para legalizar su actividad cinco años y medio después de que la hubiera iniciado.

La juez libró oficio al Servicio de Consumo de la Dirección General de Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla “a fin de que informen a este Juzgado si se incoó algún expediente sancionador tras la inspección realizada el 24 de noviembre de 2016 en la sede de la mercantil Magrudis, tras detectar que, aunque existe sistema de autocontrol, falta cumplimentar las diferentes hojas de registro”.

Por otra parte, al constar únicamente las actas de inspección del 24 de noviembre de 2016 y la del 18 de julio de 2017, la magistrada también solicitó al Ayuntamiento que aportase el resto de las actas de inspección realizadas en Magrudis “con indicación del personal que las llevó a cabo”.

En relación a la declaración responsable que Magrudis presentó en diciembre de 2018 en el Servicio de Protección Ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente y Parques y Jardines, la juez indicó en su providencia que “igualmente deberá informar el Ayuntamiento si, iniciado ese expediente y antes del 26 de agosto de 2019, se realizó alguna revisión o examen técnico de la documentación aportada en dicho expediente y quién era la persona responsable de dicha tarea, es decir persona encargada y responsable del control posterior, revisión y examen técnico del expediente”.