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Doce colegios se echan a la calle para defender la educación segregada

Alumnos en clase

Ángeles Huertas

Los padres de los doce centros de educación diferenciada por sexo existentes en Andalucía se manifiestan hoy a las 11.30 horas frente al Palacio de San Telmo en Sevilla, sede del Gobierno autonómico, para protestar por la negativa de la Junta de Andalucía de conveniar a los primeros alumnos de cada etapa educativa de estos colegios e institutos.

Los padres, que mantuvieron una reunión con la consejera de Educación, Mar Moreno, el pasado viernes, afirman, a través de la portavoz de la plataforma “Mis padres deciden”, Gemma García, “que no se llegó a ningún punto de acercamiento”, por lo que han decidido mostrar su rechazo a esta decisión de la Administración Andaluza. “La intención es vestir camisetas rojas, en lo que hemos llamado la Marea Roja por la educación”, explica García, para “pedir igualdad para la educación de nuestros hijos y evitar que el sistema educativo esté motivado por una cuestión política e ideológica”.

La Junta notificó oficialmente a los colegios su decisión el pasado martes, 12 de febrero; así que los colegios tienen diez días para estudiar el texto y presentar las alegaciones pertinentes a la decisión, un plazo que finaliza mañana viernes. Por este motivo, a largo de esta semana, un número indeterminado de padres ha presentado a título individual un escrito en la Consejería de Educación para presentarse en este proceso administrativo abierto basándose en que la legalidad vigente ha cambiado y que la actual Ley de Presupuestos Generales del Estado legitima el modelo de la educación diferenciada por sexos. Los padres serán informados, por lo tanto, de todos los pasos que se den en este proceso, en el que también están inmersos los centros educativos implicados.

Con fondos píblicos, no

La Junta de Andalucía decidió eliminar el convenio en los niveles de entrada de cada etapa -Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato o FP- apoyándose en la resolución del Tribunal Supremo que avala la tesis de que este modelo pedagógico no debe ser subvencionado con fondos públicos. Aún así ha mantenido el concierto para los estudiantes ya escolarizados.

El Gobierno andaluz pretende que estos centros pagados con fondos públicos se pasen a la educación mixta no sólo, según explicó Mar Moreno cuando presentó la decisión, “porque creamos que la educación y la escuela debe ser el reflejo de la sociedad y la convivencia entre niños y niñas, sino porque estamos cumpliendo seis sentencias del Tribunal Supremo”.

Los padres, en cambio, según Gemma García, consideran que “se vulneran los puntos constitucionales de igualdad a la educación con 5.000 escolares, además de hacer peligrar los puestos de trabajo de 600 personas entre personal administrativo y profesores”.

Por su parte, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) ha manifestado a través de su presidente, Antonio Rodríguez, su intención de recurrir a los tribunales de justicia si finalmente la Junta de Andalucía decide eliminar estos convenios, algo que se sabrá tras el estudio de las alegaciones del procedimiento administrativo abierto.

Los centros afectados son los colegios Campomar de Aguadulce (Almería), Torrealba de Almodóvar del Río (Córdoba), Zalima de Córdoba, Yucatal de Posadas (Córdoba), El Soto de Chauchina (Granada), Nuestra Señora de Lourdes de Carmona (Sevilla), Ángela Guerrero, Albaydar, Ribamar y Altair de Sevilla capital, Elcható de Brenes (Sevilla) y el Molino Azul de Lora del Río (Sevilla).

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