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Manuel Chaves, imputado por prevaricación y malversación en una nueva pieza del caso de los ERE

Cinco ex consejeros y cinco representantes de la empresa deberán aclarar en el juzgado un préstamo de 5,8 millones concedido en 1999 a una mercantil

Anticorrupción pide que Chaves y Zarrías sean investigados por malversación

El expresidente andaluz, llegando a la Audiencia de Sevilla EFE

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE), ha dictado dos autos en los que, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, acuerda incoar procedimiento de diligencias previas contra un total de 15 personas, entre ellos diez ex altos cargos de la Junta de Andalucía como el expresidente Manuel Chaves y cinco ex consejeros, por un préstamo “puente” de 5.829.817 euros concedido a la mercantil Campocarne Andalucía -anteriormente conocida como Hijos de Andrés Molina (Hamsa)- por el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y aprobado en virtud de acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de fecha 9 de noviembre de 1999.

Según ha informado el TSJA en un comunicado, en un primer auto dictado este martes el magistrado acuerda deducir testimonio íntegro y completo de las actuaciones e incoar con el mismo nuevas diligencias previas en relación a la presunta perpetración de delitos de prevaricación administrativa y malversación por parte de las 15 personas investigadas, entre ellos Chaves, quien el otro día acusaba a los medios de haber creado un "ambiente de culpabilidad" que había "condicionado" el juicio de los ERE.

De igual modo, y en un segundo auto de la misma fecha, el instructor acuerda incoar procedimiento de diligencias previas por dichos delitos contra los investigados, entre los que se encuentran, además de Chaves, los ex consejeros de la Junta Gaspar Zarrías, Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo; el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; el ex director de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; el ex presidente del IFA Salvador Durbán; el ex director de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, y cinco directivos de la empresa.

En este segundo auto, el magistrado pone de manifiesto que los hechos relatados por la Fiscalía Anticorrupción en el escrito elevado al Juzgado el pasado 20 de noviembre “podrían presentar características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”, por lo que “resulta pertinente la apertura de una nueva causa de diligencias previas que tenga por objeto determinar y verificar los indicios racionales de criminalidad que se desprenden de la concesión” a Campocarne Andalucía S.A. de un préstamo “puente” de 970 millones de pesetas –5,8 millones de euros-, otorgado por el antiguo IFA y aprobado en virtud de acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta el 9 de noviembre de 1999 (formalizado en escritura pública de 22 de diciembre de 1999).

En este sentido, añade que, a través de este préstamo, “podría haberse simulado una ayuda pública directa, otorgada sin sujeción a los principios y procedimientos legalmente aplicables, con el consiguiente menoscabo de los fondos públicos comprometidos”, una operación que no “tendría vinculación alguna con el denominado “procedimiento específico” ni con las indebidas transferencias de financiación articuladas en virtud del mismo –a los fines indicados- en favor de IFA/IDEA”.

A juicio del magistrado, y tal y como sostiene el Ministerio Público en su escrito, los hechos investigados en esta nueva pieza separada “no habrían prescrito” teniendo en cuenta que, “a fecha 1 de febrero de 2005, el préstamo no habría sido amortizado y que aún entonces no habría sido declarado impagado o fallido –ni considerado un gasto/pasivo para IFA/IDEA-“.

El magistrado, en este segundo auto, acuerda solicitar distinta documentación a la agencia IDEA, a las consejerías de Presidencia y Empleo, y a la Intervención de la Junta, para que la aporten “a la mayor brevedad posible”. Además, declara la complejidad del procedimiento y señala un plazo de 18 meses para la instrucción del mismo, “sin perjuicio de lo que pueda acordarse posteriormente”.

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