Médicos de familia recuerdan a la Junta de Andalucía que ceder datos de migrantes en situación irregular podría vulnerar la Ley de Sanidad Universal

El Grupo de Trabajo en Inequidades en Salud – Salud Internacional de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) se ha mostrado “claramente en contra de cualquier forma de cesión de datos de las personas migrantes en situación irregular incluidas en los ficheros sanitarios y sociales que permita la identificación, localización y expulsión del territorio español de migrantes en situación irregular”.

Esta declaración del Grupo de Trabajo en Inequidades en Salud – Salud Internacional de la semFYC ha sido “motivada” por el pacto a tres firmado por Ciudadanos, PP y Vox, al que han llegado en la comunidad autónoma de Andalucía para los presupuestos 2020 “por el que Policía Nacional y Guardia Civil podrían acceder a los datos que posee la Junta de Andalucía sobre migrantes en situación irregular con la intención de ordenar adecuadamente los flujos migratorios”.

Tal y como indica el coordinador del Grupo de Trabajo de Inequidades en Salud, Luis Gimeno, “una persona migrante en situación administrativa irregular no ha cometido ningún delito”, por lo que destaca que esta medida no hace sino “criminalizar a las personas migrantes”.

Por otro lado, la semFYC “siempre ha defendido la atención sanitaria universal de todas las personas que residan en nuestro país, de acuerdo a la Declaración de los Derechos Humanos y la deontología médica”. De hecho, el Real Decreto-ley 7/2018, del 27 de julio sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, indica que “el acceso al Sistema Nacional de Salud en condiciones de equidad y de universalidad es un derecho primordial de toda persona. La garantía del ejercicio de este derecho y la protección efectiva de la salud de la ciudadanía cobra aún mayor importancia cuando quienes se ven privados de una asistencia sanitaria normalizada son colectivos de una especial vulnerabilidad, amenazados por la exclusión social, como es el caso de la población extranjera no registrada ni autorizada a residir en España”. “Aplicar la medida prevista por el gobierno andaluz chocará frontalmente con la garantía de accesibilidad de estas personas a la sanidad pública, contrariando radicalmente el espíritu actual de la Ley”, indican en su web.

Protección de datos

Gimeno señala también que “facilitar el libre acceso a la Policía y Guardia Civil de datos de los pacientes solo llevará a empeorar la atención sanitaria de estos pacientes, ya que ante el miedo a ser expulsados no se darán de alta en el sistema sanitario, perdiendo así la oportunidad de recibir atención sanitaria como el resto de la ciudadanía. Esto entra en clara contradicción con el espíritu de Universalidad de nuestro Sistema Nacional de Salud”. “Esta medida también vulnera el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, el Reglamento UE de Protección de Datos de 2016 y la Ley Orgánica de Protección de Datos”, añade la sociedad.

En este sentido, el Grupo de Trabajo en Inequidades en Salud – Salud Internacional de la semFYC desea manifestar su “adherencia a la misiva dirigida al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, recientemente suscrita por más de 200 organizaciones en la que expresan su preocupación respecto a la creación del Convenio de colaboración con el Ministerio del Interior en materia de migración irregular”.

Desmentir el sobreuso de servicios sanitarios

“Los estudios científicos desmienten el supuesto sobreuso de servicios sanitarios por parte de la población migrante”, añade Luis Gimeno. Para comprobarlo, solo hay que revisar los últimos datos de los que dispone el Servicio Andaluz de Salud (SAS), correspondientes a mayo de 2018, según los cuales, “las atenciones a la población migrante no regularizada suponen una mínima parte del total de las asistencias sanitarias”. “En números enteros, el SAS atiende a un total de 32.000 residentes extranjeros no regularizados y no a 52.000, tal y como se ha asegurado en algunas declaraciones políticas”, explica.

El precio de la no atención sanitaria

Por otro lado, la literatura científica demuestra que “dejar sin atención a los migrantes en situación irregular, además de inmoral y de atentar contra los Derechos Humanos, es más caro que atenderles”. Lo afirma un estudio realizado en Alemania, país en el que el acceso a la atención médica para los solicitantes de asilo y refugiados (AS&R) que ingresan al país está inicialmente restringido. El estudio, realizado por científicos de la Universidad de Heidelberg en colaboración con investigadores de la Universidad de Bielefeld, concluye que “el costo de la exclusión de la atención médica y otros servicios de asistencia social entre AS&R (solicitantes de asilo y refugiados) es, en última instancia, más alto (en términos de gastos de salud incidentes) que otorgar acceso regular a los servicios necesarios”.

Cabe señalar que durante el último congreso de la semFYC, miembros del Grupo de Trabajo en Inequidades en Salud – Salud Internacional de la semFYC presentaron un póster sobre el uso del sistema sanitario. En él se concluía que, con independencia de los servicios, el uso de los migrantes en situación irregular (incluso ajustando por edad y sexo) era solo entre el 10 y 20% del uso que realizaba un español. Este póster apuntaba que, en números absolutos, el Servicio Aragonés de la Salud gastaba anualmente 317 euros en farmacia por cada español por solo 9 euros en cada migrante en situación irregular.