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Meyer (IU) reprocha a Bruselas que pida explicaciones por el decreto andaluz y no denunciara la Ley Hipotecaria

EUROPA PRESS

Madrid —

En declaraciones telefónicas a Europa Press, Meyer ha acusado al Ejecutivo de la UE de “estar actuando como una terminal de la banca europea, protegiendo a una parte del sector financiero que jugó con los ahorros de los ciudadanos europeos y generó una gran estafa”. De esta manera, “no se posiciona por las personas y los derechos fundamentales”, ha añadido.

En una carta enviada al ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, la Comisión Europea pide explicaciones por el decreto andaluz, que propone entre otras cosas la expropiación temporal a los bancos, en ciertos casos, de pisos afectados por desahucios. Según Bruselas, la norma autonómica podría tener repercusiones en la banca y entrar en conflicto con las condiciones del memorando que De Guindos firmó a cambio del rescate a ese sector.

El eurodiputado ha recordado que en diez años la Comisión no mandó ninguna carta a las autoridades españolas para advertir de que la legislación española sobre desahucios vulneraba la normativa comunitaria, como dictaminó el pasado marzo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que concluyó que los ciudadanos no tenían garantizada una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas.

Meyer ha dicho que, puesto que Bruselas mantuvo un “silencio clamoroso” durante esos años respecto a la Ley Hipotecaria española, “sorprende la celeridad” con la que ahora pide explicaciones sobre el decreto de la Junta de Andalucía, convalidado por el Parlamento autonómico el pasado miércoles.

PAPEL “INADMISIBLE” DE LA CE

“Los burócratas de la Comisión Europea, que no han sido elegidos por nadie, se arrogan, junto al Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional” --la llamada 'troika', que concedió el rescate a la banca-- “un papel inadmisible”, ha manifestado el europarlamentario.

Por eso, ha expresado su deseo de que el Gobierno andaluz “no eche cuenta” de la intervención del Ejecutivo comunitario y de que finalmente “prevalezcan la soberanía popular y las leyes españolas e internacionales”.

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