Monumentos como la Plaza de España de Sevilla llevan más de 30 años esperando ser BIC
El grupo parlamentario Podemos ha solicitado a través de una proposición no de ley (PNL) la declaración urgente como Bien de Interés Cultural (BIC) para cuatro enclaves andaluces cuyos expedientes se abrieron hace más de 30 años en el mejor de los casos pero que el Gobierno de Andalucía “mantiene en un limbo legal, pues ni los cierra ni procede a su protección”.
En este sentido, y atendiendo a su especial relevancia solicita que, en un plazo máximo de cuatro meses, haga efectiva la declaración como BIC de la antigua estación de ferrocarril de Almería (cuyo expediente se abrió en 1985); el centro histórico de Lucena, Córdoba (1972); el de Salobreña, Granada (1965); y la Plaza de España en Sevilla (1981).
Desde Podemos, además, se ha denunciado la “inacción de la Consejería de Cultura en decenas de expedientes incoados que llevan décadas esperando respuesta por parte de la administración sin que ésta, a pesar de las leyes que la obligan, declare las figuras de protección necesarias y destine el presupuesto para ello”. Por este motivo, la iniciativa insta a revisar todos los expedientes incoados al amparo de la Ley de Patrimonio Histórico Español y la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía como inicio del trámite.
En todo caso, en la situación de la Plaza de España, desde la Consejería de Cultura han explicado que no le compete completar el expediente porque se trata de enclaves de titularidad estatal o afectado por servicios públicos del Gobierno de España. E igualmente matizan que “el monumento está protegido por encontrarse dentro del área del parque María Luisa que sí está declarado BIC”.
La diputada de Podemos Lucía Ayala ha expuesto que, a pesar de la precisión de las leyes en cuanto al procedimiento a seguir y los plazos a cumplir para tramitar la protección de los bienes de nuestro patrimonio, “la realidad de su aplicación dista mucho de su literalidad”.
En esta línea, ha apuntado: “Esta circunstancia hace que decenas bienes y monumentos se encuentran en una situación de vulnerabilidad, de modo que no cuentan con garantías reales de protección, puesto que la coyuntura provisional prevista en la ley viene aparejada a trámites y plazos que nunca se concluyeron ni cumplieron. Esta provisionalidad permanente genera grietas legales que pueden ser usadas a capricho para justificar su desprotección efectiva”.
Casos destacados
La antigua estación de ferrocarril de Almería es un ejemplo de la arquitectura de hierro y cristal de finales del siglo XIX. Su expediente fue incoado en 1985, cuando se aprobó la Ley de Patrimonio Histórico Español. “Treinta y dos años después, distando mucho de los dieciocho o veinte meses que establecen las legislaciones de patrimonio, el expediente sigue sin cerrarse. Como consecuencia, y agravado por la incertidumbre sobre su función futura, ha sufrido numerosas amenazas de demolición y malos usos, habiéndose realizado intervenciones en la misma sin el control legal que debiera corresponder a un bien de este calibre”, ha dicho.
En su opinión, “la misma suerte corren la Plaza de España en Sevilla o los cascos históricos de Lucena y Salobreña, que también engrosan la lista de lugares que debieran estar sujetos al máximo grado de protección con todas las garantías legales pero que, por la ineficacia de las administraciones, permanecen en este estado de vulnerabilidad, provisionalidad y desprotección”.
