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La ofensiva de la Junta de Andalucía por cláusulas suelo concluirá con 13 millones de euros en multas a la banca

El Banco Sabadell ha sido el último sancionado.

Olga Granado

Mientras los casos por las cláusulas suelo continúan atascados en los juzgados, el  Consejo de Gobierno ha aprobado este martes sendas sanciones contra el Banco Sabadell y Caja Rural de Granada por un total de dos millones de euros  por un total de dos millones de eurospor incumplimientos en la materia. Son dos más de una serie de resoluciones que empezaron a adoptarse el pasado mes de julio y que continuarán trascendiendo las próximas semanas.

De momento, suman más de 6,5 millones de euros las sanciones que ha propuesto en los últimos dos meses contra la banca, con una previsión de que se eleven a un total de 13 millones de euros cuando hayan sido cerrados todos los expedientes que tiene en marcha y donde, pese a que la legislación estatal y autonómica lo permiten, no se exige la devolución de todo lo defraudado, sino sólo las cantidades correspondientes a las denuncias que hayan presentado los consumidores.

En concreto, la Dirección General de Consumo, dependiente de la Consejería de Salud, ha recibido un total de 1.386 reclamaciones relacionadas con trámites bancarios y 112 han sido sobre cláusulas suelo, pero la cifra de afectados es infinitamente superior. Desde este departamento explican que las sanciones se quedan en ese importe porque no disponen de datos de las hipotecas que tienen suscritas estos bancos en total ni de las escrituras, pese a que en los dos casos son documentos públicos. “Se ha hecho teniendo en cuenta las denuncias y sus condiciones particulares, usando las escrituras que han aportado los consumidores para el cálculo”, exponen.

El caso es que a las sanciones de este martes hay que sumarle que el pasado 27 de julio se aprobó la primera de la lista por un importe de 1,58 millones de euros propuestos como sanción para Banco Mare Nostrum (BMN).  Más elevada es la propuesta de sanción para Unicaja Banco, cuyo expediente se aprobó en el Consejo de Gobierno del 29 de agosto por un importe de 3,1 millones de euros, en una jornada en la que fue la propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, la que compareció tras la reunión pero no dio cuenta de este acuerdo, si bien la prensa tuvo luego conocimiento del mismo porque estaba incluido en la referencia que se reparte a los periodistas cada martes. 

“El fraude rentable”

De este modo, se da la paradoja de que pese a que la Junta de Andalucía ha impulsado nueva legislación en la materia, como la recientemente aprobada Ley de Protección de los Derechos de Consumidores y Usuarios de Créditos Hipotecarios sobre la Vivienda, no llega a los máximos que permitía ya el marco normativo existente a la hora de perseguir los incumplimientos.

Desde Facua, Rubén Sánchez recuerda que en la campaña de las elecciones autonómicas de 2015 Susana Díaz lanzó un compromiso: “Lucharé contra las cláusulas suelo con todas mis fuerzas”. Y cree que se ha quedado a medias por la “exigua” cantidad que se propone como multa. “Se ve que las reuniones que la presidenta venía manteniendo con los principales banqueros del país no tenían como objetivo precisamente advertirles de que estaban cometiendo un fraude masivo de decenas de miles de millones de euros”, ironiza. En su opinión, son “minimultas” que hacen “rentable el fraude”.

Cabe recodar que tras las reclamaciones de Facua, después de denunciar a 20 entidades bancarias, el tema llegó hasta el Parlamento de Andalucía, donde la presidenta confirmó que estos expedientes llegarían hasta el final. Con ello, el importe se quedará en los citados 13 millones de euros. Esos expedientes se iniciaron con IU como responsable de la Dirección General de Consumo la pasada legislatura. Lo que no confirman en la Junta de Andalucía ni tampoco en la coalición de izquierdas es si entonces el punto de partida era apostar por un comiso global. 

El portavoz del Gobierno de Andalucía, Juan Carlos Blanco, ha remarcado que esta decisión corresponde a los servicios jurídicos. En cualquier caso, ha enfatizado “la voluntad e intención de que en Andalucía quien cometa un abuso lo tenga que pagar; otra cosa es la cantidad y el motivo por el que se hace por este procedimiento”. Eso sí, no hay que olvidar que hasta el momento todas las entidades bancarias objeto de estas multas han recurrido por lo que, en caso de pagar, pasarán todavía años para que sea efectivo. O puede que, como ya ocurre con las multas a las eléctricas y como desveló este periódico, lo que finalmente se llegue a cobrar sea mínimo.

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