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Multan a un portavoz de Pro Derechos Humanos Andalucía por "convocar" una cacerolada ante el PP de Cádiz

La APDHA considera que la multa a Rafael Lara, portavoz de la delegación de Cádiz, representa una vulneración del derecho fundamental de reunión: "Llevamos 20 años organizando protestas y nunca pedimos autorización si no hay corte de tráfico. Esto es intolerable y una vergüenza".

El TSJA ya ha declarado no ajustadas a derecho dos decisiones del subdelegado de Cádiz, Javier de Torre, en las que restringía el derecho a manifestación.

La Subdelegación del Gobierno de Cádiz ha abierto un expediente sancionador al portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en Cádiz, Rafael Lara, al entender que lideró la organización de una cacerolada ante la sede del Partido Popular gaditano que no fue comunicada previamente a la Administración central. Esta protesta se celebró el 11 de abril y contó con la participación de un centenar de personas y al menos seis colectivos sociales, además de la APDHA. Duró media hora y se celebró sin incidentes de ningún tipo. Sí fue ruidosa.

La Subdelegación considera que Lara fue la "cabeza visible" de esta concentración y entiende que vulneró la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y una especificación del artículo 21 de la Constitución, que regula el derecho de reunión. El citado artículo reconoce el derecho a reunión "pacífica y sin armas", sin comunicación previa, pero establece que, "en los casos de reuniones de lugares de tránsito público y manifestaciones, se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes". El portavoz de la APDHA se enfrenta a una sanción de 301 euros.

Rafael Lara y Diego Boza, abogado y miembro de la APDHA, han denunciado que el expediente representa una "vulneración" de derechos fundamentales y subrayaron que es la primera vez que se enfrentan a una sanción de este tipo después de "veinte años" organizando protestas similares. "Cada semana nos concentramos por uno u otro motivo en la Plaza de San Juan de Dios, frente al Ayuntamiento. Sea por solidaridad con los inmigrantes que fallecen en el Estrecho, por el acoso al pueblo palestino, o por tantos otros problemas. Y nunca pedimos autorización, porque nos ampara la Constitución. Es un absurdo", lamenta Lara.

La APDHA recuerda que en la cacerolada ante el PP no se produjo ningún tipo de obstrucción al tráfico porque la calle Cánovas del Castillo, donde se sitúa la sede de la agrupación provincial, es semipeatonal, y que en ningún momento se alteró el orden público. Cuando los manifestantes llegaron al portón del edificio, cerrado a cal y canto, dos vehículos de la Policía Nacional ya habían bloqueado ambos extremos de la calle.

Lara y Boza han subrayado que la decisión de la Subdelegación es "absolutamente intolerable y una vergüenza", y han exigido la "destitución inmediata" del subdelegado, Javier de Torre, porque entienden que ha iniciado una "criminalización" de los movimientos sociales. "El subdelegado es una persona ineficaz e incapaz, es un prohibidor que actúa de perro guardián de los intereses del PP en lugar de los de la ciudadanía", cargaron los representantes de la APDHA. "Nos quieren amedrentar e inculcar miedo para que la gente no participe en protestas para reclamar sus derechos. No quieren gente en la calle, quieren que estemos en casa mientras ellos siguen encerrados en sus torres de marfil", recalcó Lara.

Diego Boza defendió que el subdelegado del Gobierno quiere atribuirse un "régimen de autorización previa" de cualquier manifestación que el derecho no le concede. "De Torre no decide si podemos o no salir a la calle. Y eso es exactamente lo que está haciendo con su régimen de autorización, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya ha tomado postura contra sus decisiones en dos ocasiones", recordó Boza.

Se refería a dos resoluciones de septiembre y octubre del año pasado en las que el TSJA declaró no ajustadas a derecho dos decisiones de la Subdelegación en las que restringía el derecho a manifestación: la primera, en una manifestación convocada por la Policía Local y los Bomberos coincidiendo con la celebración del Congreso Provincial del PP, en el Parador Hotel Atlántico de Cádiz; y la segunda, al intentar modificar el itinerario de una protesta programada por los empleados municipales de limpieza de la capital. La Subdelegación tuvo que abonas las costas de aquellos procesos.

Los representantes de la APDHA argumentaron que el expediente emitido por Subdelegación "no hay por dónde cogerlo desde un punto de vista jurídico". En la sanción, Lara aparece como presidente de la APDHA cuando sólo es portavoz, y se esgrime que fue la APDHA la organización que lideró la protesta porque animó a participar en la misma a los internautas a través de su muro de Facebook. Esta convocatoria, sin embargo, era compartida por otros colectivos sociales gaditanos como Comisiones Obreras, la plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, Democracia Real Ya, Ecologistas en Acción y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), entre otros. La principal motivación de la protesta del 11 de abril fue la poda que el PP estaba acometiendo en el Congreso de la Iniciativa Legislativa Popular contra los desahucios. Aquél día, de forma simultánea, también se celebró una cacerolada en la sede de los populares en El Puerto de Santa María (Cádiz).

La Subdelegación también culpa a Rafael Lara de haber tomado la palabra en aquella cita. No señala que también lo hicieron al menos diez personas, en representación de diferentes colectivos y a título personal. Todos usaron el altavoz en el momento en el que se leyeron proclamas contra el recorte de derechos sociales.

El secretario provincial del PA en Cádiz, Ramón Sánchez Heredia, ha censurado la medida del subdelegado y también ha reclamado su dimisión. "No se trata de un hecho aislado. Se van acumulando un día tras otro los casos en que el Gobierno del PP está actuando de manera represiva y coercitiva ante todas aquellas organizaciones que ejercen su derecho de manifestación frente a las políticas de recortes sociales que estamos sufriendo y la incapacidad del Gobierno central de solucionar el alarmante creciente del paro. El descontento es un clamor y quieren acallarlo”, criticó.

El subdelegado del Gobierno, Javier de Torre, en rueda de prensa, se ha limitado a defender que la sanción a Lara es pertinente por no haber comunicado la convocatoria de protesta a la Administración.

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