Las declaraciones vertidas por el secretario de Estado de Seguridad fortaleciendo los discursos de odio contra los flujos migratorios es una prueba más de cómo nuestro trabajo diario se encuentra amenazado constantemente por la criminalización de la solidaridad bajo la excusa del “buenismo en materia de inmigración” y la “defensa del territorio”.
En los meses veraniegos fue el anuncio de la creación de un “código de conducta” para la actuación en el Mediterráneo de los barcos de rescate de las ONGs poniendo en tela de juicio su labor y responsabilizándolos de facilitar el trabajo de las mafias que trafican con vidas humanas. También se ha abierto un proceso judicial para criminalizar el trabajo que desarrolla desde hace años Helena Maleno como defensora de los derechos humanos, debido a las constantes vulneraciones que se producen en la Frontera Sur y la pérdida de vidas en el Mediterráneo.
En los últimos días, hemos conocido que los bomberos andaluces que fueron detenidos mientras realizaban tareas de rescate para la asociación Proemaid (Professional Emergency Aid), después de que las autoridades griegas equiparasen sus labores humanitarias con el tráfico ilegal de personas, se enfrentan a diez años de cárcel. No son hechos aislados. Como denunciábamos en el manifiesto internacional #DefenderAQuienDefiende, está en juego “el Estado social, el Estado de derecho, la propia democracia y con ello la libertad y los derechos más fundamentales de los pueblos, especialmente de aquellos que ejercen su derecho a defender derechos”.
Con el modelo económico actual seguirán aumentando los flujos migratorios por motivos que tienen que ver con un incremento de las desigualdades de tipo económico, social, político y ambiental. Evidentemente, no podemos cambiar el mundo de un día para otro, pero sería posible mejorar muchas situaciones y salvar vidas dando solo algunos pasos. Necesitamos un mundo en el que no sea necesario para algunas personas jugarse la vida buscando un futuro digno.
Permitir que los países empobrecidos puedan desarrollar su economía, generar cauces legales y seguros para las migraciones y respetar los derechos humanos solo requiere de voluntad por parte de los gobiernos. Pero para que esto suceda es imprescindible que acabemos con los obstáculos más importantes, los prejuicios y la indiferencia. Y mientras tanto, nuestros gobiernos siguen desviando la mirada y continúan vinculando terrorismo e inmigración, pese al peligro que supone seguir insistiendo en esta idea para la convivencia de una sociedad.
Con estas actitudes parece que preocupa que la sociedad pueda tener una visión más humanitaria que la de sus gobiernos y que además, a través de las organizaciones sociales se pueda explicar y difundir una versión distinta de lo que ocurre en las fronteras. Es un síntoma más de cómo los representantes políticos son incapaces de superar el miedo a la interlocución con la ciudadanía e incapaces de poner el énfasis en la creación de políticas que garanticen los derechos humanos y la justicia social.
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