Cuando pensamos en las personas refugiadas se nos pasan por la cabeza millones de imágenes: cuerpos que saltan vallas, mujeres que agarran fuerte a sus bebés para no perderlos, niñas y niños descalzos en las calles destrozadas por las bombas, miles de tiendas de campaña habitadas por personas desplazadas, etc.
Pero no todas estas personas se han visto obligadas a dejar sus vidas por culpa de las guerras o de los desastres medioambientales, sino que hay muchas que tienen que huir de sus familias y del contexto social y político en el que viven para salvaguardar sus vidas, por otros motivos. Estamos hablando de las personas LGTBI+ que han sido objeto de torturas, segregación, malos tratos, discriminación y violaciones tanto dentro del ámbito privado como en el público por su condición sexual.
La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) en su informe denuncia que unos 70 países miembros de la ONU continúan criminalizando las actividades consensuales entre personas del mismo sexo y que en 6 de ellos (Irán, Arabia Saudita, Yemen o Sudán) se impone la pena de muerte por actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo. Además, en otros 7 países existen todavía leyes que limitan totalmente la libre expresión sexual como es el caso de Rusia o de Estados Unidos, donde la legislación es muy distinta dependiendo del Estado.
Cada año muchas son las personas LGTBI+ que presentan solicitud de protección internacional debido a la imposibilidad de tener una vida digna y libre de opresión en sus países de origen. Aunque no hay muchos datos que nos permitan tener una estimación exacta sobre la proveniencia de estas personas, sí que podemos afirmar que la mayoría son hombres.
Si bien en los distintos informes es muy difícil encontrar datos desglosados, nuestra experiencia en el trabajo diario con personas refugiadas nos hace afirmar que son muy pocas las mujeres lesbianas que se declaran en peligro por su identidad sexual. Esto no quiere decir que no existan o que sufren menor discriminación en sus países de origen, sino que demuestra la invisibilización del colectivo lésbico dentro de las personas LGTBI+.
En el Informe Protecting Persons With Diverse Sexual Orientations and Gender Identities elaborado por ACNUR se hace hincapié en la necesidad de recursos específicos para este colectivo, personas especialmente vulnerables no solo por haber sufrido graves situaciones de discriminación y violencia en sus países sino también por todo lo que sufren también durante el viaje de huida o en el lugar de acogida.
España está considerado un país de “acogida” en el cual existen leyes que protegen a las personas cuyas vidas están en peligro por su identidad sexual. Un país que fue uno de los pioneros en los matrimonios entre personas del mismo sexo, pero, ¿nuestra sociedad está realmente abierta a dicha acogida? ¿Qué pasa en este caso con las personas LGTBI+ una vez llegadas aquí?
Varias son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, muchas de las personas con una identidad sexual distinta a la considerada normativa, tras haber sufrido todo tipo de discriminación en su país, si bien salen de su lugar de origen, tienen miedo a expresarse libremente y además desconocen las leyes del sitio de acogida. Por otro lado, las personas demandantes de protección internacional en principio comparten piso con otras personas, bien de su país o de otras nacionalidades, por lo tanto se repite el miedo a no sentirse libres, a volver a sufrir discriminación por parte de sus mismos connacionales pero en otro país.
Cabe preguntarse, ¿realmente nuestro país está abierto a la diversidad sexual? Unas leyes en contra de la discriminación sexual, que posibilitan la adopción por parejas del mismo sexo, que permitan el matrimonio homosexual, etc. no son suficientes para cambiar la percepción social sobre las diversidades sexuales. Cuando estas personas llegan al programa de protección internacional ponen en salvo sus vidas pero la acogida no siempre es fácil, incluso los y las profesionales que trabajamos en este campo a veces no tenemos la formación adecuada.
Queremos manifestar la necesidad de no sólo unas leyes que amparen y protejan las vidas humanas, sino evidenciar la urgencia de promover programas de sensibilización que construyan una conciencia colectiva donde las diferencias sexuales no sean motivo de discriminación.
Rosaria Sessa, educadora social de Andalucía Acoge.
