Con los resultados de las elecciones municipales del pasado domingo es más necesario que nunca promover y abrir un debate sobre un nuevo modelo de sociedad, partiendo de los principios de igualdad de derechos y deberes, diversidad e inclusión, como pilares de la construcción de la sociedad española del siglo XXI.
Los ayuntamientos tienen por delante todo un reto cuyo punto de partida es que la residencia debe ser la base de la ciudadanía, abandonando políticas que sólo ponen el foco en la inmigración como fenómeno puntual, sin entender que se trata de una característica propia de nuestra sociedad vinculada a la imagen actual de nuestros barrios, pueblos y ciudades. Este cambio de enfoque permitiría a nuestros municipios aprovechar el potencial de toda su población para el desarrollo de los territorios.
La inmigración es un rasgo de nuestra sociedad, independientemente de la valoración individual que se haga de la misma. La única gestión municipal sostenible es la que lleve a la inclusión ciudadana de toda la población, ya que la alternativa es la generación de la exclusión social y con ella la devaluación de las condiciones de vida para el conjunto de los vecinos y vecinas del territorio.
La gestión de los ayuntamientos tiene que ser una apuesta clara por un modelo basado en la ciudadanía inclusiva, entendida como nexo común de todas las personas que viven en un territorio, independientemente de su origen y de su situación administrativa. Ciudadanía que implica igualdad de derechos y de oportunidades, pero también la posibilidad de sentirse parte de la comunidad y, por ende, un compromiso y unos deberes cívicos que deben de ser la base de la acción de los gobiernos locales. A través de políticas normalizadoras destinadas a todas las personas que residen en los municipios, la diversidad debe, en sentido amplio, valorarse como un activo municipal en todos los órdenes, pues que, lejos de ser un problema, es una fuente de riqueza social, cultural y económica.
Así, se debe afrontar este cambio a través de medidas transversales que superen enfoques basados exclusivamente en el apoyo social o el empleo, añadiendo elementos como la vivienda y su ordenación, las políticas sociales, culturales, deportivas o de fomento de la participación ciudadana; áreas de la gestión municipal que tienen una importancia capital para la gestión de la diversidad social, ya que fomentan también un impacto directo en la generación de espacios de convivencia y sentimiento de pertenencia entre vecinos y vecinas.
De esta forma, hay que prestar atención a las zonas donde se combinan procesos de diversificación sociocultural con procesos de exclusión social; es decir, en barrios donde prende el mensaje xenófobo y excluyente, señalando a las minorías como responsables de déficits estructurales y que terminan dañando gravemente la convivencia. Es mejor actuar de forma preventiva y promocional, y no cuando ya ha estallado un conflicto. Por ello, un primer compromiso necesario en la acción de los nuevos gobiernos municipales es que la inmigración y la diversidad se conviertan en elementos de debate serio y sereno, evitando abordar el tema a través de discursos simplistas y populistas, desarrollando iniciativa que sensibilicen contra los estereotipos y los rumores que minan la convivencia y la cohesión social, en línea con la campaña www.stoprumores.com.
Resulta también imprescindible garantizar espacios de cooperación y coordinación con las entidades de la sociedad civil organizada para generar procesos comunitarios y de convivencia intercultural que sitúen el interés común y las necesidades del territorio en el centro, garantizando al mismo tiempo una adecuada gestión de la diversidad. Con la aspiración de fomentar la cohesión social construyendo una ciudadanía participativa es fundamental desarrollar programas de intervención comunitaria en barrios, colaborando sus movimientos vecinales, asociaciones de vecinos, de mujeres, juveniles y otras agrupaciones presentes con el propósito de reforzar las redes de participación ya existentes, favorecer el sentido de pertenencia al barrio y crear un ambiente que genere actitudes positivas sobre la diversidad de la vecindad.
El compromiso de los ayuntamientos es una garantía de éxito de los programas de convivencia. No se trata de poner en marcha una acción puntual y aislada. Se trata más bien de actuar a nivel general, de manera sinérgica, potenciando las acciones propuestas y ayudando a su puesta en marcha poniendo de manifiesto que el trabajo de la convivencia es una tarea común que nos afecta e interpela a todos.
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