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La jueza impone fianzas millonarias a Francisco Javier Guerrero y su chófer por gastar ayudas de ERE en cocaína
La juez María Núñez Bolaños ha abierto juicio oral y ha impuesto una fianza de 1,9 millones al exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero y de 2,1 millones a su exchófer Juan Francisco Trujillo en relación a las cuatro ayudas de los ERE fraudulentos por un montante total de 1.475.028,01 euros que concedió el primero y parte de las cuales supuestamente habrían ido destinadas a la compra de cocaína, copas y antigüedades.
En un auto difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada abre juicio oral contra Guerrero y su exchófer por delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación, malversación, tráfico de influencias y asociación ilícita.
Asimismo, la instructora abre juicio oral por delitos de prevaricación, malversación y asociación ilícita contra el administrador de una de las empresas del exchófer, Isidoro Ruz Espigares, al que impone una fianza de 585.000 euros, y contra el que fuera directivo de Vitalia Antonio Albarracín, que deberá hacer frente a una fianza de 158.000 euros.
Además, la magistrada impone una fianza de 77.000 euros a la mujer del exchófer, Juana Gallego Rico, como beneficiaria a título lucrativo de las ayudas que recibió su marido, advirtiendo a todos los acusados de que deberán abonar la fianza en el plazo de un día, “con el apercibimiento de que de no prestarla se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada”.
La magistrada, que ha dictado este auto una vez han presentado sus respectivos escritos de acusación tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Junta y el PP-A, declara a la Audiencia Provincial de Sevilla como órgano competente para enjuiciar esta pieza separada de los ERE.
El Ministerio Público ha pedido 14 años de cárcel, 30 años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 1.475.028,01 euros para Guerrero y su exchófer, mientras que ha solicitado seis años y tres meses de cárcel para Isidoro Ruz Espigares y seis años de prisión para Albarracín.
