Asociaciones pro inmigrantes buscan apoyo en el Congreso para acabar con las devoluciones en caliente
Aún colean las últimas devoluciones en caliente de primeros de año. En 2016, centenares de personas fueron devueltas tras cruzar las fronteras de Ceuta y Melilla. Andalucía Acoge y Red Acoge, que engloba 18 organizaciones, han mantenido encuentros con diputados de PSOE, Podemos y Bildu quienes han confiado en poder derogar la reforma de la legislación de extranjería que introdujo la posibilidad de que las personas migrantes que salten la valla puedan ser devueltas sin necesidad de procedimiento alguno.
Sylvia Koniecki y José Miguel Morales, presidenta y secretario general de Andalucía Acoge, junto a Mónica García e e Inés Díez de Frutos, directora y miembro del área jurídica de la Red Acoge, han mantenido encuentros este miércoles en Madrid con Ione Belarra, diputada de Podemos en las Cortes Generales por Navarra; Maribel Mora, senadora por Podemos; Antonio Trevín, diputado del PSOE por Asturias; y Jon Iñarritu, senador por Bildu.
Según explica Koniecki a eldiario.es Andalucía, los dos primeros partidos han confiado en que esta cuestión se pueda “mover” en esta legislatura recién comenzada. “Tienen un posicionamiento muy claro de que no se puede mantener una situación como ésta y que España sirva de modelo negativo a las prácticas europeas en este sentido”, apunta la presidenta de Andalucía Acoge.
PSOE y Podemos, según sus apreciaciones, ven bastante viable la posibilidad de acabar con las devoluciones en caliente en esta legislatura, trabajando con otros grupos polìticos y buscando iniciativas en ese sentido con el apoyo del tercer sector. Andalucía Acoge y Red Acoge abogan por un cambio en la legislación que permita garantizar los mismos derechos en cuanto a los procedimientos administrativos con independencia de cuál sea el punto de entrada. Se les deberá garantizar, por lo tanto, acceso al procedimiento, asistencia jurídica, intérprete y posibilidad de un recurso efectivo ante los tribunales de justicia en todo el territorio nacional.
Las organizaciones recuerdan que las devoluciones en caliente han sido objeto de recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional con el fundamento, entre otros, de ir en contra de la doctrina sentada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el sentido de que debe posibilitar que todas las personas que llegan a territorio español puedan solicitar asilo.
“Los traslados a la península deben realizarse conforme a criterios objetivos establecidos previamente por la administración por lo que debe eliminarse la arbitrariedad de los mismos y en ningún caso, deben utilizarse los mismos para desincentivar las solicitudes de asilo”, señalan las organizaciones.
El cierre de los CIE
El documento de propuestas que Andalucía Acoge y Red Acoge les han expuesto a los diputados del Congreso también contiene la situación de los CIES y la experiencia de Algeciras Acoge en el CIE de Algeciras y su anexo en Tarifa. En esa materia han vuelto a reiterar que “el cierre de estos centros debe ser de inmediato, pues incumple la legislación vigente vulnerando de manera sistemática los derechos de las personas internas”, lamentando que el ordenamiento español establezca “la posibilidad de privar de libertad a las personas inmigrantes por el incumplimiento de una obligación administrativa como es el hecho de estar documentado con autorización de residencia”.
Andalucía Acoge y Red Acoge, en general, creen que el nuevo parlamento surgido de las urnas tiene el deber de ser respetuoso con los derechos humanos de todas las personas que viven en España con independencia de su situación jurídica, máxime en un momento como el actual donde el número de personas que se han visto obligados a salir de sus países supera la cifra de 60 millones.
“Se hace necesario un nuevo abordaje de la política migratoria y de protección internacional que contemple a las personas que necesitan ser acogidas y protegidas frente a las políticas actuales centradas en impedir la llegada de las mismas y en el retorno de las mismas”, apuntan.
Por ello, deben contemplarse “formas legales para que estas personas puedan llegar a territorio de forma segura y debe garantizarse el acceso a derechos fundamentales así como su práctica efectiva, como puede ser el acceso a la salud acabando con ello con los recortes y las exclusiones practicadas durante los últimos años”.
