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PCA ocupará este sábado una finca en Arahal para reclamar a la Junta la puesta en marcha del Banco de Tierras

EUROPA PRESS

SEVILLA —

Según se precisa en un boletín interno del PCA, al que ha tenido acceso Europa Press, el partido ha convocado a las 10,00 horas de este sábado a la militancia en la estación de ferrocarril de este pueblo sevillano, para, desde allí, desplazarse con autobuses a una determinada finca para proceder a su ocupación.

Esta movilización se enmarca en la exigencia de poner a disposición de las necesidades de la gente que vive en el medio rural, los recursos agrarios que están sin utilizar. Según han apuntado, la Junta de Andalucía es propietaria de más de 20.000 hectáreas de tierra “cultivable y ociosa”.

El PCA considera que en estos momentos de “dramática falta de expectativas” para los trabajadores del campo todo el patrimonio público tiene que servir para la creación de empleo. “Y en el campo se da esta oportunidad, al mismo tiempo que se fija al territorio la población y se les ofrecen alternativas de futuro mucho más amplias”, consideran los comunistas.

En su opinión, esas tierras “baldías” deben convertirse en tierras de cultivos sociales que generen empleo, primando aquellos que sean más adecuados a las características de la zona, y deben ser cedidas a cooperativas o parados o mediante convenios con los ayuntamientos.

También es objetivo de esta movilización de los comunistas exigir la derogación de la ley que permite la subasta de tierras públicas en la Comunidad y, a partir de ahí, plantear una nueva normativa legal que desarrolle contratos de arrendamiento a colectivos como jóvenes, parados y pequeños agricultores o cooperativas, todos ellos ligados al territorio en el medio rural, favoreciendo la renovación generacional y evitando el éxodo en los pueblos andaluces.

El PCA de Sevilla quiere poner en valor el compromiso de Izquierda Unida en el Gobierno andaluz hacia la creación de un Banco de Tierras generado inicialmente a partir de las tierras del antiguo IARA para que se frene la pérdida de superficie útil y para evitar situaciones de abandono que resultan “nocivas” para el interés general y para el empleo rural en particular.

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