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PP-A pide que la Junta someta a control de Intervención General la financiación que destine a proyectos
Así lo reclama el Grupo Popular en el voto particular que defenderá el próximo miércoles en el Pleno del Parlamento al dictamen aprobado por la Comisión de Hacienda y Administración Pública en relación con el informe del grupo de trabajo relativo a la creación de un Instituto Público de Crédito Andaluz, aprobado con los votos de PSOE-A e IULV-CA, socios en el Gobierno de la Junta.
En las conclusiones de su voto particular, consultadas por Europa Press, el PP-A recomienda a la Junta “activar cuantos instrumentos de evaluación se consideren pertinentes para la eficacia del gasto público”, para lo que considera “necesario que todas las actuaciones de financiación de proyectos y empresas estén sometidas a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalidad, transparencia y a los controles de la Intervención General”.
Junto a ello, los 'populares' instan al Ejecutivo andaluz a “reformar el sistema de concesión de fondos sin personalidad jurídica de manera que efectivamente se desembolsen y fluyan a las empresas”, ya que ponen de manifiesto que “tras cinco años de gestión de los fondos reembolsables apenas se ha desembolsado la quinta parte de los recursos presupuestados y que tenían como finalidad dotar a las empresas de financiación en un momento en el que los mercados financieros han disminuido drásticamente su financiación a empresas”.
En la misma línea, el PP-A defiende que la gestión de los instrumentos de apoyo financiero a proyectos y empresas, para la que no considera “necesario crear un organismo nuevo”, debe hacerse “de forma absolutamente profesional, con independencia y con conocimiento del sector financiero”.
A su juicio, “la gestión del riesgo debe hacerse con criterios de mercado, de forma que se asegure la viabilidad económica y financiera futura de los proyectos para así conseguir el retorno de las ayudas para reutilizarlas en la financiación de nuevos proyectos”, por lo que emplaza a la Junta a “no utilizar criterios políticos para la concesión de la financiación”.
Por último, el Grupo Popular solicita al Ejecutivo andaluz que mejore los “procedimientos de evaluación, control e información” en materia de financiación pública a empresas y proyectos, de forma que estén sometidas al control de la Intervención General de la Junta, a la Cámara de Cuentas y al Parlamento andaluz.