El PP-A pide a la Junta que no conceda más ayudas a UGT-A hasta terminar su investigación

La portavoz de Empleo del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Teresa Ruiz Sillero, ha pedido a la Junta de Andalucía que “no conceda más ayudas” al sindicato UGT-A, incluidas las del Programa de Orientación e Inserción en el marco del programa Andalucía Orienta correspondiente al año 2013, hasta que no se averigüe si las ayudas que están siendo investigadas fueron usadas para lo que estaba previsto.

En rueda de prensa en la sede del PP-A, Ruiz Sillero ha advertido de que “no es ético” y, además, se encuentra en fraude de ley concederle al sindicato ayudas cuando tiene que devolver 1,8 millones, y más teniendo en cuenta que “el fraude puede ser mayor”, según la Ley General de Subvenciones, a nivel nacional, y la Ley de Hacienda Pública, de la Junta de Andalucía, que imposibilitan otorgar ayudas a quien no reintegre subvenciones en revisión o pendientes de justificar

De esta manera, ha pedido la anulación de la ayuda de UGT al programa Andalucía Orienta desde “el máximo respeto a la labor sindical y el máximo respeto que se merecen los desempleados”. En concreto sobre esta ayuda, la portavoz de Empleo del Grupo Popular en el Parlamento andaluz ha señalado que, en una resolución provisional, la cuantía ascendía a 6,5 millones y ahora pasa a ser de 3,6 millones, en algunos casos, “por renuncia del sindicato”, algo por lo que el PP-A preguntará al consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, el próximo jueves en la Cámara andaluza.

“Esperamos que dé explicaciones. Si tiene derecho, ¿por qué renuncia a ella? No sabemos si recibe presiones de la Junta y da igual si son seis millones o cuatro, sino que se las dan sin legalidad según la Ley General de Subvenciones ni la Ley de Hacienda Pública”, ha subrayado.

Así, ha señalado que se puede pensar que “la primitiva cantidad que se le daba a UGT era para pagar las indemnizaciones del expediente de regulación de empleo (ERE) del sindicato, ahora anulado, o para volver a contratar a esos trabajadores”, pero, a su juicio, “el escándalo le ha estallado en las manos a la presidenta de la Junta”.

En este sentido, ha recordado que el ERE de UGT-A fue para el personal de trabajaba en programa Orienta y “uno de los argumentos era porque no recibía subvenciones para orientación y que la Junta había sacado una Orden por la cual paralizaba la concesión de estas subvenciones”.

Al hilo de esto, Ruiz Sillero también ha señalado los 2,8 millones para UGT, “con nombre y apellido”, en materia de concertación social. “Le ingresarán este dinero tal cual aunque se esté investigando”, ha cuestionado.

JUNTA EXIME A SINDICATOS DE JUSTIFICAR AYUDAS

Además, Ruiz Sillero ha advertido de que “reiteradamente” los titulares de la Consejería de Empleo y Economía eximieron a los sindicatos y a otras organizaciones del cumplimiento de la Ley Estatal de Subvenciones y la de Hacienda Pública mediante “la firma de una resolución consejero tras consejero” para que “aunque no justificaran las ayudas las siguieran recibiendo”. “Lo que estaba pensado para una excepción, los consejeros lo convertían en norma”, ha reprochado.

Por esto, desde el PP-A se exige a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que “no guarde silencio por más tiempo” y “dé explicaciones de lo que ha ocurrido con la subvenciones de UGT y que ocurrirá con las que ya tiene otorgadas para 2014”.

Al hilo de esto, le ha pedido a la presidenta de la Junta “responsabilidad, transparencia e información, sin censura ni triquiñuelas parlamentarias”. “Transparencia absoluta en el proceso de revisión de las subvenciones concedidas a UGT permitiendo sin censura que el PP pueda consultar con carácter inmediato esos expedientes y conocer con carácter literal los informes sobre la investigación. No puede obstaculizar el derecho del PP-A de tener información vía parlamentaria”, ha señalado.

CONVOCATORIA “TELEDIRIGIDA A FAVOR DE LOS SINDICATOS”

Respecto a la convocatoria de subvenciones para la orientación y la inserción laboral, la portavoz de Empleo ha criticado que la Junta de Andalucía “favorece la concesión a entidades con implantación en varias provincias, perjudicando a sabiendas a los ayuntamientos y mancomunidades”, que “son quienes en realidad prestan el servicio”, agregó.

“La Junta realiza una convocatoria teledirigida para favorecer a sindicatos y determinadas entidades privadas de las que no sabemos ni quién está detrás y sin control exhaustivo ni público en detrimento de ayuntamientos que si están bajo control”, ha señalado.

Además, ha añadido que el Gobierno andaluz “está privatizando los servicios de formación y orientación de los andaluces”, y puso como ejemplo, la eliminación de estas ayudas para los ayuntamientos de. Granada, Huelva o Cádiz, que no “tiene ninguna ayuda orienta”.