La Junta andaluza de PP y Cs busca una alianza con el Gobierno de izquierdas en Valencia para mejorar su financiación

El futuro Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido a abordar en esta legislatura la reforma del modelo de financiación autonómica, caduco desde 2014, y del que se quejan prácticamente todas las comunidades. Este espinoso asunto tiene que ver con los recursos que reciben las autonomías del Estado para costear los servicios públicos en sus territorios, pero también habla de cómo y cuánto tributan las regiones, y a largo plazo es un debate que conducirá, previsiblemente, a afrontar una reforma constitucional.

De modo que el debate sobre financiación obliga a sentarse en la misma mesa de negociación -el Consejo de Política Fiscal y Financiera- a todos los gobiernos autonómicos junto al Ministerio de Hacienda. El problema es que este foro saca a la luz alianzas contra natura entre presidentes regionales que militan en distintos partidos políticos, pero les unen los mismos problemas de financiación. Esto no sólo complica la negociación entre comunidades, también enrarece la vida interna de PP y PSOE cuando sus barones buscan una posición común con sus vecinos y adversarios políticos para fortalecer las reivindicaciones de sus territorios en el marco del Consejo de Política Fiscal.

Es lo que el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos está a punto de hacer: sellar una alianza estratégica con el futuro Ejecutivo de izquierdas de la Comunidad Valenciana (aún por conformar), dado que son las dos regiones más infrafinanciadas de España, según datos del Ministerio de Hacienda. El asunto de la financiación autonómica es complejo, porque si no se cuadra bien el sudoku en el reparto de fondos, se abre una peligrosa brecha territorial y de partidos. En el norte, en la llamada España vaciada, Galicia (PP), Castilla y León (PP), Aragón (PSOE) y Asturias (PSOE) firmaron un acuerdo político para defender juntas que el nuevo modelo de financiación tuviera en cuenta la despoblación de sus territorios, la dispersión y el envejecimiento de sus gentes. A ese frente común se unieron, más tarde, Castilla-La Mancha y Extremadura (PSOE).

Más habitantes, más peso

En el sur y levante español, Andalucía y la Comunidad Valenciana reclaman un criterio contrario para mejorar el reparto de fondos, esto es, que tenga más peso el mayor número de habitantes. Este eje valenciano-andaluz ya se forjó a final de la pasada legislatura, cuando los consejeros de Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano, y Vicent Soler, acordaron pedir juntos al Estado un fondo extra de 16.000 millones a la partida que reciben las comunidades -como punto de partida al nuevo modelo- y se sugirió la condonación o reestructuración de la deuda generada por la infrafinanciación, una reclamación de Valencia y de Cataluña (en el marco de un acuerdo global).

Ahora, el nuevo titular de Hacienda del Gobierno andaluz, el popular Juan Bravo, está dispuesto a retomar aquella negociación bilateral con Valencia, pero sumando al eje valenciano-andaluz a un tercer protagonista: Murcia, con cuyo homólogo, Fernando de la Cierva, ya se reunió el pasado mes de marzo. Fuentes del Ejecutivo autonómico confirman que será la Junta quien promueva los contactos con su homólogo valenciano una vez que, como parece previsible, el socialista Ximo Puig sea investido presidente autonómico.

Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia son los territorios más infrafinanciados, aglutinan a un tercio de la población de España (15 millones de habitantes) y representan también las regiones con mayor densidad económica, según admite la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Andalucía está gobernada desde hace cinco meses por PP y Cs, la Comunidad Valenciana acaba de salir de unas elecciones que han consolidado en el poder al Gobierno de izquierdas con una mayoría absoluta de PSOE, Compromís y Unides Podem; y Murcia acude a las urnas este domingo, con el candidato del PP -Fernando López Miras- como favorito en todas las encuestas para seguir presidiendo una comunidad donde los populares gobiernan desde desde 1995, hace 24 años.

Las elecciones autonómicas de este domingo pueden redibujar el color de estas alianzas interterritoriales en materia de financiación si, como avisan algunas encuestas, el PSOE y sus socios de izquierdas arrebatan algunos gobiernos al PP. En Murcia es difícil que ocurra, por tanto ese frente de las regiones sur-levante, si cristaliza, tendrá dos gobiernos de centro derecha y uno de izquierdas.

Discrepancias entre PP y Ciudadanos

Sin embargo, no es el consenso más difícil que afronta el Gobierno andaluz. En el mismo Palacio de San Telmo hay ahora dos posturas enfrentadas respecto a la reforma de la financiación autonómica. Unas discrepancias que se pusieron de manifiesto la semana pasada en el Parlamento, cuando PP y Cs votaron por primera vez cosas distintas sobre una enmienda del PSOE a una proposición no de ley de los populares en materia de financiación autonómica. Los populares, los socialistas y Adelante Andalucía defendieron la propuesta conjunta que firmaron en el Parlamento la pasada legislatura para la reforma de la financiación. Una propuesta que implicaba una asignación extra de 4.000 millones más para Andalucía.

Ciudadanos fue el único partido que no apoyó aquella propuesta - un documento consensuado por PSOE, Podemos e IU y al que se unió por sorpresa el PP- y sigue desmarcándose a día de hoy. El vicepresidente de la Junta y líder naranja en Andalucía, Juan Marín, aseguró este lunes durante un encuentro de la Cadena Ser que ya “no es posible eludir el debate de la financiación de los servicios públicos”. “Pedro Sánchez tendrá que convocar el Consejo de Política Fiscal, y ahí estará representado el Gobierno del cambio. Andalucía hará de contrapeso y volverá a reclamar los millones que se han reclamado anteriormente al Gobierno central del PP y del PSOE”, dice Marín, haciendo suya la cifra de la deuda del Estado con Andalucía que había calculado Susana Díaz: alrededor de 5.200 millones de euros.

Pero respecto a la inyección de 4.000 millones en materia de financiación autonómica que avaló el Parlamento andaluz, Ciudadanos sigue desmarcándose, lo cual enfrenta su posición con sus socios del PP. No se sabe, a estas alturas, cuál será la propuesta conjunta que el Gobierno bipartito andaluz llevará al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera. “Los únicos que no votamos a favor de la propuesta de financiación del Parlamento andaluz fuimos nosotros”, dice Marín, que descarta que esta postura a la contra del resto de la Cámara les haya “debilitado políticamente”. “Teníamos nueve diputados cuando votamos que no a aquel acuerdo del Parlamento y ahora tenemos 21 diputados”. Y concluye: “En el Gobierno andaluz, somos dos grupos políticos distintos con cosas en común… pero si aquí hay una crisis de Gobierno cada vez que discrepamos, lo van a escribir muchas veces porque somos proyectos políticos distintos”.

El plan de financiación que aprobó por mayoría el Parlamento andaluz propone que las comunidades participen de un 20% de la recaudación del IVA que ahora gestiona el Gobierno central. Las regiones controlan el 50% de los ingresos que obtienen por este gravamen y pasarían a participar en el 70%. La propuesta que firmaron PSOE, PP, Podemos e IU busca la “nivelación total” en el reparto de recursos entre comunidades, estrechar la brecha entre las más ricas y las más pobres.

Los andaluces representan el 19,7% del total de población de comunidades de régimen común, pero los ingresos que reciben representan sólo el 17%. “Esto significa que hay 220.000 andaluces que contribuyen al Estado con sus impuestos sin recibir nada a cambio”, denunciaba entonces la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, que hoy es la ministra que tiene en sus manos resolver ese déficit. El PP dio por buena esa explicación entonces, en un giro estratégico arriesgado, y ahora el plan de Montero es la principal herramienta política del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla para exigir más fondos al Ejecutivo de Pedro Sánchez.