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La oposición carga contra el Gobierno andaluz por "ocultar" al Parlamento el gasto de dinero público en un prostíbulo

Los rivales del PSOE reprochan el consejero de Empleo que omitiera en sede parlamentaria que sabía del gasto de 15.000 euros en un prostíbulo de Sevilla con cargo a una tarjeta de crédito de la empresa pública Faffe

El PP registra una comisión de investigación en la Cámara sobre el asunto.

Ciudadanos, socio de los socialistas en esta legislatura, tilda el caso de "vergüenza", pero no aclara aún si apoyará la iniciativa de los populares

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PP-A pide una comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre la Faffe

PP-A pide una comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre la Faffe

El gasto de 15.000 euros en un prostíbulo de Sevilla con cargo a una tarjeta de crédito del Gobierno andaluz ha sacudido al gabinete de la presidenta Susana Díaz, cuando ya parecía haber puesto el piloto automático hasta las vacaciones de agosto. Mientras PSOE, PP y Ciudadanos se han puesto de acuerdo para condensar en un solo día el último Pleno de este periodo de sesiones en el Parlamento -evitando así las preguntas de control a la presidenta- el grupo parlamentario popular ha registrado este miércoles una propuesta para constituir una comisión de investigación en la Cámara sobre la polémica tarjeta de crédito de la empresa pública Faffe.

De prosperar, la iniciativa se sustentaría ya después del verano, aunque todos los partidos políticos andaluces trabajan ya con la hipótesis de un adelanto electoral en otoño. Los socialistas han rechazado de inmediato esta comisión de investigación, argumentando que el asunto ya se está dirimiendo en los juzgados, que la Junta está personada en la causa y que es ella quien ha aportado estos datos a la jueza.

La tensión de ayer entre el Gobierno andaluz y sus rivales políticos no es propia de una legislatura a punto de expirar. El PP es quien pilota esta línea de oposición contra la Junta, a la que acusa de haber mentido sobre un asunto que se está investigando en los tribunales. Podemos e IU critican que la Junta no haya dado explicaciones sobre su propia investigación interna, pese a estar personado en la causa como acusación particular. Es más, la líder de la formación morada, Teresa Rodríguez, sostiene que “no es de recibo” que el pasado 12 de junio, el consejero de Empleo, Javier Carnero, acudiese al Parlamento a dar explicaciones sobre este asunto, 12 días después de haber puesto en conocimiento de la Guardia Civil y de la jueza el gasto irregular e 15.000 euros en un prostíbulo con cargo a la tarjeta de una empresa pública, y omitiera esta información en sede parlamentaria. Estos dados los reveló el pasado lunes el PP andaluz, mientras que el departamento de Carnero evitó pronunciarse porque “se trata de un sumario reservado”.

En el seno del Gobierno andaluz hay malestar por cómo se ha gestionado este asunto de cara a la opinión pública. El PP ha tomado la iniciativa política, ha difundido datos de la investigación y ha buscado paralelismos evidentes con el caso ERE, que estos días sienta en el banquillo a 20 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación de fondos, incluidos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La polémica de la tarjeta de crédito -que los populares llaman ‘tarjeta black’ en clara alusión al desfalco de Bankia- se enmarca en una investigación judicial en curso en torno a la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo (Faffe). La Faffe era una empresa pública para formación de parados que llegó a gestionar 300 millones de euros, y que fue disuelta en 2011. Su nombre aparece en los sumarios de otras macrocausas judiciales, como los ERE o el supuesto fraude de los cursos de formación. 

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La investigación del gasto de la tarjeta en un prostíbulo de Sevilla, en marzo de 2010, es una pieza separada de los cursos. El asunto lo lleva el juzgado de instrucción número 6, que pilota la jueza María Núñez Bolaños, sustituta de Mercedes Alaya en las dos macrocausas citadas. La Guardia Civil investiga, entre otras personas, a Fernando Villén, un socialista con cierto arraigo en el partido y en el Gobierno andaluz, que en 2010 era directivo de Faffe. El 22 de marzo de ese año, Villén usó una tarjeta MasterCard (asociada a esta empresa pública) para pagar en un prostíbulo de Sevilla (Don Angelo). Ese día, en menos de seis horas, se realizaron 15 pagos sucesivos por valor de 14.737 euros. En los extractos que se han hecho públicos aparecen facturas de 310 euros y de 1.470 euros. Villén ha explicado luego que se trataba una despedida de soltero y que usó la tarjeta de la empresa, y no la suya, “por error”. Ese mismo día, horas antes de la fiesta en el club de alterne, el ex presidente de la Junta, José Antonio Griñán, acababa de remodelar su gabinete y había destituido al entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, responsable político de la Faffe. 

Los pagos de aquel día no constan en la contabilidad de la tarjeta porque fueron anulados a la mañana siguiente de la fiesta en el prostíbulo. Alguien -la Guardia Civil aún no lo ha esclarecido- se encargó de volver al local a la mañana siguiente y abonar las facturas en metálico, evitando así que el cargo se realizara en la tarjeta de crédito. Pero los movimientos bancarios de esos casi 15.000 euros sí quedaron grabados. La Junta los descubrió tras requerir esta información a la entidad bancaria a la que estaba asociada la tarjeta, y entregó los extractos en el juzgado.

El Gobierno andaluz sostiene que está colaborando con la justicia desde el principio y no ha ahorrado calificativos al denunciar el asunto: “lamentable, intolerable, patético, asqueroso”. Pero se ha abierto una brecha que la oposición quiere explotar al máximo, incluso buscando paralelismos con el caso ERE: “Se ha usado dinero público destinado a la formación de parados en un prostíbulo, igual que se usaron fondos para comprar cocaína al chófer de Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Consejería de Empleo”, y pieza angular del caso ERE. “Queremos saber qué altos cargos estaban en el club de alterne la noche en la que se gastaron los 14.737 euros, en qué se basó este pago con cargo a la tarjeta, si existían más tarjetas de créditos y si esto era lo habitual”, advierte la portavoz parlamentaria del PP andaluz, Carmen Crespo.

Los populares sostienen que la Faffe se ha caracterizado todos estos años por “el enchufismo y el clientelismo” que en ella existía, califican la empresa pública como la “agencia de colocación de familiares y amigos del PSOE”, y denuncian "hay más de 200 empleados vinculados al PSOE”. Desde Algeciras (Cádiz), el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha arremetido duramente contra Díaz: “Estamos ante un caso gravísimo. Me sorprende que la presidenta de la Junta mantenga un silencio cómplice" sobre este asunto. “Hablamos de un cóctel que es la antítesis de lo que debe ser el funcionamiento de una institución pública”, ha dicho.

El portavoz socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, ha respondido a los populares acusándolos de estar “una vez más” intentando “condicionar, influir o alterar el trabajo del Parlamento subordinando su trabajo al propio funcionamiento de los tribunales”. De este modo, ha rechazado la propuesta del PP de constituir una comisión de investigación sobre los gastos irregulares en la Faffe. 

La iniciativa de los populares va a depender de lo que haga Ciudadanos, socio de legislatura del Gobierno de Díaz. Justo este miércoles, el presidente nacional de este partido, Albert Rivera, ofreció una conferencia en Sevilla y al término de la misma, preguntado por el uso de la tarjeta de una empresa pública en un prostíbulo, calificó el hecho de “vergüenza”.

Por su parte, la secretaria general de UGT en Andalucía, Carmen Castilla, ha tachado de "repugnante" el hecho de que se haya utilizado una tarjeta de la Junta en un prostíbulo de Sevilla y ha exigido "máximo respeto al dinero público”. Castilla, además de condenar el hecho en una rueda de prensa, ha ido más allá y ha abogado por la desaparición de los clubs de alterne. "Esos locales deberían desaparecer en nuestro país porque degradan a la mujer y no deberían existir en pleno siglo XXI", ha sentenciado, informa Europa Press.

 

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