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El PP aparta al inspector que alertó de una obra ilegal en Marbella no paralizada por Urbanismo

Imagen de las obras ilegales del Funky Buddha.

José Carlos Villanueva

  • El coordinador de Personal firmó hace unos días la orden de traslado de Manuel del Río, el inspector que avisó en dos informes de la ilegalidad que suponía el Funky Budha Beach.
  • El concejal Pablo Moro declara este jueves como imputado ante el juez precisamente por no haber paralizado las obras de cuyas irregularidades advirtió Del Río.

Manuel del Río, el inspector de servicio de la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella que alertó de la ilegalidad que suponían las obras de construcción del club de playa Funky Budha, ha sido apartado de su puesto y trasladado al área de Servicios Operativos, en otras dependencias municipales. Este funcionario supervisa ahora las obras de canalización del gas en la ciudad.

Cabe recordar que el concejal delegado de Urbanismo, Pablo Moro, declara este jueves a partir de las 10:30 horas, como imputado, ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de Marbella, precisamente por no haber paralizado las obras de cuyas irregularidades advirtió Del Río en dos informes.

Según el documento oficial al que ha tenido acceso marbellaconfidencial, ha sido el coordinador de Hacienda y Personal, Carlos Rubio, alto cargo de confianza del PP, la persona que en nombre del equipo de gobierno ha firmado dicho traslado.

“En uso de las potestades de organización que, para la más eficaz prestación de los servicios municipales, le corresponden a este Ayuntamiento , se hace necesaria por ampliación de efectivos, el cambio de ubicación de puesto de trabajo del Inspector de Servicio Manuel del Río León, que pasará a desempeñar las tareas propias de su puesto de trabajo al Área Sectorial de Obras y Servicios Operativos”. Así reza el escrito que Carlos Rubio traslada al Comité de Empresa del Consistorio marbellí.

La decisión de Rubio ha generado un gran malestar en el seno del colectivo sindical municipal. Algunas fuentes consultadas hablan abiertamente de “represalias” y apuntan directamente no solo hacia Pablo Moro, como responsable del traslado del funcionario, sino también hacia la propia alcaldesa por haberlo consentido a través de Carlos Rubio, su mano derecha con múltiples competencias de Alcaldía delegadas en su persona.

El inspector apartado de su puesto en Urbanismo firmó el 17 de julio un informe en el que ponía de manifiesto toda una serie de irregularidades en las obras del club de playa, además de reformas y la instalación de una enorme piscina.

En aquel momento la edificación se había consolidado por completo en suelo no urbanizable de especial protección, tal y como informó el inspector Del Río al levantar acta de las infracciones urbanísticas. A pesar de la existencia de hasta cuatro informes distintos, alertando de la situación del todo ilegal, nunca se ordenó la paralización de los trabajos y el club pudo abrir sus puertas durante el verano.

En base a todo lo anterior el grupo municipal del PSOE denunció el pasado mes de agosto ante la Fiscalía de Málaga la no paralización de las obras por parte del concejal delegado de Urbanismo, Pablo Moro, lo que dio lugar a su imputación por omisión de sus funciones a la hora de velar por el cumplimiento de la legalidad como máximo responsable del Urbanismo en Marbella.

Tal y como dio a conocer marbellaconfidencial el pasado 20 de octubre, el juez admitió la personación de los socialistas marbellíes como acusación popular, tras alcanzar un acuerdo para depositar una fianza de 2.000 euros.

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