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El PP pone su parte para un posicionamiento común de Andalucía en el debate de la financiación

Reconoce la infrafinanciación de la comunidad autónoma, de la que culpa a los socialistas, y asume cambios en los cálculos de la población, el gran lastre para el sur

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El PP no ha tenido problemas en hacer un diagnóstico negativo del modelo de financiación en vigor, dado que fue aprobado por el PSOE, con el voto en contra de los populares, como remarcan una y otra vez en el documento que ha registrado este lunes en el Parlamento de Andalucía, desde donde se negociará un posible posicionamiento unánime de la comunidad autónoma para este debate.

Es más, en el mismo se aprecia que el modelo es "malo" y "nefasto" para Andalucía, pero también que la aplicación del mismo hecha por el gobierno del PSOE ha sido "peor" que la del Gobierno del PP a partir de 2012. De hecho, los populares se remiten a un estudio elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) para sostener esto. En definitiva, reconoce que Andalucía ha recibido 4.673 millones de euros menos que la media desde 2009 a 2014 fruto de una "infrafinanciación" que todos los expertos han reconocido. Pero no menciona ni de pasada el retraso del Gobierno de Mariano Rajoy para afrontar este debate.

En cualquier caso, su diagnóstico es muy parecido a lo planteado por los otros grupos variando los culpables: no ha generado los suficientes recursos para las necesidades de gasto; ha creado desigualdad; es un modelo complicado y poco transparente; no ha permitido la convergencia entre regiones; tampoco la suficiente responsabilidad fiscal para la autonomía de ingresos y gastos; no ha funcionado con la suficiente fluidez la lealtad institucional; se han propiciado unos niveles de endeudamiento público muy elevados; y no contiene ningún mecanismo de estabilización que suavice las oscilaciones del ciclo económico.

Por otro lado, el PP se conformaría con cerrar este consenso que se busca en el Parlamento de Andalucía con el PSOE, dando un papel secundario a los demás grupos. "Ya que el modelo debe aprobarse en el Congreso de los Diputados con una mayoría parlamentaria sólida y afecta a las comunidades autónomas gobernadas básicamente por el PSOE y el PP", manifiesta.

Con estas premisas, el PP recuerda que es competencia del Gobierno de España, al que corresponde la fijación de la política fiscal general del país, determinar el nivel de gasto público global y su distribución entre las distintas administraciones públicas siguiendo el principio de suficiencia y de estabilidad presupuestaria, dando especial importancia a que es vital seguir reduciendo la deuda pública. Es más, no cuestiona el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), si bien ve razonable posibilitar la reestructuración de la deuda pública, por ejemplo con un mayor plazo de devolución.

Hay tres frases que el PP repite varias veces en su documento a modo de lema. Dos que podían ser de cualquier otro grupo: "No hay que olvidar tampoco que no son los territorios los que pagan impuestos, sino las personas" y "queremos que Andalucía tenga un nivel de prestación de servicios públicos igual a aquella comunidad autónoma que mejor los preste". Y otra que comparte con C's: "Los recursos son limitados (y fluctuantes) y las necesidades son (o pueden llegar a ser) infinitas, por lo que el concepto de suficiencia debe quedar delimitado por lo que se quiera cubrir con lo disponible".

Coincide con C's en poner el foco en la exigencia de criterios de eficacia y eficiencia para usar estos recurso, rechazando por ejemplo que haya comunidades autónomas "que excedan de las competencias establecidas, que incrementen la estructura política o que dupliquen y solapen actuaciones mediante un crecimiento desmesurado del sector público empresarial", lo que reprochan constantemente a la Junta de Andalucía. Sus propuestas más destacadas se pueden resumir en éstas:

Las 10 consideraciones más destacadas

En general el PP considera que la cesta de la fiscalidad, "siguiendo la opinión del informe del grupo de expertos" propuesto por el Gobierno de España, no debería alterarse de forma sustancial. Del impuesto sobre el patrimonio, comparte que debería desaparecer del sistema tributario y si continúa contando para la financiación que siga igual. En el caso del impuesto de sucesiones y donaciones, que quede suprimido mediante el establecimiento de una bonificación del 99%. No propone cambios en otros como incrementar la participación en el IVA y los impuestos especiales, en lo que coincide la izquierda.

La capacidad normativa fiscal de las comunidades autónomas no puede generar situaciones de agravios tan grandes como los que se han producido en el caso de Andalucía. Por lo que considera que sería bueno preservar a las distintas figuras tributarias de esa pretensión, en contraposición con lo que propone C's.

Para calcular el gasto de los servicios públicos fundamentales cree que se deberían tener cuenta todas aquellas variables que inciden en el coste, pero con un mecanismo de actualización de la llamada población ajustada. La propuesta de introducir nuevas variables -otros grupos han hablado de la tasa de paro y la de pobreza y exclusión social por ejemplo- "debería estudiarse", si técnicamente se demuestra su incidencia en el coste. Eso sí, apunta que la nivelación de los servicios públicos debe ser total, no sólo de los fundamentales.

Igual que Cs, se une a la propuesta del informe de expertos creado por el Gobierno de España en relación con la necesidad de simplificar el modelo con dos básicos, como también hace C's. Se trata de pactar primero "un equilibrio vertical" entre la Administración General del Estado (AGE) y las autonomías y, segundo, un criterio de reparto entre las comunidades autónomas. Para el PP, parece conveniente que la cohesión territorial se aborde con mecanismos ajenos a este modelo, con otros fondos, que no concreta.

Sobre el fondo de sostenibilidad, que garantizaría recursos en épocas de crisis y que todos los demás grupos defienden sin dudar, el PP lo ve "conveniente", pero puntualiza que "se hace complicada su materialización en la actualidad" por la deuda pública. "No obstante, si en el futuro, la deuda pública se ha reducido a los niveles previos a la crisis y los ingresos aumentan a un ritmo superior a las necesidades, sí sería posible, y deseable", matiza.

Rechaza que se mantenga la cláusula de statu quo, que haría a los territorios tradicionalmente beneficiados con la financiación conservar esos privilegios, porque "se perpetuarían las diferencias". Esto lo comparten todos los grupos.

Estabilidad financiera. Contra las críticas que Podemos e IU han hecho a la reforma del artículo 135 de la Constitución Española por parte del PSOE y el PP, y también a la regla de gasto establecida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de Mariano Rajoy -reproche al que sí se suman los socialistas- los populares defienden que "es un buen instrumento". Es más, agregan: "La regla de gasto, contenida en la citada ley, ha permitido que en un escenario de recuperación, en la que se han producido un fuerte incremento de los ingresos, se haya podido aumentar el gasto a la vez que se ha disminuido la deuda".

Del Consejo de Política Financiera y Fiscal (CPFF), comparten una reforma de su reglamento -lo piden todos los demás grupos- para darle más participación a las autonomías, pero manteniendo el control y liderazgo en todo caso la Administración General del Estado (AGE), y no entran a concretar, como si hacen otros, la posibilidad de establecer el voto ponderado.

Sobre el régimen del País Vasco y Navarra, tras recordar que sus sistemas están "consagrados constitucionalmente", considera que debería establecerse algún mecanismo que permita una mayor coordinación con el general, sin entrar en pedir una mayor aportación como sí han hecho Podemos, C's e IU, mientras el PSOE lo ha obviado.

Finalmente, como C's, cosa que no menciona el resto, se hace eco de la necesidad expuesta por los comparecientes en el grupo de trabajo de que falta más coordinación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) con las autonómicas, entre otras cosas para la lucha contra el fraude fiscal.

 

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