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El decreto contra la pobreza supera el Parlamento con la abstención del PP

Fernando Vicente

Fue la última frase pronunciada desde la tribuna del Parlamento de Andalucía por la consejera de Bienestar Social, María Jesús Montero, en su defensa del ‘Decreto Ley de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía’: “No vamos a consentir que haya personas en Andalucía que no cuenten con lo mínimo imprescindible para vivir”.

Justo antes había pedido el apoyo del Partido Popular Andaluz “a las familias que nada han hecho para provocar esta crisis, pero que la están sufriendo de forma injusta”: “Invito al Partido Popular a votar a favor de la convalidación de este Decreto Ley, y a colaborar en hacer efectiva su puesta en marcha, alejándonos de una confrontación partidista en una materia tan sensible”.

No tuvo buena acogida. Rosario Soto Rico, portavoz del PP, pronunció un discurso muy duro en el que llegó a acusar al plan de alimentación en los colegios, por el que se garantizará desayuno, comida y merienda de los escolares, de “volver a la época franquista, en la que en los colegios se diferenciaba entre los alumnos ricos y los becados”.

Soto empezó acusando al Gobierno andaluz de haber recortado 500 millones de euros de los presupuestos de Asuntos Sociales entre 2010 y 2012, a los que se suma otro recorte de 209 millones en 2013. “Ahora”, dijo Soto, “el Gobierno ‘socialcomunista’, más comunista que social, aprueba un decreto con una dotación presupuestaria de 72 millones de euros”, para aprovecharse “de los que peor lo están pasando, y con un descaro sin precedentes hacer demagogia, intentar obtener rédito electoral, acogerse al populismo y ahondar en la confrontación”.

Según Soto, en su búsqueda del “nicho de votos de las personas más vulnerables”, el “Gobierno bipartito” se habría repartido el presupuesto del Decreto Ley: “Pero como los socialistas, señor Valderas tenga usted cuidado, son muy listos, más bien muy listillos, a ustedes señores comunistas les han dado cuatro millones de euros”, a repartir entre los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes: “Las migajas que le quedan a IU son una ridiculez y una inutilidad”, aseguró.

De la misma manera, según Soto, el plan de solidaridad alimentaria sería la parte del presupuesto que se quedaría el Psoe: “Es la rama de los socialistas”, con la que, vaticinó, se va “estigmatizar en los colegios a los niños marcándolos como excluidos sociales”. En su lugar, y utilizando un término de la izquierda, propuso incrementar el salario social para que “las familias puedan autogestionar sus ingresos”.

La dureza del tono hubiera hecho pensar que, lejos de atender la solicitud de la consejera Montero, el PP iba a votar en contra de la convalidación del Decreto Ley. No fue así, pillados claramente a contrapié, como en el caso del decreto antidesahucios, para no dar la imagen de que se oponen a medidas de ayuda a las familias que peor lo están pasando por la crisis, el PP se abstuvo. Así, de los 105 votos emitidos, 57 fueron afirmativos y 48 abstenciones.

El decreto pasó, pues, por la Cámara andaluza sin ningún voto en contra. Inmediatamente después, por 57 en contra y 47 síes, la Cámara rechazó la propuesta del PP de tramitar el decreto como una ley.

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