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El PSOE-A plantea eliminar un artículo de la Lomce cuando su formación ya la ha recurrido

Protesta en defensa de la segregación por sexos en la escuela.

Olga Granado

El grupo del PSOE-A ha planteado para el próximo pleno una proposición no de ley (PNL) para que la Junta de Andalucía inste a que el Gobierno de la Nación -que en funciones como ahora no puede hacerlo- suprima el artículo de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (Lomce) que garantiza el derecho a los centros escolares que quieran segregar a los niños por sexos, incluso a recibir subvenciones. Lo que ocurre es que este contenido de la Lomce está incluido en el que la propia Junta de Andalucía ya recurrió en el Tribunal Constitucional (TC) hace casi un año, lo que también ha hecho el grupo del PSOE en el Congreso de los Diputados y varias comunidades autónomas. Es más, esto va en el programa electoral del PSOE cuyo líder, Pedro Sánchez, se plantea conseguir un pacto para gobernar, y entre sus compromisos -igual que los de otros partidos- está derogar la Lomce en su totalidad.

Sin embargo, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez no ha entrado a valorar estas posibles contradicciones en el planteamiento ni la imposibilidad de llevar a término el contenido de la PNL, y se ha centrado en los argumentos para defenderla, especialmente tras los dos varapalos recibidos por la Junta de Andalucía las últimas semanas en su larga lucha en los tribunales contra este modelo y que había plasmado con su decisión en 2009 de no renovar conciertos con este tipo de colegios. “No es coherente con la Constitución Española ni con la igualdad de oportunidades y de trato, por lo que debe ser derogado”, ha dicho Mario Jiménez, en la defensa de esta propuesta y en contra de dicho artículo de la Lomce.

Con este planteamiento, que en otras ocasiones han compartido todos los grupos con representación en el Parlamento de Andalucía, salvo el PP-A, se defiende que “en ningún caso esa educación puede ser impulsada por las administraciones ni financiada con fondos públicos”. Especialmente crítico ha sido con el articulado de la Lomce en la materia porque puede “dañar la cohesión social y sembrar semillas que permitan que sigan floreciendo cuestiones de una concepción de sociedad en la que no prime la igualdad de oportunidades y se mantengan estereotipos que han funcionado durante siglos con la subordinación de las mujeres respecto a los hombres”.

En concreto, la PNL quiere que el Gobierno de la Nación incluya en la Lomce el artículo 84.3 de la Ley Orgánica de Educación (LOE) que el PSOE aprobó cuando gobernaba en 2006, recogiendo expresamente que en ningún caso habría discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. En paralelo, insta a que se ordene el cese de la financiación pública para los centros docentes privados en los que se escolariza únicamente a alumnado de un sexo, “aplicando los principios legales de igualdad y no discriminación”.

Se da la circunstancia que el Gobierno de Mariano Rajoy puso especial énfasis en garantizar el derecho a financiación de este tipo de colegios, incluso antes de la aprobación de la Lomce a finales de 2013. De hecho, a finales de 2012, en la ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013 incluyó su blindaje, que la Junta de Andalucía recurrió en el TC y recientemente ha perdido. Precisamente, el PP optó por esta operación cuando se había producido una sentencia del Tribunal Supremo (TS) que corregía otra del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la que dejaba en suspenso una orden de 2011 de la Junta de Andalucía instando a 12 centros escolares a no continuar segregando por sexos o rompería los conciertos con ellos. En este sentido, si bien el TS daba la razón a la Junta de Andalucía con la LOE en la mano, en su intención de no pagar este tipo de educación, sí la consideraba legal, por lo que le caía una de cal y otra de arena.

Dos varapalos este año

Esta petición del PSOE-A llega, como se ha referido, tras dos recientes pronunciamientos en contra de la Junta de Andalucía en esta pugna, y que en los últimos años se ha plasmado en sentencias de todo tipo y a favor de uno y otro criterio. El primero de ellos, el mes pasado, cuando el TC mediante una serie de nuevas sentencias, rechazaba admitir la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TSJA, a petición de la Junta de Andalucía respecto a los PGE de 2013, que garantizaban fondos públicos para el sostenimiento de este tipo de colegios. Tras conocer este fallo, la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, matizaba que el mismo resolvía únicamente sobre el caso de los PGE de 2013 y que órdenes dictadas por la Junta de Andalucía, “en tiempos anteriores a la promulgación de la Lomce”, son las que recurren las patronales y asociaciones de padres de alumnos, por lo que habrá que estar “a expensas de las resoluciones de estos contenciosos administrativos”, en cuyo caso, se “respetarán” los dictámenes, pese a no compartir ese patrón.

Y por otro, esta pasada semana, era el TSJA el que desestimaba la petición de la Consejería de Educación para fijar una caución, que reflejara toda la financiación a recibir en concepto de concierto en el caso de que el proceso acabase sustanciándose a favor de sus intereses. De hecho, pese a que la Junta de Andalucía decidió retirarles la subvención, los juzgados le reconocieron su derecho a recibirla de manera cautelar mientras se resuelve el litigio, y lo que pretendía la administración era que depositaran un aval para su reintegro en caso de que termine ganando la batalla, cosa que el TSJA no ha considerado.

En todo caso, no es la primera vez que el PSOE-A presenta una PNL referida a la aplición de la Lomce. De hecho, el pasado mes de diciembre el pleno aprobó instar a que la Junta de Andalucía solicitara que el Gobierno de España derogara el real decreto por el que se regulaban las características generales de las pruebas de la evaluación final de educación primaria y la paralización de cualquier actuación o medida en este sentido, para “la apertura de un verdadero proceso de diálogo”. Esa petición se aprobó con los votos en contra del PP-A y de C's y a favor de Podemos y de IU. Esta vez, el PSOE-A busca también que los grupos se retraten con su debate en el pleno.

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