El Pacto del Agua de Huelva se oxida
El Pacto del agua en Huelva apenas ha estado vigente año y medio y siempre con inestabilidad. Los cuatro principales partidos en la provincia, PSOE, PP, IU y PA, firmaron en septiembre de 2011 un acuerdo para cerrar la conocida como 'guerra del agua'. El compromiso para impulsar la Mancomunidad de Servicios (MAS) onubense, en cualquier caso, siempre estuvo politizado. Ahora está abocado a la judicialización. El proceso se anuncia como la puntilla al Pacto. Varios municipios, gobernados por los populares o con socios de gobierno populares, han dejado progresivamente la MAS. Y en la actualidad se plantea la ilegalidad de estas salidas de Giahsa, la empresa instrumental de la Mancomunidad. Hasta tres informes internos desvelados por El País advierten de supuestas irregularidades en el camino de la privatización seguido por el PP. Además, el exalcalde y actual concejal del PP en Punta Umbría José Carlos Hernández Cansino se ha tenido que defender esta semana de su contratación como abogado por parte de municipios que habían dejado previamente Giahsa y por Aqualia, la firma privada que ha asumido en muchos casos el servicio del agua en estas localidades. Hernández Cansino asegura que “ni hay relación de los trabajos con este servicio ni hay coincidencia en el tiempo”.
El exregidor, no obstante, puede verse obligado a demostrarlo ante un juez, junto con los ayuntamientos, si Izquierda Unida insiste en llevar a la Fiscalía la ruptura del Pacto del Agua en Huelva. El PSOE, conocedor desde hace meses del contenido de los informes, mantiene una postura sosegada ante la petición de IU de elevar a la Fiscalía la salida de Giahsa de municipios del PP.
Los izquierdistas siempre han mantenido que existe una trama política organizada por el PP con el visto bueno de los partidos independientes para privatizar los servicios que presta la MAS: Gestión integral del agua y recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos. A cuentagotas, Lepe, Valverde del Camino y Bollullos Par del Condado, Cartaya, Cortegana, San Juan del Puerto, Higuera de la Sierra y Lucena del Puerto se han emancipado. La Palma de Condado y Palos de la Frontera están fuera desde el primer momento de un Pacto al que los populares, de forma general, se adherieron a regañadientes en 2011. El acuerdo, no obstante, había nacido del resto de fuerzas políticas en febrero de 2009.
El presidente del PP de Huelva y al alcalde de Lepe, Manuel Andrés González, niega que haya una estrategia y se limita a argumentar sobre su municipio, que dio un portazo a Giahsa en 2010 y después, en 2011, firmó un pacto de no agresión al sumarse al Pacto sin participar de la Mancomunidad. “MAS nos llevó a los tribunales y los jueces nos dieron la razón. La operación fue fiscalizada y no hubo vía de urgencia”, recuerda antes de opinar ante los medios: “Si la Mancomunidad hubiera tenido una estructura fuerte no se habrían producido la salida de los municipios”.
González se refiere a los problemas económicos de Giahsa, cuyos trabajadores han protagonizado distintas movilizaciones. De hecho, el PSOE ha apostado en los últimos meses por externalizar algunos servicios, como la depuración en el Condado y en la Costa, solución entendida en IU como sinónimo de la privatización que protagoniza el PP. Ante los problemas financieros, el coordinador provincial de IU, Pedro Jiménez, aboga por la renuncia temporal de los municipios a cobrar el canon que les corresponde “para garantizar entre todos que se mantenga el carácter público del abastecimiento del agua en la provincia de Huelva”.
Izquierda Unida, por otra parte, maneja datos que cifran en casi 10 millones de euros la deuda de Aqualia con Giahsa por el agua en alta que aún no ha abonado. Los dirigentes de la MAS pretendieron desde 2010 sufragar el canon con un crédito, pero el préstamo nunca llegó a la Mancomunidad y el consenso, en precario desde el primer momento por la divergencias políticas, se ahogó por problema económico.
En cualquier caso, IU, que considera roto desde antes de final de 2012 el Pacto del Agua onubense, insta a la supervivencia de MAS, para lo que solicita depurar responsabilidades legales. El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, de IU, sostiene que “algo no huele bien en este asunto de Giahsa y la Fiscalía tiene que intervenir. ”Hay que poner luz y taquígrafo a un problema que está poniendo en peligro a un servicio público como el del agua en la provincia de Huelva“, afirma Valderas.
