Parlamento aprueba pedir al Gobierno que se permita a ayuntamientos aplicar el superávit ante el Covid-19

También pide la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que la regla de gasto permita a las administraciones públicas abordar la crisis económica y social, así como cumplir los acuerdos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para establecer una colaboración en la recuperación de los sectores económicos y sociales.

Estos son los puntos recogidos en una proposición no de ley (PNL) defendida por Cs, cuyo portavoz parlamentario adjunto, Fran Carrillo, ha apelado “al papel fundamental de los ayuntamientos en la toma de medidas para la contención contra la pandemia, en las fases de desescalada del confinamiento y para la recuperación económica y atención de las necesidades de carácter social”,

Así, ha subrayado que los municipios son los que se encuentran en “la primera línea”, y en este sentido ha asegurado que “han sufrido esta crisis incluso más que otras administraciones al disponer de menos recursos”. Por ello, según ha continuado, “desde el Gobierno andaluz de Ciudadanos les hemos apoyado, adelantando más de 51 millones de euros del fondo social, porque las ayudas del Gobierno de Pedro Sánchez no llegaban”, según ha apostillado.

Carrillo ha señalado que Ciudadanos exigirá que “ese superávit se quede en los ayuntamientos y que no se lo arrebate el Gobierno central”. “Queremos que las corporaciones locales puedan hacer uso de su superávit para ayudar a la economía local, tanto de las familias como de las empresas, flexibilizando la legislación actual”, ha insistido.

Por último, el parlamentario de Cs ha remarcado las dos premisas de su partido durante esta crisis, que son “salvar el mayor número de vidas y de empleos posibles”, según ha sostenido, y ha asegurado que Ciudadanos es “consciente del fuerte impacto que ha tenido la crisis del Covid-19 en la economía de muchas familias”, por lo que “tan importante es salir de esta crisis como la forma en la que se hace”, según ha concluido.

PSOE-A: “BIENVENIDOS A ESTA DEMANDA”

Para posicionar al PSOE-A, su parlamentario José Luis Ruiz Espejo ha recordado que fue el PP “el que encorsetó” a los ayuntamientos con la Ley de Estabilidad frente a la petición del PSOE de “flexibilizarlo”, de ahí que les dé la bienvenida en esta demanda. Así, ha pedido que las comunidades también pongan a disposición de los ayuntamientos los recursos disponibles para hacer frente a la pandemia, además del Gobierno central.

En nombre del PP-A, el diputado Bruno García ha señalado “las tragedias sociales” que deja esta crisis sanitaria y ha reconocido el “papel protagonista” de los ayuntamientos para hacer frente a la pandemia del coronavirus por ser “la más cercana y la más vulnerable al tener menos recursos y herramientas”. Así, ha señalado “el ataque” del Gobierno central a los municipios por quedarse con sus ahorros y por beneficiar más a los del País Vasco y Navarra que a los andaluces.

“Los ayuntamientos han ahorrado por el esfuerzo de sus ciudadanos y quieren el cien por cien de sus recursos para luchar contra el coronavirus”, ha señalado, mientras que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo quiere gestionar ella porque el Estado “lo necesita” y además “privilegiando al País Vasco y Navarra”.

El diputado de Adelante Andalucía Guzmán Ahumada ha indicado que bienvenido Cs a la defensa del municipalismo, aunque hay que dudar de ese “giro repentino” porque parece que más bien responde a la “confrontación” y a seguir aumentando la “incertidumbre y el malestar generalizado”. Ha reprochado a Cs que no reconozca que se ha permitido que los ayuntamientos puedan ejecutar un 20 por ciento de ese superávit para gasto corriente y contratar a personal.

El parlamentario de Vox Rodrigo Alonso ha denunciado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, exconsejera andaluza del ramo, la que ahora niega el pago del IVA de 2017 a Andalucía, al tiempo que pretende un “trilerismo” con el reparto de los 16.000 millones del plan de contingencia anunciado para las comunidades. Ha opinado que, probablemente, Montero sea el cargo político que pase a la historia como el que “más daño” ha hecho a Andalucía.

Ha mostrado su preocupación por que ahora el Ejecutivo nacional pretenda “expropiar” el superávit generado por los ayuntamientos en el año 2019, es decir, “se castiga al que cumple”, con el objetivo de “pagar el peaje que le debe a sus socios políticos de gobierno y a los que lo sustentan, los filoetarras y los independentistas”.